En una entrevista en Infobae al Regreso, Maximiliano Ferraro advirtió que el Gobierno “se puso al margen de la Constitución” al desconocer la Ley de Financiamiento Universitario y anticipó que la Corte Suprema deberá intervenir por el conflicto de poderes generado tras la marcha universitaria.
Durante su paso por el estudio, Ferraro sostuvo que el Ejecutivo “decidió no gestionar lo que vinieron a destruir”, y cuestionó la manipulación de datos oficiales sobre recursos universitarios.
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El Congreso, la Corte y el conflicto de poderes por la universidad pública
Ferraro subrayó que el conflicto por el financiamiento universitario ya no es solo presupuestario, sino que expone una disputa institucional de fondo: “El Gobierno nacional decidió ponerse al margen de la Constitución Nacional, porque es una ley que fue votada en reiteradas oportunidades por el Congreso de la Nación, que a su vez juntó los dos tercios de ambas cámaras para rechazar el veto del propio presidente”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó la urgencia de una definición judicial: “Ahora la Corte, después de los dos fallos favorables que hay en pos del financiamiento universitario, tiene que tomar una decisión rápida para terminar con este claro conflicto de poderes”. Ferraro puntualizó que la estrategia del oficialismo cumple con lo anticipado en campaña: “La Libertad Avanza está llevando al pie de la letra lo que en algún momento nos dijeron: que no iban a gestionar lo que venían a destruir”.
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Al referirse a la multitudinaria marcha federal universitaria, el diputado destacó: “Fuimos a la marcha porque hay que decirlo con todas las letras, lamentablemente el Gobierno decidió ponerse al margen de la ley”. Sostuvo que el Ejecutivo busca “extorsionar” a las universidades y que el desfinanciamiento responde a una política deliberada.
Auditorías universitarias y las contradicciones del oficialismo
El debate sobre auditorías y transparencia fue otro eje de la charla. Ferraro recordó: “¿Quiénes votaron en contra del artículo de auditorías cuando discutimos la Ley de Financiamiento Universitario? El Gobierno”. Explicó que, por ley, es la Auditoría General de la Nación la encargada de controlar a las universidades, no la Sindicatura General de la Nación, porque “las universidades son autónomas”.
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Pese al discurso oficial, Ferraro aseguró que las auditorías “se están haciendo y lo sabe el auditor de La Libertad Avanza del Colegio de Auditores”.
El dirigente mencionó además las contradicciones de varios legisladores aliados al oficialismo. “Previo a la llegada de Javier Milei al Gobierno, muchos de ellos votaron a favor o se abstuvieron en la última creación de universidades nacionales”, recordó, y citó los casos de Pamela Verasay y Lisandro Nieri, ambos egresados de la Universidad Nacional de Cuyo.
El deterioro salarial y la urgencia de un financiamiento constitucional
Ferraro detalló el impacto del ajuste sobre salarios docentes y no docentes: “Hay una pérdida total desde que asumió Milei en el presupuesto universitario de menos del 35%, y en salario docente y no docente se han perdido casi el 50% del poder adquisitivo. Hoy un titular de cátedra está con un sueldo promedio de 390 mil pesos, un ayudante por abajo en 130 mil pesos, y se le adeuda a los hospitales universitarios 80 mil millones”.
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Ferraro cerró su intervención llamando a la Corte Suprema a ratificar la vigencia de la ley y garantizar el financiamiento de la universidad pública, en defensa de la educación como derecho constitucional.
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