El procurador interino Eduardo Casal se autodenunció este mediodía ante la Justicia federal para que se investigue su patrimonio luego de que un diputado ultra K, Rodolfo Tailhade, lo acusara en el Congreso de haberse enriquecido de manera ilícita. Fuentes de la Procuración confirmaron a Infobae que la denuncia se presentó ante la Cámara Federal de manera electrónica y que todavía no se habría sorteado.
Ayer, en una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Ministerio Público, el diputado Rodolfo Tailhade anunció que en los próximos días presentará una denuncia luego de acceder a la declaración jurada del Procurador. “A fines de 2016 tenía tres propiedades y hoy tiene once”, arrancó el legislador. Y agregó: “Esas ocho propiedades que sumó como procurador interino están justificadas, aparentemente, de herencia. Pero me gustaría profundizar un poco porque son llamativas las diferencias”.
Taihade también denunció que Casal tendría “acciones en quince empresas” y sostuvo que el funcionario “debió de haberse excusado de intervenir en demandas donde aparecen algunas de estas compañías”.
La senadora nacional por el radicalismo Silvia Elías de Pérez cruzó al diputado oficialista al afirmar que “habla cosas sin ningún tipo de pruebas” pero aseguró: “Si de alguna de las declaraciones que presenta tiene pruebas, voy a ser la primera en apoyarlo”.
La Bicameral es el lugar donde comenzó, a mediados del año pasado, la avanzada del kirchnerismo contra el procurador interino. Luego se presentaron varios pedidos de juicio político y hasta se habló de iniciarle un jury como un fiscal más, pero todo quedó en la nada. El Gobierno ahora pretende avanzar con la reforma de la Ley de Ministerio Público, una prioridad del ministro de Justicia Martín Soria para forzar la salida de Casal.
Casal asumió como procurador interino en diciembre de 2017, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Arrancó como una suplencia y lleva dos años y ocho meses en el cargo, todo un récord. Superó ampliamente al interinato de Luis Santiago González Warcalde, que estuvo apenas cuatro meses.
La nueva avanzada del kirchnerismo contra Casal ocurre apenas unas horas después de que dictamine que es inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia 241 del presidente Alberto Fernández en el cual suspendió del 19 de abril y hasta mañana las clases presenciales en el AMBA, lo que fue objetado en la Justicia por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
“Considero que los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”, sostuvo Casal en su presentación de 49 páginas ante la Corte Suprema. El procurador agregó que el gobierno nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país y para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como lo es una pandemia, pero que deben estar fundamentadas, lo que a su criterio en este caso no ocurre.
Casal decidió autodenunciarse ante la Justicia federal para que se investigue su patrimonio. “Más allá de lo infundado de las imputaciones y de las finalidades que en este contexto puedan tener, me presento a efectos de que se designe el juzgado que habrá de intervenir en la investigación de mi patrimonio a efectos de aclarar los extremos puestos de manifiesto por el diputado”, dice la presentación.
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