El Senado sancionó la ley de inocencia fiscal y se elevan los desfasados umbrales por evasión

Tras la luz verde del Presupuesto 2026, el Senado sancionó durante la noche del viernes la ley de inocencia fiscal, que activará modificaciones en el Régimen Penal Tributario, entre otras cuestiones, para elevar los desfasados umbrales de evasión y, si se puede, fomentar la reincorporación de “dólares del colchón”. El proyecto, que obtuvo 43 votos a favor -26 en contra-, no tuvo grandes objeciones en el recinto de la Cámara alta, aunque el Ejecutivo se comprometió a reforzar un concepto sobre multas automáticas para evitar problemas en pequeñas y medianas empresas.

Algunos puntos de la iniciativa en cuestión imponen la actualización de la evasión simple -de dos a seis años de prisión-, que pasará de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, la agravada -de tres años y seis meses a nueve años de cárcel- saltará de $15.000.000 a $1.000.000.000. Para el último caso, si “hubieren intervenido persona o personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o se hubieren utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y/o jurisdicciones no cooperantes, para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado”, el “monto evadido” tendrá que superar los $200.000.000, y no los $2.000.000 vigentes.

Similar caso caerá para el uso “total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare” $100.000.000 en vez del $1.500.000 actual.

En tanto, la oposición reclamó por las multas automáticas previstas, las cuales experimentarían un incremento superior a 110.000%. Es que, según explicaron tributaristas en las últimas semanas, a modo de ejemplo, la penalidad establecida en el artículo 38, que hoy es de $200 para personas físicas, ascendería a $220.000. Para las jurídicas, la sanción pasaría de $400 a $440.000. Ahí es donde el Ejecutivo prometió una solución cuando se reglamente la ley.

La Ley de Principio de Inocencia Fiscal fue elaborada por un equipo integrado por Santiago Caputo, asesor presidencial; Juan Pazo, ex titular de ARCA; Maria Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Nación; Luis Caputo, ministro de Economía; y Silvina Rivarola, directora del BCRA.

Entre las motivaciones centrales del texto, sus impulsores señalaron la necesidad de que los ciudadanos puedan disponer sin restricciones de sus ahorros, buscando restablecer la confianza para ingresar dólares al sistema y garantizar protección frente a eventuales acciones de futuras administraciones. En las semanas previas, el proceso incluyó consultas con especialistas en materia tributaria, penal y prevención del lavado de activos. El resultado fue un proyecto que, según la intención de sus redactores, restablece el principio de inocencia para los ahorristas.

“Esta modificación al régimen penal tributario no pretende ser una ley ‘ad eternum’. La inflación nos ha producido un desbarajuste que nos lleva a un sistema anacrónico, que deja desactualizado los umbrales”, afirmó el senador libertario y titular de la comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Pagotto habló de un “sistema de asimetrías” que lesiona “a casi todos contribuyentes”, y que genera “discrepancias entre declaraciones juradas y lo que el órgano recaudador presume que está mal”. Tampoco olvidó que el tema intentó ser debatido en el Senado a través de otra ley y la oposición dejó sin quorum, en reiteradas ocasiones, las convocatoria realizadas por el riojano. En Diputados, el avance tuvo un empuje clave desde la comisión de Legislación Penal, que preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Córdoba).

“Al pequeño contribuyente, a las pequeñas y medianas empresas, no sólo no las ayuda, sino que les tira un poco más de tierra para que se hundan en el barro”, lanzó el cristinista Martín Soria, que sumó cartón lleno al cruzarse con la radical Carolina Losada. Hasta pidió una cuestión de privilegio contra la santafecina, que logró su cometido tras no emitir sonido durante la discusión del Presupuesto 2026.

“Este proyecto tiene un correcto cambio de perspectiva con respecto al contribuyente. Se va a optimizar la asignación de recursos de fiscalización”, aportó la macrista Andrea Cristina (Chubut), mientras que el peronista Adán Bahl (Entre Ríos) advirtió sobre “situaciones conflictivas desde lo judicial e impositivo”. Intentó, sin éxito, una moción para que el articulado regrese a comisión. Antes de él

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad (Buenos Aires) avaló el texto, aunque aclaró que “no es lo mismo un gran empresario que un almacenero”. En ese sentido, agradeció a -la líder oficialista del Senado- Patricia Bullrich por la recepción de observaciones y las promesas de Economía para saldar asuntos pendientes en la reglamentación de la ley.

“¿Desde cuándo la reglamentación corrige una ley? ¿Para qué hay que apurarse?“, lamentó el peronista puntano Fernando Salino, de Convicción Federal. “Estamos entregando las provincias nuestra facultad fijar prescripción”, alertó.

Bullrich no tardó en responder. “Hay una lógica que no tiene nada que ver con ser una ley recaudatoria. Lo que se permite es que las personas puedan utilizar su dinero sin tener una ‘espada de Damocles’ sobre su cabeza”, manifestó la porteña. Habló de “poner fin a la persecución” para “trabajar en paz”. Y remató con un dato contundente: la normativa original es de 1932 y se actualizó, por última vez, en 1998.