Escala la pelea entre la UBA y el narcotraficante más poderoso del país: la universidad denunció maniobras ilegales

La Universidad de Buenos Aires denunció ante el Tribunal Criminal en lo Federal Número 2 de La Plata la tala ilegal y deforestación en los campos de 28.000 hectáreas que le pertenecían al narcotraficante Reinaldo Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”. Las tierras, ubicadas en Salta y que lindan a lo largo de 15 kilómetros con la frontera boliviana eran utilizadas, según dos causas judiciales, como “paso ilegal” para el tráfico de unos 4.000 kilos de cocaína por mes que tendrían a Europa como destino final.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, decomisó esos campos bajo la figura de “recuperación de activos en casos de corrupción” y presunto “lavado de dinero” al presumirse que los bienes fueron adquiridos a través del lavado de activos.

En ese marco, la justicia decidió que las dos fincas narco, “El Aybal” y “El Pajeal”, fuesen administradas por la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (SAU). El apoderado de la SAU, Adolfo Reichemberg, fue quien hizo la presentación judicial el miércoles pasado. Allí se denuncia la instalación de campamentos con obreros para realizar la tala clandestina y el traslado de la madera en camiones. Se sospecha que detrás de esas maniobras se esconden intereses espurios para reactivar los “cruces fronterizos secos”.

“Por encima de Delfín Castedo hay intereses más poderosos de este lado y del otro de la frontera. Orán es la Sinaloa Argentina, está tomada por el narcotráfico. La gente vive con miedo. Allí está enquistada una verdadera mafia, un entramado corrupto entre lo público y lo privado”, opina ante Infobae un funcionario judicial que investigó a la organización narco criminal. Y destaca: “Todos hablan del narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero la droga, a Rosario, llega de Salta”.

Las 28.000 hectáreas en disputa y que la familia Casteo intenta recuperar son consideradas como de “oro” por los narcotraficantes, no por su valor comercial, sino por la ubicación estratégica: la selva que cubre ese suelo y la escasa accesibilidad al lugar hace prácticamente invisible los pasos clandestinos que en su momento abrió Delfín Castedo y que dividían a los dos países con una tranquera.

Otro narco hermano preso

En las últimas horas, el apellido Castedo volvió a tener protagonismo en la justicia federal. El jueves pasado, efectivos Gendarmería Nacional desmantelaron en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, a una supuesta organización narco que operaba en distintos puntos del país. Durante los allanamientos, descubrieron 175 kilos de cocaína oculta en el doble fondo de una camioneta. En los operativos fueron detenidas siete personas, entre ellos Rodolfo Darío Castedo, hermano menor de Delfín, el “Patrón del Norte”. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) señaló a Reinaldo Delfín Castedo de ser el hombre detrás de la tonelada de cocaína del caso Carbón Blanco. Los panes de cocaína de alta pureza encontrada en ese operativo tenían impresa la silueta de un delfín.

Carbón Blanco es la mega causa de narcotráfico más importante de los últimos tiempos, en la cual se incautaron más de mil kilos de clorhidrato de cocaína que tenían como destino Portugal.

En septiembre de 2015, el Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Ramón Luis González y Aldo Alurralde, condenó a Carlos Salvatore a 21 años de prisión por asociación ilícita y contrabando doblemente agravado, y a Patricio Gorosito a 19 años de reclusión. El resto de los integrantes de la organización recibieron penas menores. Según la PROCUNAR, esa droga habría sido traficada a través de los campos de Delfín Castedo.

Diez denuncias y ninguna solución

Este es el marco que encuadra la denuncia de la UBA y la insistencia de los abogados del “Patrón del Norte” por recuperar las “tierras fronterizas de oro”.

La del 15 de junio pasado no es la primera vez que la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires le exige a las autoridades salteñas, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Alejandro Aldazábal, dar “real contención a las actividades de tala ilegal en las fincas”, realizar las investigaciones correspondientes, solicitar que Gendarmería patrulle los predios y hasta desmontar una franja selvática lindante con Bolivia para exponer el cruce clandestino de los traficantes.

Según el expediente judicial, lejos de eso, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta sancionó a la UBA cada vez que sus autoridades expusieron la tala ilegal y recabaron pruebas, como las fotos que ilustran esta nota. La UBA ya realizó diez descargos sobre lo que ocurre dentro de las fincas narco, pero los funcionarios salteños terminaron denunciándolos a ellos.

“O en la secretaría que conduce Aldazábal son ingenuos o cómplices de esta situación. A quién se le ocurre que la UBA, que tiene como misión administrar y explotar esos campos va a realizar una tala ilegal y después denunciarlo”, le dice a Infobae una autoridad de la UBA muy molesta con la situación. Y abunda: “La administradora se cansó de pedirle a Gendarmería y a la provincia de Salta que patrullen el lugar ante la posibilidad que se esté realizando contrabando de cualquier tipo de mercadería entre Argentina y Bolivia, desde cereales a droga, pero todos miran para un costado. ¿No habrá detrás de esta maniobras de tala ilegal y el intento de recuperar las tierras de la familia Castedo intereses políticos para que las tierras vuelvan a manos narcos?”.

Delfín Castedo y su hermano Raúl no solo son juzgados por dos tribunales orales federales -uno en Salta y otro en la provincia de Buenos Aires- por los presuntos delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos producto del narcotráfico. La justicia penal salteña también los investiga por ser los presuntos autores intelectuales del cruel asesinato de Liliana Ledesma, una vendedora de huevos en Salvador Mazza.

El 18 de septiembre de 2006 la mujer aseguró que Reinaldo Delfín y Raúl Castedo, junto al entonces diputado -ahora fallecido- José Ernesto Aparicio, habían “cerrado un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia para utilizarlo para traficar drogas”.

Tres días después, el 21 de septiembre, la mujer fue asesinada de siete puñaladas. El violento homicidio fue considerado como un mensaje mafioso. Su cuerpo apareció tendido sobre la precaria pasarela de madera del Sector 5 de Salvador Mazza o “Pocitos”, a muy pocos metros de Yacuiba, la ciudad espejo en Bolivia.

El homicidio fue un golpe para la estructura criminal. Delfín Castedo se fugó y fue detenido diez años después en el conurbano bonaerense. Permaneces preso en el penal de Ezeiza a la espera de la resolución de los jueces que lo juzgan tanto en la provincia de Buenos Aires como en Salta.