El Gobierno creó el Registro Nacional de Antecedentes de Conducta de las Fuerzas Policiales y de Seguridad

En medio del proceso de transformación que el Gobierno nacional anunció para las fuerzas policiales y de seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó el Registro Nacional de Antecedentes de Conducta de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (RE.N.A.C), con el objetivo de elevar los requisitos en cuestión de transparencia, integridad y ética para los ciudadanos que formen o aspiren a formar parte de alguno de los organismos pertenecientes a la cartera.

El nuevo registro, que formará parte del módulo denominado como “Registro Legajo Multipropósito (RLM)” del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad de la Unidad de Gabinete de Asesores del ministerio, fue oficializado por la ministra Patricia Bullrich por medio de la publicación de la Resolución 12/2025 en el Boletín Oficial.

El RE.N.A.C funcionará para mantener un control de todas las sanciones de baja, cesantía, exoneración, destitución o cualquier otro tipo de medida por motivo de conducta que le hubiera derivado en la exclusión de un agente perteneciente a una fuerza policial o de seguridad en los últimos diez años. Una vez que los efectivos que tuvieran sumarios en su contra fueran identificados, los mismos serán dados de baja por no cumplir con los nuevos estándares impuestos.

De la misma manera, las autoridades remarcaron que no solo serán incluidos los miembros de las fuerzas federales, sino que también se tendrán en cuenta las sanciones que pudieran haber cumplido los cadetes, aspirantes o estudiantes candidatos durante su etapa de formación inicial.

Por este motivo, se determinó que el registro sea conformado con los siguientes datos de los oficiales adheridos o aspirantes a ingresar a una fuerza policial o de seguridad: nombre y apellido; documento nacional de identidad (DNI); CUIT; y número de legajo o matrícula. Además, se asentará la fuerza a la que pertenece o aspira pertenecer; último destino dentro de la fuerza; tipo de sanción expulsiva; motivo de la sanción; y número del acto administrativo, fecha, copia, transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo y observaciones.

Según explicó la resolución, la información que será volcada en el RE.N.A.C será de carácter reservado, por lo que solo podrá acceder el personal de la Administración Pública Nacional, provincial, municipal, de CABA, del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de todas las jurisdicciones disponibles.

No obstante, el RE.N.A.C no solo se sumará como una nueva herramienta de control, sino que modificará el proceso de ingreso para los ciudadanos que aspiren a formar parte de alguna de las fuerzas, entre ellas, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), ya que será obligatorio que constatar que estos no hayan sido incluidos en la lista previo a ser admitidos y/o designados.

La base de datos fue creada para reemplazar el Registro Nacional de Sanciones Expulsivas y de Inhabilitación del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (RE.NA.SEI), el cual fue puesto en funcionamiento desde 2019 por la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad de la Unidad de Coordinación General, con la finalidad de garantizar la transparencia e integridad en las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La principal diferencia entre ambos se centra en la inclusión de los aspirantes y estudiantes en formación, debido a que se pretendería reforzar los niveles de transparencia, integridad y ética de los agentes que serán incluidos en cualquiera de las fuerzas policiales o de seguridad. “Resulta fundamental la aplicación de políticas de transparencia desde la etapa de ingreso en las respectivas escuelas o institutos de reclutamiento y formación”, destacaron al hacer referencia a la posibilidad de que existieran posibles actos de corrupción involucrados.

Por esta razón, la ministra consideró esencial “unificar, clasificar, verificar, coordinar y comunicar la información que hoy se encuentra registrada en cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, tanto federales como provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con la baja de sus recursos humanos por motivos de faltas a la ética, integridad y transparencia”.

Finalmente, Bullrich ordenó que las autoridades de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el director del Servicio Penitenciario Federal fueran instruidos para cargar los datos de los miembros de cada fuerza que posean algún tipo de las sanciones previamente enumeradas.