FMI y ajuste: el Gobierno busca un acuerdo para compartir costos y la oposición aún no define su respuesta

Martín Guzmán coronó los anticipos de bienvenida a la nueva misión del FMI con un par de definiciones que a la vez, como siempre en estos casos, buscan mantener tranquilos a los mercados. La búsqueda de un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo –previsible como camino, según anticipaban economistas experimentados- supone discutir un programa y anticiparía dureza presupuestaria. Y el envío de un proyecto al Congreso para darle marco a la operación sugiere la intención de un apoyo político, de entrada limitado a compartir costos. Con todo, traslada el tema a la oposición, que comienza a discutir una respuesta en sentido amplio pero aún no define las condiciones para una negociación pública.

No son los primeros gestos y tampoco son gestos aislados. Pero hasta ahora se expresan en algunos contactos reservados –varios, en el ámbito legislativo- y como tanteos puntuales, desde la designación del jefe de los fiscales al Presupuesto. No está a la vista una agenda amplia o integrada, sino piezas. Y todo, con desconfianzas. Esos recelos fueron alimentados últimamente por un recurso repetido del oficialismo, para disgusto de Juntos por el Cambio: desempolvar y forzar viejos proyectos de legisladores de la oposición para avanzar con planes propios. Ocurre en el Senado con la norma del Ministerio Público Fiscal. Podría ocurrir en Diputados con la ley electoral de las PASO.

Por supuesto, incluso para otros bloques con juego propio o hasta aliados del Frente de Todos, los movimientos en el Congreso están condicionados o por lo menos teñidos por la interna del oficialismo. En el caso del jefe de los fiscales resulta evidente. ¿Olivos promueve un entendimiento para consagrar a Daniel Rafecas, que sería un golpe para Cristina Fernández de Kirchner? Y en otra escala, algo con oleaje parecido comienza a emerger en la provincia de Buenos Aires. ¿El respaldo presidencial a los “intendentes eternos” cuenta con aval firme de CFK o busca descapitalizarle, intentando además algún entendimiento con jefes comunales de JxC?

Las pinceladas de llamados a algún tipo de acuerdo político –también, el contradictorio planteo de la ex presidente- no alcanzan para pintar hasta ahora una propuesta integral de entendimiento, que supone entre sus presupuestos qué coloca el oficialismo en la mesa de negociación. Es decir, qué propone además de reclamar avales.

Pero a la vez, la enunciación del tema genera en la oposición la necesidad de definir una posición que en principio provoca tensiones domésticas. El temblor más reciente fue provocado por la postura de apoyo al pliego de Rafecas motorizada por Elisa Carrió. Y en sentido más amplio, la cuestión de fondo es que no existe una propuesta propia –o una contrapropuesta, si hay invitación formal-, salvo algunas condiciones muy generales difundidas por Mauricio Macri o Alfredo Cornejo.

Ayer mismo, de todos modos, surgían los primeros reparos al proyecto breve y de sentido evidente anticipado por Guzmán. El ministro adelantó que será enviado un texto de unas pocas líneas que establece que deberán ser aprobados por el Congreso el endeudamiento en moneda y bajo legislación extranjeras, y los acuerdos con el FMI. Es un gesto similar al realizado en camino al entendimiento con los acreedores externos, para mostrar compromiso político compartido entre Gobierno y oposición.

Ese ejemplo debería ser analizado en forma completa. Aquel paso y el propio acuerdo con los bonistas no produjeron el efecto imaginado por Olivos sobre los mercados y en materia de inversiones. Es cierto que convivió con el coronavirus –con la pandemia y con las restricciones de la cuarentena-, pero también lo es que el nulo efecto se debió a los problemas generados por la gestión política. Dos señales entre muchas fueron la interna oficialista y la ruptura de puentes con referentes “moderados” de la oposición.

El “lavagnismo” en Diputados no demoró ayer mismo en rescatar una propuesta previa de Jorge Sarghini para reclamar un entendimiento que contemple la necesidad de una “clara y explícita” limitación del endeudamiento. Desde JxC, las reacciones informales volvían sobre los mensajes cruzados del oficialismo en materia de negociación política y el provecho unilateral que imagina el oficialismo. Tal vez hoy mismo haya una primera respuesta.

Guzmán completó la entrega con el blanqueo del objetivo de las tratativas con el FMI: un acuerdo de facilidades extendidas. Ese camino aparecía en el horizonte condicionado por la imposibilidad de una quita y la necesidad de un plazo largo de alivio inicial, para afrontar la deuda de 44.000 millones de dólares y los intereses.

Esa salida demandaría un programa bastante rígido, además de integral. Y explica que ya esté en discusión una baja del déficit mayor a la anotada en el Presupuesto 2021. Eso, junto a señales inusualmente anticipadas, como el aumento de tarifas a partir de enero, y una caída real de ingresos en el Estado y en la actividad privada. No es lo único, aunque sí lo más grueso. Algunos otros gestos pueden ser advertidos en cierta poda de capítulos referidos a planes para la niñez o el agotamiento del IFE.

El último renglón fue escrito anoche mismo, horas antes de la llegada de la misión del FMI. El Gobierno dejó trascender la propuesta de nueva ley de movilidad jubilatoria, que volvería a un cálculo basado en la recaudación impositiva –se supone que para el rubro previsional- y en la evolución de los salarios, sin registro de la inflación. Sería convalidado de hecho el ajuste ya realizado, especialmente pero no sólo en las categorías más altas, y se establecería un mecanismo que según la marcha económica podría generar pérdida de poder adquisitivo.

Ese es otro debate que viene en lo que resta del año, incluyendo lo que queda de sesiones ordinarias y la convocatoria a extraordinarias. En cualquier caso, los proyectos y las otras medidas referidas integran un paquete con destinatario claro -el Fondo-, en medio de las medidas para contener el precio del dólar y los mercados. Visto así, el interrogante es hasta dónde se extiende la intención real de un acuerdo político. Están a la vista los objetivos, también los costos.

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