El Gobierno de Guatemala lanza un proyecto para modernizar el Organismo Ejecutivo hasta 2030

El Gobierno de Guatemala lanzó este viernes el proyecto Modernización del Organismo Ejecutivo para fortalecer la gobernanza territorial hasta 2030, una iniciativa que ejecutará junto al PNUD con financiamiento de la Unión Europea para acercar los servicios públicos a la población, reforzar a los gobiernos departamentales y corregir la concentración de decisiones en el nivel central.

La estrategia se aplicará desde el 4 de mayo de 2026 hasta el 4 de mayo de 2030, con un presupuesto de USD 1.005.782,85. En una primera etapa, priorizará siete departamentos: Santa Rosa, Sacatepéquez, Petén, Alta Verapaz, Retalhuleu, Chiquimula y San Marcos.

El proyecto se presentó en el marco de la instalación de gobiernos departamentales, en el departamento de Chiquimula que se encuentra a unos 167 kilómetros de la ciudad de Guatemala. La apuesta del Ejecutivo para llevar la gestión pública al interior del país. El plan busca fortalecer la capacidad institucional del Estado y consolidar un esquema de desarrollo territorial con continuidad más allá del período de ejecución.

El plan se concentrará en siete departamentos y tendrá tres ejes de trabajo

La iniciativa tiene tres objetivos centrales: fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos departamentales mediante asistencia técnica y transferencia de conocimientos, consolidar la coordinación interinstitucional bajo el liderazgo de los gobernadores departamentales y abrir espacios permanentes de diálogo entre el Ejecutivo y la ciudadanía.

Ese trabajo incluirá propuestas para mejorar la provisión de servicios públicos desconcentrados, reforzar las capacidades de liderazgo de gobernadores y gabinetes departamentales, y articular la inversión pública entre el Gobierno central, los consejos departamentales de desarrollo y las municipalidades.

También prevé mecanismos de intercambio de información, transparencia y rendición de cuentas para prevenir riesgos de corrupción. El diseño incorpora un componente de transición para que las herramientas y capacidades desarrolladas puedan mantenerse después de 2030.

El objetivo inmediato es responder a un problema estructural del país: siete de cada 10 guatemaltecos viven en condición de pobreza, con brechas más profundas en las áreas rurales. Sobre esa base, la iniciativa también apunta a fortalecer la planificación territorial y mejorar la inversión pública.

Arévalo planteó que el proyecto busca corregir la fragmentación estatal

Durante la presentación, el presidente Bernardo Arévalo sostuvo que el fortalecimiento de los gobiernos departamentales busca acercar el Estado a la ciudadanía y construir una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a las necesidades de cada territorio.

El mandatario describió el diagnóstico que, a su juicio, justifica la reforma: “Durante muchos años, la gestión pública estuvo marcada por la fragmentación, la descoordinación y una excesiva concentración de toma de decisiones a nivel central. Nuestro compromiso es avanzar en una dirección distinta, un Estado que coordina mejor, que escucha más y que actúa con mayor eficacia en cada territorio”.

Arévalo también definió la iniciativa como una vía para cambiar la lógica de funcionamiento del aparato estatal. “Este proyecto representa una cooperación técnica, pero en realidad es una apuesta para hacer las cosas diferentes, y hacerlas mejor”, afirmó.

En la misma línea, el presidente dijo que el programa permitirá construir “un Estado cercano a la gente, con mejor coordinación entre las instituciones y mayor capacidad para responder a las necesidades de cada territorio”.

El representante residente del PNUD en Guatemala, Carlos Benítez, reafirmó el acompañamiento técnico del organismo en este proceso de modernización institucional. Según explicó, el proyecto contribuirá a fortalecer la gobernanza participativa, mejorar la coordinación entre instituciones y generar capacidades sostenibles para impulsar el desarrollo territorial.

Benítez resumió ese enfoque con una definición centrada en el alcance del plan: “Acercar el Estado a los territorios no es solo una prioridad administrativa; es una condición para avanzar hacia un desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo”.

La estrategia también prevé espacios de diálogo para mujeres, pueblos indígenas y otros grupos en condición de vulnerabilidad. Ese componente se integra al objetivo de consolidar un modelo de gobernanza participativa que, una vez probado en los siete departamentos priorizados, pueda replicarse en otros territorios del país.