La disputa comercial entre Costa Rica y Panamá alcanzó un nuevo nivel cuando la presidenta costarricense, Laura Fernández, instruyó al canciller Manuel Tovar a recurrir a la diplomacia internacional, buscando respuestas ante las restricciones panameñas que afectan a los productos agropecuarios desde hace varios años.
Esta medida surge tras una semana de asunción presidencial, marcando el tema como prioridad en la agenda bilateral.
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Según una nota de la agencia EFE, la mandataria eligió la provincia agrícola de Cartago para su anuncio, en el cual no especificó las acciones internacionales previstas. Fernández señaló con firmeza: “El bloqueo comercial de Panamá en productos agrícolas es toda la prioridad” de su administración.
Las restricciones impuestas por Panamá desde 2019 han tenido impacto directo sobre banano, plátano, piña, fresa, carne de res, pollo, cerdo y lácteos, e incluso, según mencionó Fernández, sobre la papa y la cebolla.
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Medios locales han indicado que la justificación panameña apunta a que dieciséis establecimientos costarricenses no renovaron sus autorizaciones sanitarias, condición indispensable para el comercio según organismos internacionales.
El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, encabezado por Julio Moltó, defendió la aplicación de “mecanismos legítimos contemplados en el sistema multilateral de comercio”.
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Por su parte, los gremios panameños de leche y carne reiteraron que las suspensiones no tienen motivaciones políticas, sino que responden al vencimiento de los procedimientos de evaluación técnica exigidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización Mundial del Comercio.
El litigio en el sistema multilateral y la respuesta panameña
El conflicto trascendió el ámbito bilateral en 2024, cuando la Organización Mundial del Comercio rechazó el argumento de Panamá sobre la supuesta falta de pruebas científicas aportadas por Costa Rica respecto a productos como fresas, piñas, bananas y plátanos. Panamá apeló la decisión en enero de 2025, dejando el diferendo aún sin resolución definitiva.
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La presidenta Fernández declaró agotada la vía bilateral y reafirmó su respaldo a los productores afectados: “Estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”. Su discurso coincidió con el primer aniversario de su mandato, en un contexto marcado por la presión de los sectores agrícolas.
Los gremios panameños remarcaron que “Panamá no puede otorgar habilitaciones sanitarias por presión política ni por conveniencia comercial”, y aseguraron que la continuidad de las restricciones se debe al incumplimiento de los protocolos internacionales por parte de Costa Rica.
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Qué productos están involucrados y cómo se sustenta la restricción
Desde 2019 y 2020, las medidas panameñas afectan a una amplia gama de productos de origen costarricense, incluyendo frutas, carnes y productos lácteos.
Panamá fundamentó la suspensión en la falta de actualización de los procesos de evaluación de riesgo país y equivalencia sanitaria, pasos requeridos por organismos multilaterales para garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública.
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Las autoridades panameñas informaron que enviaron los cuestionarios técnicos necesarios a Costa Rica, pero que estos no fueron respondidos debidamente, lo que derivó en la pérdida de la elegibilidad sanitaria de los establecimientos involucrados.
De acuerdo con el comunicado emitido por los productores panameños, la documentación requerida debe cumplir exigentes estándares internacionales, y la omisión de este trámite implica la suspensión automática de las habilitaciones comerciales.
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En síntesis, la controversia entre ambos países se mantiene abierta y en escalada. Mientras Costa Rica recurre a la diplomacia internacional y a los foros multilaterales para destrabar el comercio de sus productos agropecuarios, Panamá sostiene que su proceder se ciñe a la legalidad técnica y sanitaria exigida por los organismos internacionales.
La resolución del conflicto dependerá del cumplimiento estricto de los protocolos y de la decisión pendiente en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio..
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