Fracasó la audiencia de conciliación por el conflicto de la familia Etchevehere

La audiencia de conciliación convocada para este domingo por el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, fracasó en su intento por acercar a las partes. La misma no tuvo éxito ya que la querella a cargo de Rubén Pagliotto -en representación de la empresa familiar Las Margaritas SA- no se hizo presente en el juzgado. Los abogados de Dolores Etchevehere, Lisandro Mobilia y Daniela Verón, propusieron que el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) disponga de un lugar neutral y otras medidas para apaciguar el conflicto judicial.

Ante la consulta de Infobae, el abogado penalista que representa los intereses del exministro Luis Miguel Etchevehere y su familia confirmó su ausencia y explicó que no asistieron porque tomaron la decisión de recusar al juez Flores. “Es un delirio ir a una audiencia con el juez recusado”, expresó. Desde el Poder Judicial de Entre Ríos informaron que la ausencia de la parte querellante fue sin previo aviso y que el magistrado resolverá sobre su recusación en las próximas horas.

En el escrito presentado este sábado a las 20,30 horas, Pagliotto pidió el apartamiento del juez y solicitó que la Justicia garantice “la absoluta imparcialidad de quien funge en el esencial rol de juez de garantías, cuyas incidencias sometidas a su resolución bajo estas fuertes sospechas o sensación de parcialidad, deslegitiman su actuación”.

“Consideramos que es una situación total y absolutamente irregular, casi rayana al estrépito, pues el aludido magistrado ha demostrado una inocultable e indisimulada parcialidad y falta de independencia, incluido cierto y preocupante nivel de desconocimiento jurídico, permitiendo que se avasallen derechos y vulneren garantías de raigambre constitucional”, fustigó la recusación. Principalmente ponen el énfasis en la actitud adoptada por Flores en la audiencia del pasado miércoles 21 en donde permitió la participación de Victoria Donda en representación del INADI y la abogada Gabriela Carpineti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Según el escrito judicial, sus presencias no estaban justificadas ya que “no eran parte ni sus áreas de competencia tenían vinculación con el meollo de la cuestión a dilucidar, rompiendo así el necesario y justo equilibrio y la igualdad de armas”.

La audiencia del pasado miércoles había sido solicitada por la propia querella, que se amparó en el artículo 75 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER) para solicitar que la Justicia desaloje a Dolores Etchevehere y los 40 militantes del Proyecto Artigas que están dentro del casco de la estancia Casa Nueva, ubicada a un kilómetro y medio del acceso a la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz.

Flores, quién está reemplazando al titular del Juzgado de Garantías de La Paz Walter Carballo, hoy en licencia compensatoria, había convocado a las partes del conflicto a una audiencia de conciliación para este domingo a las nueve de la mañana. La audiencia se funda en el punto N° 7 de los considerando del juez, en donde expresa que “en base al principio de libertad ambulatoria, de libertad de trabajar y circular, cuidado de la unidad productiva, en el contexto de violencia de género que no ha desaparecido; resulta necesario llamar a una audiencia de conciliación ya que las partes no han informado al respecto en la causa principal".

El magistrado a cargo de la causa había convocado a todas las partes para este domingo a las 9 de la mañana en sede judicial con el objetivo de que se pongan en consideración algunos elementos que no fueron aportados durante las audiencias realizadas el pasado miércoles.

También, había exigido que tanto Dolores como sus hermanos y madre elaboren un listado de seis personas que puedan “entrar y salir libremente” del predio ubicado a un kilómetro y medio del ingreso a la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz. Y en paralelo, le solicitó al ex ministro y su familia a que informen respecto a la necesidad de realizar ingresos de maquinarias e insumos de trabajo ligado a las actividades que se desarrollan en el interior del campo, con el objetivo de que la situación judicial no sirva de obstáculo para el desarrollo productivo de la empresa Las Margaritas SA. Para esto, el magistrado puntualizó en que se requiere “una autorización especial por escrito” del Juzgado de la Paz. Por esa razón, Flores le notificó a la otra parte, compuesta por los integrantes del Proyecto Artigas, que “deberán abstenerse de interferir en el normal desarrollo de las actividades desplegadas por los dependientes de Las Margaritas SA en el establecimiento, debiendo garantizar el libre ingreso de personas o vehículos necesarios para esos fines”.

Mientras tanto, en la puerta del establecimiento rural siguen apostados los tres hermanos Etchevehere y se sumó durante la jornada del sábado su madre, Leonor Barbero Marcial. Todos a la espera de una concentración convocada para este domingo a las 17 horas en la puerta de la estancia a la cual asistirán productores en “defensa de la propiedad privada” y respaldo a la familia del ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri.

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