
El Gobierno argentino anticipó esta mañana que votaría a favor de la resolución que condena las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela. Y así lo hizo.
Más temprano, mediante un comunicado, la cartera diplomática adelantó que “el presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
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“Nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”, adelantaba el texto.
“Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese marco, instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”, se apuntó en el documento.
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En otro párrafo del comunicado, el gobierno de Alberto Fernández señaló “la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias y contribuir a encaminar soluciones apropiadas, liderando actuaciones complementarias que pueda estimar convenientes para tal propósito”.
La Cancillería argentina consideró que “el diálogo y la cooperación con las autoridades, las respuestas eficaces a las exhortaciones manifestadas en los diferentes informes, sumados a los mecanismos de protección esenciales, son fundamentales para revertir la actual situación en derechos humanos en Venezuela”.
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En ese marco, agregó: “Son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral. La República Argentina como integrante del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, votará acompañando su propuesta, preservando la posición que aquí se explicita".
En el cierre del documento, el gobierno argentino hace una salvedad y apunta algo que ya había anticipado que expresaría: “El presidente Fernández sostuvo una vez más que deben condenarse los bloqueos y las sanciones que, pretendiendo presionar a las autoridades, agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra”.
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Una propuesta sin apoyo
A primer turno, la mayoría de los países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se abstuvo o votó en contra de una resolución presentada por Irán, Siria, Turquía y el régimen de Nicolás Maduro, en la que se señaló que hay “progresos” en Venezuela.
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En ese tema, Argentina se abstuvo junto a otros 25 países, entre ellos los miembros de la Unión Europea, India, Japón, Libia, Nigeria y Togo. En tanto, Australia, Brasil, Chile, Islas Marshall, Perú, Ucrania y Uruguay votaron en contra.
El documento fue apoyado por países africanos y asiáticos, varios de ellos con regímenes autoritarios y severamente cuestionados por violaciones a los Derechos Humanos.
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El embajador de Argentina, Federico Villegas, consideró: “Hay un insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de su responsabilidad por la situación de los derechos humanos en su territorio”.

A su vez, al momento de emitir la abstención de ese proyecto de declaración presentado por Siria, el embajador Villegas destacó que “la Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos así como la grave crisis política, social y económica que padece Venezuela agravada por las sanciones económicas y financieras y la pandemia COVID-19 como lo ha señalado la Alta Comisionada de Derechos Humanos”. Este fue el preludio del apoyo que dará Argentina a la resolución de la mayoría instando a cuestionar el bloqueo que impone Estados Unidos a Venezuela.
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En este contexto, el embajador argentino ante organismos internacionales con sede en Ginebra, remarcó: “entendemos que los derechos fundamentales deben prevalecer sobre otras consideraciones. Corresponde a este Consejo apoyar todos los mecanismos para contribuir a dicho objetivo”.
Al hablar de la carta de entendimiento que firmó la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michele Bachelet, y el gobierno de Venezuela, Villegas dijo que se dio inicio a una “hoja de ruta” que permitió fortalecer su oficina en Venezuela. “Ella abrió un espacio de diálogo, colaboración y asistencia técnica y tuvo resultados concretos, visitas a centros de detención, cooperación en áreas como reducción de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza, el intercambio sobre casos individuales en situación de derechos humanos”.
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Por este motivo, al fundamentar su abstención sobre el proyecto de Siria y sus aliados el embajador argentino sostuvo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe apoyar el trabajo de la alta comisionada para “mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela”. Así, instó a todos los actores relevantes dentro y fuera de Venezuela a colaborar con Bachelet y confió en que se establezca una oficina permanente de Naciones Unidas en Venezuela, hecho que hasta ahora impidió el régimen de Maduro.
Para la Argentina, el proyecto de Irán y Siria “presenta un insuficiente reconocimiento de las autoridades venezolanas por su responsabilidad en la situación de los derechos humanos en su territorio reflejada en el informe de la alta comisionada”.
Así, el embajador argentino en Ginebra instó al gobierno venezolano a “cooperar plenamente en todos los mecanismos de este consejo así como implementar las recomendaciones hechas en sus informes y que con su llamado conduzca a investigaciones, prontas, independientes y transparentes sobre las violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores a la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”.
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