El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ordenó, en su carácter de jefe de los fiscales nacionales y federales, restringir los casos en los que estos deban autorizar un pedido de suspensión de juicio a prueba (probation).

Lo ocurrido con Jair Steven Jurado Mora, el motochorro colombiano que robó y fue liberado por una probation tras pagar $700, generó un debate que comenzó en los medios e involucró a diversos dirigentes políticos que se pronunciaron al respecto.

El 22 de enero, el hombre de 25 años le robó el celular a una joven de 18 en Almagro. Tras ser detenido por la Policía, la jueza de instrucción Patricia Guichandut le concedió la probation, decisión que contó con el acuerdo de la defensa y la fiscalía.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los funcionarios que se mostró indignado por tal resolución: "El año pasado agarramos a más de 200 y ninguno está preso", había expresado.

El acusado no recibió una pena sino la aplicación de reglas de conducta, como la de presentarse en Migraciones para regularizar su situación. La irrisoria suma de dinero que abonó fue para "resarcir a la víctima". Luego, fue liberado.

Mediante la Resolución PGN Js/2019, Casal les ordenó a todos los fiscales nacionales y federales a que se opongan a una suspensión de un juicio penal en los casos de corrupción de funcionarios públicos y en los hechos de robos simples reiterados o con el uso de vehículos, como el del colombiano Jurado Mora.

El instituto de la probation otorga la posibilidad a un imputado de delitos con penas menores a tres años, de solicitar la suspensión del juicio a prueba. Al presentar la solicitud, el imputado ofrece hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad correspondiente. Se le asignan tareas comunitarias para pagar su deuda con la sociedad y no se considera que fue culpable de un delito.

En aquel momento, el presidente Mauricio Macri también se pronunció sobre el caso del motochorro colombiano: "Es indignante, con una Justicia así no hay policía que alcance". El senador nacional del PJ, Miguel Ángel Pichetto, también se mostró en contra de la resolución de la jueza e incluso llegó a afirmar que impulsaría el juicio político sobre la magistrada.

Tras el revuelo, la Dirección General de Migraciones notificó al motochorro y su expulsión del país era un hecho.

Ahora, a partir de la resolución de Casal los fiscales -que son los que negocian con los imputados y los que acuerdan o no la suspensión del juicio a prueba- deberán valorar especialmente la razonabilidad de la suma ofrecida para reparar el daño, el monto de indemnización y la falta de antecedentes del acusado.

De este modo se deberán restringir especialmente la suspensión del juicio penal en los casos de arrebato en la vía pública y los robos por "motochorros", que -explican desde la PGN- solían tener un trato "generoso" en la justicia penal al momento de valorar la concesión de este beneficio.

La orden del Procurador especifica la obligación de los fiscales de verificar la falta de antecedentes como requisito para la concesión de una "probation" y el cumplimiento de requisitos formales como la veracidad de los domicilios de todos los imputados, y la regularidad de la permanencia en el país de los imputados extranjeros.

Los fiscales también tendrán ahora la obligación de apelar las decisiones que igualmente concedan la suspensión del juicio a prueba pese a su oposición, obligándolos incluso a apelar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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