
La incertidumbre rodea el futuro de miles de salvadoreños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en los Estados Unidos. A pocas semanas de que el beneficio expire, la ausencia de un anuncio oficial sobre su prórroga mantiene en alerta a quienes dependen de este programa humanitario.
Si no hay una extensión antes del 9 de septiembre de 2026, el TPS concluirá y los beneficiarios quedarán en situación irregular, según advirtió el abogado especialista en temas migratorios, Gilberto Alfonso Hernández, durante una entrevista en el espacio radial Punto de vista, transmitido por Radio YSKL.
En el análisis presentado en el programa, Hernández remarcó la urgencia de tomar medidas ante la inminencia de la fecha límite. “Si no se da un anuncio oficial, el beneficio termina y los amparados quedan en situación irregular en los Estados Unidos”, explicó el especialista. La preocupación se acentúa porque, aunque existe un período de gracia tras el vencimiento, la recomendación profesional es anticipar acciones y evitar esperar hasta el último momento.
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El abogado insistió en la importancia de la preparación personal y familiar. “Debe prepararse emocional y materialmente, vender lo que tenga que vender, poner en orden todo lo que debe poner en orden”, afirmó. Además, recomendó tener siempre a mano el contacto de un abogado de confianza, subrayando que este número debe estar disponible en todo momento y ser conocido por toda la familia.
La situación de irregularidad migratoria expone a los salvadoreños a riesgos inmediatos. “Perfectamente lo pueden deportar por no saber que ese permiso todavía tiene validez”, indicó Hernández. La vulnerabilidad se incrementa ante cualquier control migratorio, ya que los agentes pueden desconocer las prórrogas administrativas, dejando a los migrantes a merced de interpretaciones y decisiones discrecionales.
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Impacto laboral y derechos de los hijos nacidos en EE.UU.
El impacto del vencimiento del TPS no solo afecta el estatus migratorio, sino también la estabilidad laboral de los beneficiarios. Hernández señaló que los empleadores tienen la facultad de decidir si mantienen o no a los empleados cuyo permiso de trabajo está próximo a vencer.
Frente a este escenario, se abordó también la situación de los hijos nacidos en EE.UU., de padres amparados por el TPS. Estos menores son ciudadanos estadounidenses, y existe la posibilidad legal de que puedan ser una vía para que sus padres inicien un proceso de regularización, aunque este camino requiere asesoría jurídica y no garantiza un resultado favorable. “Es posible que puedan ampararse al estatus de su hijo y permanecer en los Estados Unidos, pero eso no es algo completamente seguro”, puntualizó el especialista.
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El papel de El Salvador ante un eventual retorno masivo
La expectativa de un posible retorno masivo de salvadoreños ha puesto sobre la mesa el debate sobre la capacidad del país para recibirlos. Según Hernández, El Salvador debe estar preparado para esta eventualidad. El retorno no solo significa un desafío logístico, sino también social y económico, considerando que muchos de los beneficiarios han residido en EE.UU., durante décadas.
El especialista recordó que los retornados conservan todos sus derechos ciudadanos en El Salvador y pueden buscar alternativas, como iniciar pequeños negocios o insertarse en el mercado laboral local. “El que está en Estados Unidos, perfectamente puede venir a poner su negocio”, aseguró. No obstante, reconoció las dificultades del contexto actual, marcado por altos costos de vida y limitadas oportunidades de empleo.
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La ausencia de un anuncio oficial sobre la prórroga del programa mantiene en vilo a miles de familias que aguardan definiciones por parte de las autoridades estadounidenses. En este escenario, se espera que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emita una resolución en los próximos días, ya que la fecha límite para la vigencia del TPS se acerca rápidamente.
La expectativa se concentra en que una posible extensión del programa otorgue estabilidad temporal a los salvadoreños en el extranjero, mientras que en El Salvador las autoridades y organizaciones sociales preparan mecanismos de apoyo ante un eventual regreso masivo.
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