El 18 de abril de 2009 el ciudadano panameño Asterio Caballero Ibarra firmó una autorización en su carácter de apoderado de la sociedad Atenea Service S.A. con domicilio en Belice. Esa sociedad a su vez era la persona jurídica que integraba el directorio de la compañía Dalia Ventures LLC. con sede en Delaware, Estados Unidos.
Caballero Ibarra era la cara visible de un sistema de sociedades cáscara creadas en paraísos fiscales para esconder al verdadero dueño del yate Altamar 64 propiedad de la sociedad Dalia Ventures LLC. En aquel trámite Caballero Ibarra, desde la remota Panamá, autorizaba a dos personas a retirar el yate que la sociedad Dalia Ventures LLC había comprado en marzo de 2009 en un astillero argentino por un millón de dólares.
El panameño autorizó a llevarse el yate Capricornio, matrícula DL2153AC, del aserradero Altamar Yacht a dos testaferros de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte del kirchnerismo que está en juicio oral y público por –entre otros- el delito de enriquecimiento ilícito.
La autorización fue extendida a nombre de Manuel Vázquez y Silvano del Carmen Mazzucchelli. Vázquez es considerado el principal testaferro de Jaime. Era quien manejó los negocios oscuros que se hicieron en la secretaría de Transporte durante los primeros seis años de kirchnerismo. Mazzucchelli, a su vez, era un prestanombre de Vázquez que terminó involucrado en varias operaciones bajo investigación judicial. De hecho ambos están siendo enjuiciados como testaferros de Jaime en el proceso iniciado para determinar si el ex funcionario se enriqueció ilícitamente.
En ese juicio se busca precisar cómo fue la evolución patrimonial de Jaime, y entre otras operaciones, se analiza la compra del yate. Para conseguir más información sobre aquella millonaria y sospechosa operación, el Tribunal Oral Federal 6 contactó a Caballero Ibarra quien el 1 de marzo pasado declaró como testigo vía Zoom.
Testificó en la sede del importante estudio de abogados panameño llamado Patton, Moreno & Asvat. Cuando lo interrogaron desde Argentina, Caballero Ibarra dijo trabajar como chofer del estudio de abogados desde hace 15 años: su sueldo es de unos 500 dólares al mes. Que no creía haber hecho algo ilegal. Que nunca supo que había comprado un barco. Que no conocía a quienes autorizó a retirar el yate del aserradero. Que no conocía las sociedades sobre las que le preguntaban desde un remoto tribunal oral federal argentino y que lo único que hacía era firmar los papeles que le daba el abogado Ebrahim Asvat, uno de los socios del estudio. Y que nunca leía lo que le daban para firmar.
El chofer –que se mostró algo confundido mientras declaraba con Joaquín de Obarrio un integrante del estudio de abogados a su lado- admitió haber sido la persona que por orden de su empleador había rubricado decenas de papeles cuyo contenido desconocía por completo. En la base de datos sobre empresas llamada Opencorporates.com el nombre de Asterio Caballero Ibarra aparece relacionado con más de 2000 sociedades afincadas en Panamá: una de ellas fue la usada para esconder al verdadero dueño del yate.
A partir de los dichos de Caballero Ibarra la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, pidió que declarara Asvat. En aquella audiencia convinieron con De Obarrio que Asvat se iba a conectar por Zoom a la semana siguiente. Nunca lo hizo.
Desde entonces y mediante un exhorto enviado a través de la Cancillería, los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico - integrantes del Tribunal Oral Federal 6- intentan conseguir que Asvat, un conocido abogado de Panamá, declare como testigo vía Zoom. Hasta ahora no obtuvieron respuesta. Tampoco lograron contactar –a partir de otro exhorto internacional enviado por Cancillería a Panamá- a otros tres abogados que alguna vez integraron el estudio: Francisco Martinelli Patton, Carlos Raúl Moreno Davila y María Cecilia Más. Los abogados deberán explicar quién creó la sociedad en Panamá. El TOF 6 estableció que los panameños deben declarar el próximo 17 de mayo por la mañana. Hasta el viernes, según explicaron a Infobae fuentes judiciales, no habían recibido respuesta.
El del yate es uno de los varios capítulos en que se dividió el juicio por el enriquecimiento ilícito de Jaime. Obviamente Jaime niega haberlo tenido en su poder. En el entramado de la compra del yate hay dos imputados que son enjuiciados como testaferros de Jaime. Sus nombres son Carlos Lluch y Raúl Viola. Ambos son abogados y formaban parte de la estructura de negocios de la empresa Trenes de Buenos Aires, que explotaba el ferrocarril Sarmiento hasta después de la Tragedia de Once. Declararon que la compra se hizo para un empresario uruguayo.
En 2015 Jaime admitió ser coimero: aceptó en un juicio haber recibido por parte de TBA el pago de viajes en aviones privados. En aquella ocasión también aceptó haber recibido de la empresa TEBA, a cargo de la Terminal de Ómnibus de Retiro, el pago del alquiler del departamento en el que vivía. Esa condena por corrupción contra Jaime-quien está detenido en la cárcel de Ezeiza- se encuentra firme.
En el juicio por enriquecimiento ilícito aparecieron otras vinculaciones de ambas empresas-a las que Jaime debía controlar cuando era secretario de Transporte-y la adquisición de diferentes bienes atribuidos al ex funcionario nacional. El yate es uno de ellos.
Cuando se reveló que el yate estaba vinculado a Jaime, la embarcación fue abandonada en el puerto de Piriápolis, Uruguay, a dónde había llegado para ser reparada. Después de muchos trámites y gestiones, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo, que estuvieron a cargo del caso de enriquecimiento de Jaime, lograron repatriar el yate. En 2017 finalmente el yate llegó a la Argentina y Casanello le otorgó la custodia a la Prefectura Naval Argentina.
Eran los tiempos de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. El yate en aquel momento lucía la siguiente leyenda: “Embarcación recuperada de la corrupción”
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