Gerardo Morales les propuso a los pueblos indígenas de Jujuy que elaboren una ley que regule el uso de la tierra

Luego de mas de tres semanas de cortes de ruta, protestas con consecuencias trágicas, detenidos y causas penales abiertas, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, envió una señal a las comunidades que rechazan la reforma constitucional que él impulsó, en busca de distender la caldeada situación en la provincia del norte argentino.

Según comunicó el gobierno local, el lunes 10 de julio, durante casi 7 horas, el mandatario provincial y compañero de Horacio Rodríguez Larreta en la fórmula presidencial que competirá en las elecciones primarias de Juntos por el Cambio, estuvo reunido con integrantes de 69 comunidades indígenas de Jujuy, la mayoría pertenecientes al pueblo Guaraní. Allí les ofreció que redacten ellos mismos, con la participación del 100% de las comunidades locales, una ley que deberá regular los principios generales que introdujo la reforma de la Constitución respecto de la posesión de la tierra en la provincia y los recursos naturales - como el litio - que hay en ellas.

La propuesta de Morales es abierta y busca invitar a todos pero fundamentalmente apunta a persuadir a los comuneros que mantienen alrededor de 20 cortes de ruta diarios en distintos puntos de la provincia.

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El gobierno jujeño admitió que hasta el momento sólo dialoga con una parte de las comunidades. Según las cifras oficiales, hay 274 pueblos indígenas reconocidos con personería jurídica y otros 30 con el trámite iniciado para tal fin. Los comuneros, sin embargo, afirman que son alrededor de 400 los pueblos originarios de Jujuy.

Morales solicitó que la propuesta incluya a todos para el armado de un borrador que sea discutido en la Legislatura de Jujuy. Les planteó, además, que incluyan en la norma un mecanismo ágil para reconocer y entregar tierras comunitarias para la producción.

El gobierno de Jujuy sostiene que la reforma de la Constitución no introdujo ningún elemento que afecte la posesión de las tierras y asegura que las comunidades fueron influenciadas por sectores políticos, y acusa al kirchnerismo y a la Izquierda por esto.

Los comuneros, por su parte, aseguran que por acción u omisión, el articulado de la reforma le otorga facultades al Poder Ejecutivo local y los exime de derechos. Esto es lo que debería regular taxativamente la ley que propuso Morales.

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“No vamos a dar los nombres de los comuneros, ni tampoco específicamente de qué comunidades se tratan, porque hay mucho miedo, están amenazadas, ya que hay mucha gente violenta en los cortes”, dijo Morales en un comunicado oficial. Tal afirmación refleja el contexto que se vive en la provincia, con resquemores mutuos entre el gobierno y los pueblos indígenas.

De fondo se encuentra la discusión por la redistribución de las riquezas que genera la producción de litio en la provincia, que tiene dos proyectos de multinacionales en producción, con volúmenes anuales que superan las 15 toneladas de carbonato de litio.

En ese marco, referentes de las comunidades - que también pidieron reserva ante la consulta de Infobae -, señalaron al menos dos artículos de la reforma de la carta magna jujeña que les generan desconfianza. Son los siguientes:

Artículo 94, inciso 2: La ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la Provincia.

Allí, parte de las comunidades entienden que, por omisión, el gobierno crea un marco que los deja afuera de cualquier oportunidad de explotación de recursos naturales. Indican que la mayoría de los pueblos carece de títulos de propiedad de los terrenos que ocupan. Entienden, en consecuencia, que el gobierno podría designar como tierras fiscales los lugares en donde habitan y avanzar en proyectos de exploración de minerales.

La respuesta oficial, en contrapartida, es que no existe un sólo antecedente en el que el gobierno local haya avanzado en proyecto económico alguno sin consultar ni consensuar con los habitantes. El ejemplo que ponen los funcionarios de Jujuy es el del acuerdo que celebró con la comunidad de Puesto Sey para la instalación del Parque Solar Cauchari, que les deja cifras anuales millonarias, en dólares, por el uso de su suelo para esta explotación.

Otro artículo señalado desde las comunidades refiere al uso del agua:

Art. 95 inciso 2: Todos los asuntos relacionados con el uso de aguas superficiales o subterráneas estarán bajo la responsabilidad de un organismo autónomo y descentralizado, cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo. Su organización, composición, atribuciones y deberes serán establecidos por ley

En este caso, las comunidades expresaron desconfianza por la posibilidad de que se cree un organismo burocrático en el que ellos no tengan representación. Allí la respuesta del gobierno apunta a que será la legislación futura la que deberá regular este principio que introduce la nueva Constitución.

Se trata de dos casos puntuales - aunque no los únicos - en los que las comunidades advierten un avance no consensuado de la nueva Constitución sobre los terrenos que ocupan tradicionalmente.

La respuesta oficial

La ministra de Desarrollo Humano de Jujuy, Alejandra Martínez, fue parte de la reunión en la que el gobernador Gerardo Morales puso sobre la mesa la creación de ley que destrabe el punto muerto en el que entraron las protestas. Allí defendió la gestión local y subrayó que no hay antecedentes en los que la provincia haya avanzado de forma inconsulta sobre los intereses de los pueblos originarios jujeños. “Ningún otro gobernador visitó tanto y les dio tanta visibilidad a las comunidades”, sostuvo en diálogo con Infobae.

Además, denunció que hay presiones por parte de organizaciones sociales que administran planes Potenciar Trabajo para que los beneficiarios que se encuentran entre sus filas asistan a los cortes. “Jujuy recibe alrededor de 53 mil planes Potenciar Trabajo, 10 mil los administra la provincia y el resto son manejados por organizaciones afines al gobierno nacional que presionan a la gente para agitar los cortes de ruta”, dijo Martínez.

Si bien la ministra jujeña evitó precisar qué organizaciones están implicadas en su denuncia, afirmó que puso en conocimiento de esto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Las protestas en la provincia se sostienen desde hace 24 días, cuando se aprobó la reforma de la Constitución. Desde entonces se produjeron incidentes que terminaron con 89 personas detenidas y luego liberadas, con una imputación penal en su contra.

En las últimas horas, una mujer de 66 años se descompensó y murió en uno de los cortes de ruta apostados en la localidad de Abra Pampa, en la región de la puna.

El turismo, en tanto, ha sufrido pérdidas millonarias que afectaron a los comerciantes y trabajadores que viven de esa actividad, que reúnen a 25 mil personas, según cifras de la provincia.

Esa es la situación que Morales busca destrabar con la propuesta que presentó ante las comunidades que rechazan la nueva Constitución.

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