El gobierno de Chile, a través del subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, admitió que desconoce el paradero del líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Fracundo Jones Huala, quien debe regresar a prisión luego del fallo de la Corte Suprema de ese país que revocó la libertad condicional que se le había otorgado.
“Está prófugo de la Justicia”, admitió el funcionario de la administración del presidente Sebastián Piñera. Jones Huala fue liberado el 21 de enero pasado, luego de acceder al beneficio de libertad condicional otorgado por el Tribunal de Apelaciones de Temuco que evaluó, entre otros aspectos, la “buena conducta” del recluso.
Tras su liberación, inició los trámites diplomáticos para regresar a la Argentina aunque el gobierno chileno apeló la decisión al asegurar que debía cumplir la condena en ese país.
Desde su liberación, aseguró que residiría en una comunidad mapuche de Temuco debido a que debía presentarse regularmente ante la Justicia para certificar su domicilio, tal como estaba establecido en el documento por el que logró la libertad condicional.
Karina Riquelme, una de las abogadas que representó a Jones Huala hasta el 9 de febrero –cuando el dirigente mapuche le pidió que dejara de asesorarlo legalmente– confirmó que cumplió con esa exigencia.
En comunicación con Infobae, Riquelme aseguró que Jones Huala permaneció en Temuco y se presentó ante la Justicia, tal como estaba establecido.
No obstante, por pedido del recluso, Riquelme ya no lo asesora legalmente. “Aclaración: Facundo Jones Huala me solicitó que dejara su defensa el 9 de Febrero, presenté mi renuncia al recurso de amparo que estaba en la corte y notifique a la defensoría penal pública de la situación para que pudiera proteger sus derechos quienes alegaron en la C. Suprema”, publicó en la redes sociales.
Desde ese momento el líder de la RAM contó con asistencia oficial.
El dirigente mapuche fue condenado a 9 años de prisión por ser el autor de los delitos de incendio y portación ilegal de arma de fuego ocurrido en el fundo Pisu Pisué, en diciembre de 2016.
En relación a las declaraciones del funcionario trasandino, Isabel Huala, madre del líder de la RAM, aseguró no estar al tanto de las novedades del vecino país: “No estuve en contacto con nadie, no puedo decir nada” dijo.
El subsecretario de Interior de Chile dijo que “nos queda encontrarlo, ponerlo donde corresponde que es privado de libertad, para que cumpla su condena en nuestro país y ahora está prófugo de la Justicia”.
Además, valoró el fallo de la Corte Suprema que hizo lugar a la apelación presentada por el Ministerio del Interior. “Él está condenado en nuestro país por haber sacado a una familia con niños a través del uso de armas de fuego y luego haber quemado una vivienda en nuestro país”, sostuvo.
En declaraciones a la radio Bio Bio de Chile, el delegado presidencial en la región de Los Ríos, César Asenjo, dijo que “es imperativo que quienes participen de hechos tan graves como el ocurrido en Pisu Pisué en Río Bueno, paguen con cárcel”.
“Es lo que esperamos de cada uno de los hechos ocurridos en nuestra región, ya que estos actos terroristas no solo buscan afectar a quienes han sido atacados, sino infundir miedo e inseguridad en nuestros vecinos”, enfatizó.
Finalmente agregó que “este fallo es un importante antecedente que nos invita a confiar en la Justicia y todas las instituciones que trabajan por la paz de nuestro país”, apuntó la autoridad.
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