El juez Luis Rodríguez citó a declaración indagatoria a Julio De Vido por la causa Río Turbio y rechazó su detención

El juez federal Luis Rodríguez llamó a declaración indagatoria a Julio De Vido y a otros 36 imputados en el marco de una causa que investiga un desfalco de 265 millones de pesos destinados para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional deberá comparecer ante Rodríguez el 28 de noviembre próximo. Entre los otros citados están el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta y el ex secretario de Minería Jorge Mayoral.

El 4 de julio pasado el fiscal Carlos Stornelli había solicitado la indagatoria y la detención de De Vido y otros acusados, y para ello incluso se generó un debate en la Cámara baja para determinar si al ex ministro de Planificación correspondía quitarle sus fueros como diputado nacional por falta de idoneidad moral.

Luego del fallo del juez Rodríguez, Stornelli apeló a la Cámara y los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun consideraron "arbitraria" su decisión y ordenaron que se vuelva a pronunciar.

Para el juez Rodríguez, luego de producidas las pruebas que había ordenado es posible advertir que la triangulación realizada entre YCRT, la Facultad Regional de Santa Cruz de la UTN y la Fundación Facultad Regional de Santa Cruz -que integraban miembros de la propia facultad- permitió la disposición de fondos públicos sorteando "los diversos controles en materia de contratación", ocasionándoles así un perjuicio patrimonial al Estado Nacional.

Agrega en su resolución Rodríguez: "Entiendo que ahora sí se encuentra reunido el estado de sospecha al que alude el art. 294 del código ritual para recibirles declaración indagatoria a las personas sindicadas en relación a los hechos presuntamente ilícitos que se pesquisan".

Con relación al pedido de desafuero con fines de detención de De Vido, formulado por Stornelli, el magistrado señaló que "cobran preeminencia ante cualquier norma procesal, los principios constitucionales de inocencia y de libertad durante el proceso". En ese sentido, sostuvo que a la luz del principio de inocencia y de las garantías constitucionales, y teniendo en cuenta la conducta demostrada en el proceso por parte de los imputados, descarta cualquier riesgo procesal, es decir, peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Rodríguez afirmó que la complejidad de las maniobras investigadas impedirían un adecuado ejercicio del derecho de defensa, en caso de ordenarse las detenciones que solicitó el fiscal Stornelli.

El magistrado dispuso la prohibición de salida del país de los imputados, quienes deberán comparecer en el juzgado dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. Además ordenó que entreguen sus pasaportes y le encomendó al Ministro del Interior que se abstenga de iniciar cualquier trámite de obtención o renovación de ese documento por parte de las personas citadas a indagatoria. "Estas medidas, permitirán a mi entender neutralizar apropiadamente cualquier indicio de riesgo procesal", argumentó el juez.

Asimismo, Rodríguez dispuso una serie de medidas cautelares, entre ellas la inhibición general de bienes de la Fundación Facultad Regional de Santa Cruz, el bloqueo de sus cuentas bancarias, su intervención judicial y el embargo del único inmueble que posee, ubicado en el partido bonaerense de San Isidro. Además le prohibió a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y a la UTN que realicen cualquier pago o prestación de servicios entre ellos que estén relacionados con el convenio marco que dio origen al desvío de fondos que se investiga.