Diputados del oficialismo impulsan una ley para que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria

La diputada nacional por Salta Verónica Caliva y su par Juan Carlos Alderete, por la provincia de Buenos Aires, presentaron un proyecto de ley que apunta a que la vacunación contra el COVID-19 sea gratuita y obligatoria a través de la incorporación de la inoculación en el calendario nacional.

Justamente, la iniciativa que impulsan ambos y a la que tuvo acceso Infobae recibe el nombre de “Incorporación de la Vacuna contra el Covid 19 al Calendario Nacional de Vacunación”. “Hay que recordar que en el caso de la educación pública es obligatorio ir a la escuela: es un derecho y eso no atenta contra la libertad de nadie, todo lo contrario”, señaló Caliva en relación a las posturas que plantean que el proyecto de ley afecta las libertades de las personas.

Según publica este miércoles el Monitor Público de Vacunación, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, un total de 93.854.553 dosis fueron distribuídas en el territorio, sobre las cuales se aplicaron 83.336.360: 39.117.750 correspondientes al esquema inicial y 34.186.054, al esquema completo, mientras que 2.956.763 pertenecen a una dosis adicional y 7.075.793 a una dosis de refuerzo. Hasta la actualidad en el país, la vacunación es opcional, pero el proyecto presentado por los diputados del Frente de Todos apunta a un cambio en ese aspecto.

“Incorpórase al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, el esquema completo de vacunación contra el SARS CoV-2 (COVID-19) para todas las personas mayores de dieciocho (18) años que habitan la República Argentina de acuerdo a las prioridades y programas fijados por el Ministerio de Salud de la Nación”, señala en su primer artículo el documento.

A continuación, en un segundo artículo, el texto da precisiones respecto a la obligatoriedad para los menores: “La vacunación contra el SARS CoV-2 (COVID-19) con esquema completo también será obligatoria para los niños y las niñas de entre 3 y 17 años que presenten comorbilidades y/o enfermedades de riesgo debidamente certificadas por personal médico”.

En su fundamentación, el documento se apuntala en la sanción de la Ley N°27.541 (y los posteriores DNU que la prorrogan) a través de la cual se declaró en el país la emergencia sanitaria y en la descripción del escenario actual impacta la variante Ómicron. “Los números de los de los contagios y muertes indican que la pandemia lejos está de haberse terminado”, se lee.

“La Ley N° 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación, le otorga a la vacuna el carácter de herramienta estratégica de salud pública preventiva y al ser altamente efectiva, se la considera como un bien social, sujeta a principios de gratuidad, interés colectivo, disponibilidad y amplia participación, declarándola de interés nacional. El art. 2 de dicha ley, declara la obligatoriedad de las vacunas para los habitantes de nuestro país”, agrega el proyecto de ley.

También asegura que contar con una vacuna “permitirá ir restableciendo en plenitud las actividades económicas y sociales. Para ello necesitamos que toda nuestra población esté vacunada”.

“Contamos con vacunas que han demostrado un extraordinario perfil de seguridad, eficacia y efectividad, habiéndose ya administrado a más del 53% de la población mundial. A su vez, existe un consenso prácticamente unánime a nivel mundial considerando a las vacunas anti SARS-CoV-2 como la herramienta central en el combate frente a la pandemia”, asegura el proyecto impulsado por los diputados nacionales.

En ese sentido, el texto oficial precisa que “con la vacunación masiva y obligatoria para todas las personas, completando los esquemas vigentes, se asegurará una mayor protección para el conjunto de la población”.

La fundamentación también refiere a los casos de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Islandia, España, Italia “y muchos otros, han decidido ya implementar la vacunación obligatoria para amplios sectores de la población, tales como personal de salud y docentes en todos los niveles de enseñanza”.

Tanto el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (a través de la RESCD-2021-06245655), como el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (Res. 2549) recomiendan la incorporación de la vacunación contra el SARS-CoV-2 como vacunación obligatoria para toda la población adulta en Argentina y su inclusión en el calendario de vacunas para adultos así como la intensificación en la campaña de vacunación para menores de edad, según se puede leer en el documento.

“La vacunación obligatoria es un derecho de toda la población para asegurar su Derecho a la Salud que es un deber ineludible del Estado. Desde ya que cuenta con nuestro apoyo incondicional como Decano de la Facultad y de toda nuestra comunidad educativa, quienes consideramos fundamental este proyecto”, señaló a través de una carta y a modo de respaldo Juan Ángel Basualdo Farjat, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.

El proyecto de Ley

“Hay que recordar que en el caso de la educación pública es obligatorio ir a la escuela: es un derecho y eso no atenta contra la libertad de nadie, todo lo contrario”, señaló en diálogo con Infobae la diputada salteña en relación a las posturas que plantean que el proyecto de ley afecta las libertades de las personas. “En el caso de la salud pública es lo mismo. Estamos tratando de que quede establecido y garantizado como un derecho la vacuna contra el COVID-19″, agregó Caliva.

Además, también en relación a las críticas que llegan desde sectores con posturas conocidas como “antivacunas”, Caliva señaló: “Todo lo demás creo que es parte de la violencia a la que un sector de la sociedad lamentablemente toma como modo de hacer política y eso es repudiable. Vengo siendo víctima de insultos y amenazas aberrantes en mis redes sociales por un proyecto que tiene como único espíritu aporta al bienestar de nuestro país”.

“Que se incorpore una vacuna más a nuestro calendario es ampliar derechos”, insistió y señaló que el objetivo también es que “las comunidades más vulneradas puedan adecuar todas las medidas sanitarias con los contextos tan duros que se viven en el interior del país y en las zonas más empobrecidas de las grandes urbes”.

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