El papa Francisco dispuso que la monja Luisa Toledo deje de ser superiora del convento de las Carmelitas Descalzas de la localidad entrerriana de Nogoyá a raíz de la causa por maltratos, torturas y privación ilegítima de la libertad contra religiosas de esa orden.
La decisión fue transmitida a través de una comunicación formal del Vaticano al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y tiene que ver con los avances de la Justicia de Nogoyá, adonde se sigue una causa que se abrió el 25 de agosto, tras la denuncia de dos excarmelitas, que denunciaron torturas y privación de la libertad.
La medida se adoptó a raíz de que el fiscal Federico Uriburu imputó a Toledo por el delito de privación ilegítima de la libertad de monjas de esa congregación y tras constatarse el manejo "autoritario" de la disciplina interna del convento por parte de la religiosa.
Por ello, el pontífice ordenó que Toledo abandone el cargo de superiora de la casa religiosa de Entre Ríos.
En septiembre, Toledo había sido desplazada de su cargo en el convento en el marco de las medidas judiciales adoptadas "para garantizar la transparencia" de la investigación.
La orden religiosa dispuso, por su parte, el traslado de Toledo al convento que las Carmelitas Descalzas tienen en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco.
"La madre dejó de ser superiora del monasterio, y ahora para mayor cuidado de su salud, está en una casa religiosa en la provincia de Chaco", indicó Puiggari.
En tanto, el fiscal Uriburu avanzó en la investigación, indagó a Toledo y tomó declaración testimonial a ex monjas del convento que confirmaron que eran sometidas a "tortura psicológica, castigo físico, encierro y duras reprimendas por parte de la madre superiora".
El 25 de agosto Uriburu estuvo al frente del allanamiento al convento de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo, de Nogoyá, y tras el procedimiento dijo que en el lugar se encontraron "elementos de tortura y autoflagelación como látigos y cilicios".
El allanamiento al convento se realizó por orden del juez de Garantías Gustavo Acosta, tras una denuncia sobre privación ilegítima de la libertad agravada, castigos intramuros, desnutrición, autoflagelación y el uso del látigo, cilicio y mordazas, entre otros elementos.
El fiscal dijo entonces que la madre superiora se resistió al operativo, por lo que funcionarios judiciales y policías debieron forzar la puerta de ingreso al convento. El modo en que se realizó el procedimiento judicial en el convento de Nogoyá fue cuestionado en un comunicado por la Conferencia Episcopal Argentina, que reclamó respeto por "la libertad
religiosa".
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