Guatemala: interpelación al ministro de Desarrollo se extiende por falta de quórum en el Congreso

El proceso de interpelación al ministro de Desarrollo Social de Guatemala, Abelardo Pinto Moscoso, ha sufrido una paralización prolongada que evidencia la transformación de este mecanismo constitucional en un instrumento político, de acuerdo con diputados de varias bancadas citados.

Este procedimiento, activado formalmente en noviembre de 2025, continúa sin resolución y se reanudará recién el 1 de agosto, tras haberse cerrado el primer periodo de sesiones ordinarias por falta de quórum, cuando el presidente del Congreso, Luis Contreras, suspendió la última sesión con apenas 15 minutos.

El ministro Pinto en declaraciones a medios locales ha manifestado que ha dedicado al rededor de 581 días y ha comparecido en 59 ocasiones ante el Legislativo desde el primer intento de interpelación.

El funcionario ha reconocido públicamente que el proceso consume cada semana aproximadamente el 20% de su tiempo laboral, lo que repercute en la operación diaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Cada jueves, la institución detiene parte de sus funciones para responder a las demandas informativas de los diputados, a pesar de que la dinámica de las sesiones se ve bloqueada reiteradamente por la ausencia de los 81 congresistas que exige la Ley Orgánica del Organismo Legislativo para mantener el quórum.

La actual interpelación se inició formalmente el 13 de noviembre de 2025, aunque fue solicitada originalmente por la diputada Lourdes Teresita de León Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el 28 de enero del mismo año. La acumulación de otras solicitudes pendientes postergó el inicio hasta la sesión ordinaria número cuarenta y cinco.

En el primer encuentro, el ministro Pinto respondió a 15 de las 20 preguntas básicas formuladas; el avance se detuvo por falta de quórum y quedaron cinco cuestiones pendientes hasta el 22 de enero de 2026, cuando comenzó la fase de preguntas adicionales, que sigue inconclusa.

En esta etapa, la diputada oficialista Victoria Godoy Palala lidera los nuevos cuestionamientos al ministro, quien ha aprovechado el espacio para detallar los avances del Mides. Previamente, la diputada Nadia de León, del partido Nosotros, concentró su intervención en las denuncias de despidos, presunta persecución sindical y los costos operativos del Registro Social de Hogares.

De León resaltó: “El programa de entrevistas alcanzó 309.000 hogares” mediante un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por un monto de Q57 millones. También preguntó por el programa de Comedores Sociales, que creció de 90 a 110 unidades entre 2024 y 2026, aunque el ministro no precisó el incremento presupuestario correspondiente.

Las demoras y bloqueos en la interpelación han provocado cuestionamientos desde distintas bancadas. Sonia Gutiérrez, diputada del partido Winaq, sostuvo que el proceso “ha sido tergiversado”.

Declaró: “No hay quórum para hacer la interpelación y cuando uno ve las preguntas que hacen los diputados interpelantes, son informaciones que fácilmente pueden ser consultadas en la página web del Congreso”.

Según Gutiérrez, la figura constitucional se ha desvirtuado y ahora opera más como “una obstrucción o un bloqueo al ejercicio de la labor parlamentaria y más bien un mecanismo de presión y hasta de chantaje”.

El uso estratégico de la interpelación como mecanismo de presión política

La diputada Lucrecia Marroquín, de la bancada Unionista, adoptó una postura severa. Señaló que la práctica sobrepasó su propósito original y que las sesiones se han convertido en eventos estériles.

“La interpelación es un derecho que tiene todo diputado, pero no puede ser. Yo en la legislatura pasada le puse el mote del jueves de mentiritas”, afirmó Marroquín, aludiendo a las plenarias a las que la mayoría de parlamentarios no asiste.

Según su visión, una interpelación no debería extenderse más allá de una o dos sesiones, y que el alargamiento del mecanismo obedece a intereses particulares más que a la función fiscalizadora.

Durante todo el proceso, los intentos de modificar la dinámica han fracasado ante la negativa parlamentaria a limitar este derecho. Marroquín enfatizó: “Se ha tratado, pero realmente esto es un derecho del diputado y es el diputado el que también la debe retirar”.

La Constitución Política de Guatemala, en su artículo 166, consagra la interpelación como herramienta del Congreso para el control político del Ejecutivo. Obliga a los ministros a comparecer y contestar los cuestionamientos.

Si al término del proceso el pleno aprueba —por mayoría absoluta— un voto de falta de confianza, el funcionario debe presentar su renuncia o puede ser removido de su cargo. Mientras dura el proceso, el ministro queda sujeto a medida de arraigo y no puede salir del país.

Al menos ocho diputados esperan turno para participar en la interpelación al ministro Pinto, lo que anticipa una duración todavía mayor del procedimiento.