Los sinuosos límites de la estrategia del Gobierno para proteger a los trabajadores y evitar el colapso de las empresas

El Gobierno puso en marcha una ayuda decisiva para que los trabajadores de empresas en crisis cobren sus salarios, pero empresarios y sindicalistas quedaron enredados en tensas discusiones sobre el tema que, según esperan, sólo podrían superarse si se dicta un nuevo decreto.

Todo este cuadro se precipitó en una semana determinante para el cobro de los sueldos del mes de abril, en donde los funcionarios mostraron los números de una importante adhesión a su flamante sistema de auxilio salarial, algunos empresarios protestaron por un trámite engorroso de inscripción y de plazos exiguos que habrían dejado afuera a muchas pymes, y los sindicalistas presionaron para que los trabajadores cobren lo máximo posible en medio del parate económico.

Primera clave para entender de qué estamos hablando: el Gobierno anunció el domingo pasado el programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado por el decreto 376, que prevé que el Estado pague la mitad de los sueldos a los trabajadores del sector privado (con un tope de 33.750 pesos) y la reducción de los aportes patronales, entre otros puntos.

El decreto 376 produjo durante cuatro días el freno de algunas negociaciones de empresarios y sindicalistas de actividades paralizadas para pactar suspensiones con rebajas salariales. Era lógico: para qué firmar por un 70% del pago del sueldo si el porcentaje podía mejorarse ya que los empresarios ahora podían acceder a la ayuda estatal para abonar las remuneraciones.

Segunda clave: hasta entonces, el Gobierno había apostado a prohibir los despidos y las suspensiones mediante el decreto 329, pero en la misma norma permitía suspender si era fruto de un acuerdo individual o colectivo (como dice el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo). “El 223 bis es nuestro caballito de batalla en la crisis”, admitió a Infobae un funcionario.

Los decretos 376 y 329 son parte de un menú de herramientas para una economía pandémica que la semana pasada, a pesar de los anuncios, puso más nerviosos a empresarios y sindicalistas. Es que el pago de los sueldos de abril tuvo un horizonte más aliviado por el plan que contribuirá al pago del 50% de los salarios para 1.600.000 trabajadores de casi 160.000 empresas, según los datos proporcionados por el Gobierno. Pero, a la vez, surgieron quejas por los plazos reducidos para inscribirse (sólo cuatro días) y algunas exigencias para aspirar a sus beneficios. “Era tan complicado que desistimos de anotarnos", dijo a Infobae un sindicalista que está en apuros para pagar los sueldos a los empleados de su obra social.

Desde la Casa Rosada desestimaron las protestas y contraatacaron: “Los que critican seguramente no quieren entregar la información que demuestre la caída de la actividad desde la cuarentena”. En el Gobierno admitieron que el lunes pasado, cuando salió el decreto 376 en el Boletín Oficial, pararon los acuerdos por suspensiones porque querían ver qué efecto tendría el esquema de ayuda salarial en las negociaciones avanzadas de empresarios y sindicalistas.

Si el Estado se hacía cargo del 50% de los sueldos, razonaban los funcionarios (y los sindicalistas), los empresarios podían mejorar los porcentajes de los salarios pactados según el artículo 223. En la mayoría de los acuerdos se estaban firmando rebajas salariales de entre el 30% y el 40%.

Hasta el jueves, en que terminó la inscripción de las empresas que aspiran a ser beneficiadas por los subsidios salariales, se habían presentado 120 empresas en el Ministerio de Trabajo con acuerdos para suspender personal a cambio de una retribución de un porcentaje del sueldo.

En el Gobierno prevén que, pese a la ayuda salarial, habrá “un aluvión” de suspensiones acordadas, pero ahora extendidas al ámbito de las cámaras y de las actividades en crisis. Ambas opciones, las del decreto 376 y las contempladas en el artículo 223 bis, podrán complementarse, afirman los funcionarios que están en el tema. Es decir, una empresa puede pactar suspensiones y, a la vez, recibir el auxilio del Estado para pagar los sueldos (con una mejora de la suma que se había previsto). Es más: aseguran que los acuerdos ya firmados pueden retrotraerse para aprovechar este “combo”, si las partes están de acuerdo.

En la práctica, el decreto 376 sirvió para dinamitar algunas negociaciones clave, como la de los metalúrgicos, que avanzaban para pactar suspensiones por el artículo 223 bis.

La UOM, por ejemplo, pegó un portazo el miércoles pasado en la negociación que mantenía con los empresarios para acordar suspensiones con el pago del 70% del salario. Las tratativas estaban casi cerradas, aunque primero se congelaron por la resistencia de algunas seccionales a suscribir una rebaja salarial y finalmente por otro extraño motivo: “Queremos esperar lo que resuelvan el Gobierno y la CGT”, fue la excusa que le dieron los metalúrgicos a las cámaras del sector.

¿Qué es lo que esperaba el sindicato que lidera Antonio Caló? El martes pasado, la CGT y la UIA mantuvieron una videollamada con los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), y allí hubo un tenso contrapunto de empresarios y sindicalistas.

El motivo: los alcances del decreto 376. La CGT planteó que si el Estado pagará el 50% del sueldo de quienes están hoy sin tareas, el otro 50% podrían abonarlo las empresas para que los trabajadores puedan percibir sus salarios completos. Sin embargo, la UIA dijo que no sería justo que un empleado que no está trabajando cobre lo mismo que alguien que está cumpliendo sus tareas. Moroni propuso que las tres partes definieran entonces un piso de porcentaje salarial, entre el 50% que proponen algunos sectores empresarios, y el 100% que pretenden los gremios.

Pero todos saben que será una tarea muy difícil y que no hay tiempo para un largo debate sobre el tema si se quiere aplicar para los sueldos de abril. El Gobierno, la UIA y la CGT quedaron en seguir conversando el jueves pasado sobre los temas pendientes, pero la videollamada se postergó para este lunes. Casi sin tiempo para dilatar una decisión, hay empresarios y sindicalistas convencidos de que Alberto Fernández podría resolverlo con un nuevo decreto.

Mientras, las empresas están obligadas a abonar el 100% de los salarios a los trabajadores sin tareas en la cuarentena aunque sus persianas estén cerradas, pero si no llegaron a inscribirse para acceder a los beneficios de la ayuda salarial, o en caso de quedar excluidas por no cumplir con los requisitos, no hay certezas sobre lo que sucederá con el pago de los sueldos de abril, como sucede en muchas pymes asfixiadas por la crisis.

Por ejemplo, hay 15.000 pequeñas y medianas empresas metalúrgicas, que emplean a un promedio de 10 o 12 empleados cada una, que no sabían si podrán pagar los sueldos o si podrán hacerlo de manera completa. “Terminarán pagando lo que puedan”, dicen en el sector, con la mirada puesta en un dato preocupante: sería bajo el número de pymes metalúrgicas que se inscribieron para que el Estado se encargue de pagar el 50% de los salarios de sus trabajadores.

Todas las expectativas están puestas ahora en la videollamada pendiente entre el Gobierno, la UIA y la CGT. ¿Se llegará a un acuerdo marco para el pago de los salarios en las suspensiones acordadas según el artículo 223 bis? ¿Zanjará el debate un nuevo decreto del Gobierno? Todos se miran de reojo y creen que están en peores condiciones que el otro. Además de soportar la pandemia, los actores del mundo laboral están atravesados por el virus de la desconfianza.

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