
La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y la definición de un núcleo de prioridades legislativas son presentadas por el Gobierno como la base de su reacción, lenta, para tratar de cerrar la historia corrosiva de Manuel Adorni. La estrategia es elemental, atada al juego de poder. Y parece limitada por diferentes factores, entre los que sobresalen al menos dos: suponer que toda la “culpa” del deterioro de imagen recae en el ex funcionario y, por consiguiente, apostar a cambiar el foco de la agenda política, como si eso solo fuera suficiente para moldear el temario de interés social o, si se prefiere, la conversación pública.
El caso de Adorni provocó sin dudas el daño mayor para Olivos. Marcó la pendiente pronunciada en la valoración de la imagen presidencial y de la gestión de Gobierno, según la coincidencia abrumadora de las encuestas, el impacto mediático, el oleaje en las redes sociales y el sentido común. Pero el tema es que no se habría tratado de la causa excluyente. Tuvo -tiene-, efecto propio y a la vez, habría funcionado como catalizador de otros malhumores, que ya se insinuaban de manera parcial.
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La lectura de encuestas que mes a mes exponen evaluaciones de imagen y tablas de preocupaciones sociales indican, en líneas generales, que ya en febrero y en marzo, cuando recién arrancaba la serie de Adorni, aparecían datos negativos para el Gobierno. Y algún trabajo que circula en medios reducidos, con muy circunstancial difusión en los medios, anotaba un primer registro de ese tipo en diciembre. Ahora, sondeos de junio -previos al final del entonces jefe de Gabinete- indican cierta “estabilización” de la imagen presidencial o al menos desaceleración, después de las alarmantes anotaciones de mayo y aún en escalones altamente negativos, bastante por encima de los 50 puntos.
En el recuento de la primera mitad del año surgen otros datos de interés. Por un lado que, en términos estrictamente políticos, el oficialismo venía de un verano exitoso en el Congreso, con aprobación de leyes en rápido trámite. Un par de ejemplos: el Presupuesto, a fines de diciembre, y la reforma laboral, en los últimos días de febrero. En ese clima, sin embargo, comenzaban a surgir indicios de cierto declive del impulso poselectoral, mientras los temas de raíz económica -precios, ingresos, empleo- aparecían en conjunto por encima de rubros como la inseguridad o la corrupción.
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En medios libertarios, quizás lo que más se le reprochó a Adorni fue “aferrarse” al cargo y no lo que expone la investigación sobre su patrimonio. Eso alimentaba el malestar doméstico porque, en tal visión, el caso “opacaba” la difusión e impacto de resultados económicos. Menos cerrada, una lectura más completa sobre la realidad económica muestra de mínima datos contrapuestos. Lo exhibe regularmente el Estimador Mensual de Actividad Económica, más allá de que el promedio alimente celebraciones o disgustos en el circuito oficialista. Por lo general, se cruzan datos positivos en algunos rubros (minería, finanzas, casi siempre el agro) y caída como tendencia sostenida en industria y comercio. De un lado, entusiasmo por el superávit y la baja de la inflación, y por el otro, los datos de empleo, ingresos y consumo.
No está en auge una discusión sobre el tipo de país que se imagina. En el universo violeta asoma de algún modo el reconocimiento de una realidad con diferentes dimensiones, traducida como necesidad -con proyección al plano electoral- de “trasladar los datos de la macro a la micro”. En otras palabras: atender al bolsillo de la gente. Como sea, asoma en esa mirada que Adorni fue un problema mayúsculo, sin vueltas, pero no único.
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Por supuesto, el final del tercer jefe de Gabinete de Milei produce un respiro, que el Gobierno necesita explotar de inmediato. Eso mismo convive con la inquietud que genera la marcha de la causa, a cargo del fiscal Gerardo Policitta en el juzgado de Ariel Lijo. El ritmo alimentará especulaciones sobre el efecto o las limitaciones de operaciones políticas.

En lo inmediato, el Gobierno le puso títulos legislativos a su movida para tratar de marcar la agenda. En rigor, y es un dato político potente, fue la instrucción expuesta por Karina Milei en la reunión con diputados y senadores de LLA. Aunque parezca contradictorio en la superficie, la secretaria General reafirmó y extiende su poder en el tablero post Adorni, que era su pieza operativa en la gestión. Suma juego en el Congreso, donde ya manejaba Diputados con Martín Menem y agrega juego en el Senado, parte de la tensión con Patricia Bullrich. Tiene línea con gobernadores. También afirma su peso en Justicia. Todo, en precario equilibrio con Santiago Caputo.
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En ese cuadro, que además de trazos gruesos tiene pinceladas menos visibles, debe moverse Santilli. Y hacerse cargo como prueba propia de la suerte de los proyectos destacados por Olivos para recuperar manejo en el Congreso. Por supuesto, el tema de mayor gravitación política es la reforma electoral, que puede sumar puntos al texto original en función del objetivo máximo, que es el plan reeleccionista.
Por ahora, no parece una cuestión de interés público aunque, como apunta un consultor experto, podría jugarle a favor el foco en el intento de anular las PASO. Las encuestas que incluyen el tema, no sólo en esta etapa, registran en general un fuerte cuestionamiento al sistema de primarias. De todos modos, no se está abriendo una discusión sobre el modo de garantizar la mayor transparencia posible en el proceso de selección de los candidatos. Al revés, lo que busca negociar el oficialismo es su anulación a cambio de una especie de sistema de colectoras -un enganche de listas locales a candidatos presidenciales- para sumar apoyo de gobernadores. No proyecta nada muy saludable o superador en términos políticos.
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El punto para Olivos sería conseguir un doble resultado con la mirada ya repuesta en el 2027. Por un lado, anular las primarias, un mecanismo que podría ser útil para dirimir espacios en un armado opositor. Y por el otro, garantizar o facilitar la confluencia de intereses nacionales de los libertarios y apuestas de los jefes provinciales en sus distritos. Algo así como reelección para todos los que puedan.
En cualquier caso, se trata de una negociación renovada. Las cuentas previas no garantizaban los votos necesarios y eso mismo alentaba otras opciones, como la no obligatoriedad de las primarias. Las tratativas son con los bloques dialoguistas -PRO, UCR, algunos provinciales- y sobre todo con los gobernadores. Y allí se mezclan planes violetas y necesidades financieras de los distritos.
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Lo concreto, en estas horas, es una nueva declinación de la coparticipación federal. Junio terminó con una baja de más de 4 puntos porcentuales, según cifras que circulan entre gobernadores, además de recortes en giros discrecionales. Es el reflejo de la recaudación nacional, que registró una caída de más del 7 por ciento y frenó la expectativa después del repunte acotado de mayo. Esos números también pesan en la mesa de conversaciones.
En el Congreso, parece difícil acelerar a fondo antes de las virtuales vacaciones de invierno, hacia fines de mes. Pero los tiempos dependen de las tratativas y de la decisión política. En definitiva, la breve lista de prioridades legislativas de Olivos incluye dos proyectos a destrabar -reforma electoral y recorte de subsidios al consumo de gas en zonas frías- y otros dos anunciados pero aún no escritos: nuevo capítulo de inocencia fiscal y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Su impacto en la sociedad es otra cosa. Un interrogante para el Gobierno, sobre todo por el lugar asignado en la movida que pretende olvidar el caso Adorni.
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