La CGT quiere replantear la distribución de fondos para las obras sociales que hizo la Superintendencia de Salud

La CGT le presentará el lunes próximo al Gobierno una propuesta para distribuir en abril $4.000 millones del Fondo de Redistribución entre las obras sociales, luego del malestar que generó un borrador de la Superintendencia de Servicios de Salud en donde figuraba un reparto de fondos que fue considerado “discrecional” por algunos dirigentes.

Dos de los dirigentes que elevarán la propuesta al titular de la Superintendencia, Eugenio Zanarini, serán el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y el secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el experto cegetista en el sistema de obras sociales.

Ese pago de $4.000 millones no tiene relación con los fondos adicionales que pidieron los sindicalistas a Alberto Fernández para compensar la caída de la recaudación de las obras sociales por la paralización de la actividad económica que trajo aparejada la cuarentena: el Gobierno ya se comprometió a dictar un DNU que establecerá una ayuda multimillonaria, que sería lo que pide la CGT: $45.000 millones en tres cuotas para el pago de sueldos y gastos de las obras sociales.

El Fondo de Redistribución, integrado por los aportes de trabajadores y contribuciones patronales que administra la Superintendencia, está destinado a reintegrarles a las obras sociales las prestaciones médicas de alto impacto económico y de tratamiento prolongado.

Los distintos gobiernos suelen demorar en efectuar los reintegros y esos fondos comenzaron a acumularse hasta llegar a los $15.000 millones que había al asumir el nuevo gobierno.

A mediados de marzo, ante el avance del coronavirus, la central obrera había conseguido que el ministro de Salud, Ginés González García, autorizara a que la Superintendencia les devolviera a las obras sociales unos $4.800 millones que el Estado les debía por reintegros de tratamiento de alta complejidad, sobre una deuda total que en aquel momento alcanzaba los $15.000 millones.

De esos 4.800 millones, a fines de marzo se liberaron $2.800 millones, pero la distribución que hizo el titular de la Superintendencia no dejó conforme casi a ningún sindicalista: también fue calificado de reparto “discrecional” porque, por ejemplo, le giró 258 millones de pesos a la obra social de Camioneros y relegó a las que pertenecen a sindicatos más numerosos.

Los dirigentes de la CGT se quejaron en ese momento y lograron el compromiso por parte de Zanarini de que se aplicaría un criterio más equitativo cuando en abril se distribuyeran otros $4.000 millones. Pero no fue así. El diario Clarín consignó que el nuevo listado de beneficiarios beneficiaría nuevamente al sindicato de Hugo Moyano y dio algunos ejemplos de repartos realizados de manera arbitraria: la obra social del Personal Superior de Mercedes Benz recibirá $24.281.387, mientras que a la obra social de la UOM, en cambio, le tocarán $25.154.100, aunque los metalúrgicos tienen muchísimos más afiliados.

En realidad, el listado de la Superintendencia de Servicios de Salud que circuló habría correspondido a un borrador de Zanarini, pero alcanzó para causar un profundo malestar entre los dirigentes de la CGT. Por eso se acordó que elaborarían una propuesta de reparto “más equitativo” para presentarle a Zanarini y se la llevarían el lunes próximo.

El problema de fondo, más allá del criterio elegido por Zanarini para distribuir los fondos, responde la manera en que está estructurado el sistema de salud sindical: como explica Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia, cuando en 1993 se estableció la libre elección de la obra social hubo algunas entidades pequeñas que triangularon sus servicios con la medicina prepaga y absorbieron a la población joven, sana y con mayores recursos, situación que es conocida como “descreme” y que ocasiona la pérdida del componente solidario del sistema.

Por eso hay obras sociales chicas que han crecido económicamente porque han hecho acuerdos con prepagas y sólo sirven de “vehículo” para que los trabajadores deriven desde allí sus aportes.

Algunas de esas obras sociales precisamente fueron las grandes beneficiadas en los últimos dos pagos de la deuda del Fondo de Redistribución en desmedro de entidades que tienen afiliados directos e importantes gastos relacionados con el sostenimiento de empleados, personal médico, pago de medicamentos y clínicas y sanatorios propios. “La plata que les dio Zanarini a algunas obras sociales termina beneficiando a las grandes prepagas”, coinciden las quejas sindicales.

Además, la Superintendencia priorizó a obras sociales de gremios “amigos” del Gobierno, como las de los Camioneros, a cuyo líder, Hugo Moyano, Alberto Fernández llamó “dirigente ejemplar”, mientras que les dio menos plata a entidades de sindicatos con muchos más afiliados.

De todas formas, más allá del malestar que existe y del planteo que le harán a Zanarini, hay dirigentes de la CGT que no quieren avanzar contra la Superintendencia por motivos prácticos: el Presidente está por firmar el DNU que les otorgaría a las obras sociales una ayuda de unos $45.000 millones para cubrir el déficit que genera la caída de la recaudación mensual.

Zanarini es un hombre de confianza del ministro de Salud, Ginés González García, pero no del sindicalismo. Antes de que Alberto Fernández asumiera la Presidencia, se comprometió con la CGT que designaría al frente de la Superintendencia a alguien propuesto por la dirigencia sindical. El candidato elegido fue David Aruachán, un médico que provenía de los equipos de expertos sanitaristas de la central obrera, pero imprevistamente el titular de Salud terminó nombrando a Zanarini, que era vicerrector de la Universidad Isalud, y el experto de la CGT fue relegado al cargo de gerente general. En la CGT aseguran que la ruptura del compromiso asumido por el Presidente se debió a la intervención en el tema de Cristina Kirchner.

Seguí leyendo: