Cuatro gobernadores activaron planes de refinanciación de deudas de empleados públicos, por el alto nivel de morosidad

El grado de morosidad de las familias está en niveles históricos. Según informes oficiales recientes, la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 2,94% en febrero de 2025 a 11,2%.

Para enfrentar esta situación, algunos gobernadores lanzaron distintos planes de refinanciación para aliviar la carga sobre los agentes estatales y jubilados. El entrerriano Rogelio Frigerio; el santafesino Maximiliano Pullaro; el correntino Juan Pablo Valdés y el misionero Hugo Passalacqua están en esa lista.

El cordobés Juan Llaryora tiene en mente un esquema similar, pero aún no se ha plasmado. En la provincia mediterránea la deuda de los agentes públicos es, principalmente, con la tarjeta local «Cordobesa». El plástico lo emite el Banco de Córdoba, controlado por el Estado. El mandatario debe pasar por un sendero estrecho: refinanciar las deudas de los estatales sin afectar el equilibrio de la entidad bancaria.

Tasa en baja

Entre Ríos lanzó su propuesta este lunes. El ministro de Economía provincial, Fabián Boleas, indicó que el objetivo es sustituir deudas de alto costo por un único préstamo con condiciones más favorables.

El nuevo esquema permitirá reducir, de forma significativa, la carga mensual, consignó el funcionario.

“Esta gestión que hicimos con el agente financiero (el Banco Entre Ríos) permitirá, en algunos casos, reducir a la mitad esa tasa de interés”, explicó Boleas. Luego, adelantó que se proyecta extender este sistema a los trabajadores privados.

El programa ofrece una tasa nominal anual (TNA) fija del 60%. Los plazos son de hasta 60 meses. Cuenta con un período de gracia de 60 días. Boleas aclaró que no hay costo fiscal para el Estado.

El funcionario destacó que la propuesta se basa en “la evaluación que hacemos del mercado financiero”. Al respecto, destacó que hubo “un descenso de las tasas de interés”.

En la tierra colorada

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que la provincia extenderá el plan de reestructuración de deudas de agentes públicos hasta fines de mayo. El sistema se había lanzado el 19 de marzo.

“En conjunto con el Banco Macro (agente financiero del Estado) prorrogamos hasta el 31 de mayo el programa de refinanciación de deudas con tarjetas de crédito y/o préstamos personales”, indicó el mandatario a través de sus redes sociales.

El esquema incorpora una tasa de interés bonificada. Abarca a trabajadores públicos provinciales y municipales. También jubilados, pensionados y retirados provinciales. La condición es que tengan deuda con más de 31 días de mora al 30 de abril. El sistema misionero no tiene aportes del Estado. Contempla una bonificación de 7 puntos en el interés.

Corrientes Sostiene

En tanto, el gobernador Juan Pablo Valdés echó mano a que el Estado provincial tiene el control del Banco de Corrientes para poner en marcha un sistema más audaz.

El esquema contempla a estatales y privados. Permitirá refinanciar deudas de tarjeta de crédito desde $100.000, en 6 o 12 cuotas fijas, con una tasa especial con reducción de 29 puntos. La medida representa un alivio financiero de $90.000 millones, alcanzando a 89.000 correntinos en toda la provincia.

El sistema refinancia el 80% de los saldos en planes. Hay hasta 12 cuotas fijas. Se utiliza una tasa especial con reducción de 15 puntos.

Se estima que la iniciativa generará un alivio financiero valuado en más de $40 mil millones, beneficiando a más de 1.400 empresas correntinas.

La puesta en marcha de «Corrientes Sostiene» supuso una inversión pública de $130 mil millones.

El Plan de Protección santafesino

Al igual que en Corrientes, el gobierno de Maximiliano Pullaro puso en marcha un sistema para refinanciar los compromisos de trabajadores públicos y privados. La novedad es que incorporó a los autónomos.

El objetivo es aliviar la carga financiera. Además, garantizar en el caso de los estatales que las deducciones no superen el 25 % de los ingresos.

El Gobierno provincial informó que el 33% de los empleados públicos registra descuentos por créditos en sus recibos de haberes. De ese total, unos 12 mil superan el umbral del 25% de afectación salarial. A ellos se suman 7 mil jubilados y cerca de 60 mil trabajadores privados y autónomos en situación similar.

Si las entidades no aceptan estas condiciones, aparece la segunda opción. Allí el Estado provincial podrá intervenir con asistencia financiera a tasa cero para cubrir la diferencia.

Además, se abrió una línea de créditos para consolidación de deudas. Esto permitirá unificar compromisos financieros. El plazo será de hasta 60 meses, con dos de gracia.