El juez federal Luis Rodríguez elevó a juicio oral y público parte de la causa que investiga los negociados en la mina Río Turbio que tiene como principales imputados al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su principal colaborador, Roberto Baratta. En ese caso, se analiza una maniobra que habría perjudicado al Estado "en principio y cuanto menos" en la suma de 176 millones de pesos.
La decisión llega semanas antes de que se cumplan los dos años de detención de De Vido por esta investigación, en octubre próximo. Recientemente su defensa pidió que le otorgaran el beneficio de la prisión domiciliaria en virtud de su edad y de sus problemas de salud en el marco de la causa de los cuadernos. En diciembre, el ex funcionario kirchnerista cumplirá 70 años.
Pero lo cierto es que a casi 23 meses de su detención preventiva, el juez Luis Rodriguez decidió mandar a juicio oral a De Vido, Baratta y otros ex funcionarios y empresarios procesados por la causa. Allí figuran Atanasio Pérez Osuna, intendente de Río Turbio vinculado al kirchnerismo y ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio; el ex gerente de la empresa minera de Santa Cruz, Miguel Ángel Larregina; y el ex secretario de Minería Jorge Mayoral.
Rodríguez firmó esa resolución luego de un fallo del viernes de la Cámara Federal en donde se rechazaron una serie de nulidades solicitadas por la defensa de De Vido y Baratta en donde se cuestionaba el rol de las querellas de la Unidad de Información Financieras y la Oficina Anticorrupción, y la persecución penal contra el ex ministro de Planificación y la multiplicación de causas en su contra.
El caso ya fue elevado a Casación para que se sortee un tribunal oral. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 7 ya está ventilando una parte de ese expediente que llegó antes a debate oral: la parte en la que se intenta saber por qué el municipio de Río Turbio pagó 50 millones de pesos por hacer una calle que nunca realizó. En esa causa está imputado el empresario Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina y procesado también en la causa cuadernos. Allí interviene el Tribunal Oral Federal 7, por lo que se descuenta que será el que concentre todo el futuro juicio por la causa Río Turbio.
El caso
La causa de Rodríguez nació en 2016 para investigar el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos 264 millones de pesos. Sin embargo, el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas 26.000 millones de pesos destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón), pero el tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo solo 48.000 toneladas anuales.
El 4 de julio de 2017, Stornelli sacudió el tablero político al pedir el desafuero y la detención de Julio De Vido, junto a otras personas, acusándolos de haber firmado cientos de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional en Santa Cruz para la reconversión de la mina y puesta en marcha de un ramal ferroviario. A este proyecto se le asignaron miles de millones de pesos y pese a ello hoy está totalmente abandonado. Stornelli planteó que a través de los convenios firmados con la universidad se desviaron fondos públicos que terminaron en los bolsillos de distintas personas y no en el proyecto que se debía financia.
Sin embargo, en ese momento, Rodríguez rechazó las detenciones. Eso generó una grieta entre el fiscal y el juez, que se resolvió en la Cámara Federal con el fallo dictó la mal llamada "doctrina Irurzun" y que establece que además del peligro de fuga y el entorpecimiento en una investigación en curso hay que valorar los vínculos con los círculos de poder a la hora de considerar prisiones preventivas.
Tras los procesamientos iniciales, el juez ordenó una pericia que aún no finalizó. Sin embargo, después ahora se entendió que esa pericia no es condicionante para elevar el caso a juicio oral.
Según la resolución que firmó hoy, aquí se investiga "una maniobra defraudatoria, cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional –concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal,Inversión Pública y Servicios (en adelante MINPLAN) y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz (en adelante YCRT)-, y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante FRSC) de la Universidad Tecnológica Nacional (en adelante UTN) y de la "Fundación Facultad Regional Santa Cruz" (en adelante "Fundación")".
Esa maniobra, sostuvo la causa, se hizo "en connivencia con funcionarios y empleados públicos del MINPLAN, el YCRT y la FRSC, y los fundadores, directivos y empleados de la referida Fundación". Se añadió que "el perjuicio a las arcas del Estado Nacional asciende, en principio y cuanto menos, a la suma de $ 176.074.000".
La otra parte del caso
Durante este año además el caso Río Turbio estuvo a punto de pasar a la órbita del juez Claudio Bonadio. Es porque había otra investigación sobre el funcionamiento de la usina Río Turbio. Sin embargo, la Cámara entendió que las dos causas se anexaran en el juzgado de Rodriguez. Por eso ahora eleva parcialmente la causa por la mina. Queda para resolver algunas cuestiones puntuales y también el tema de la usina. En ese expediente Bonadio ya indagó a De Vido, Baratta, el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y un grupo de empresarios de la firma Isolux-Corsan, encabezados por Juan Carlos De Goycoechea, el hombre de negocios que abrió el dominó de "arrepentidos" en la causa de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Pero no se resolvió sobre sus situaciones procesales.
El fallo completo:
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