Un juez federal avaló el pedido del gobierno nacional para detener y expulsar del país al motochorro de nacionalidad colombiana que había sido liberado después de pagar 700 pesos por el daño causado, lo que le valió a la magistrada que tomó la decisión la crítica del presidente Mauricio Macri y una denuncia para ser investigada.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Pablo Cayssials, juez en lo contencioso administrativo federal, dispuso el viernes pasado la "retención" de Jair Stevens Jurado Mora para luego ser expulsado del país. La retención es el término que usa la ley de migraciones para disponer la detención de una persona cuando está firme su expulsión del país.
El pedido de retención fue hecho por la Dirección Nacional de Migraciones que dispuso la expulsión de Jurado Mora. La Policía Federal y el resto de las fuerzas de seguridad ya tienen la orden de detención que todavía no se concretó.
Jurado Mora, de 24 años, fue detenido el 21 de enero luego de robarle el celular a una joven en el barrio de Almagro. Dos días después, la jueza de instrucción Patricia Guichandut le concedió una probation –suspender la causa penal a cambio de cumplir una serie de requisitos– con el acuerdo de la defensa y la fiscalía. El acusado no recibió una pena sino la aplicación de reglas de conducta, entre ellas presentarse en Migraciones para regularizar su situación. Además le pagó a la víctima 700 pesos para resarcir el daño. Y fue liberado.
El caso generó muchas críticas que llegaron hasta el presidente Macri: "Su caso es indignante, con una Justicia así no hay policía que alcance", dijo el mandatario. También el senador nacional del PJ Miguel Ángel Pichetto objetó a Guichandut.
Ante las críticas, Guichandut defendió su actuación. A través de un comunicado explicó cómo fue el procedimiento judicial, que lo hizo en el marco de la ley, que su resolución contó con el aval de la Fiscalía y que ni el Registro Nacional de Reincidencia ni la Policía Federal le informaron de antecedentes. Sobre los 700 pesos dijo que la norma establece que la reparación del daño debe ser "en la medida de las posibilidades" del acusado.
"Debo aclarar que los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y que contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional", sostuvo la jueza, que también contó con el apoyo de la Asociación de Magistrados que rechazó las críticas por su actuación en una causa judicial.
Luego, a pedido de Migraciones, Guichandut ordenó la detención del acusado pero su actuación será analizada. El Gobierno la denunció por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo que analiza la conducta de los jueces.
En el caso tomó intervención Migraciones y como Jurado Mora no se presentó a regularizar su situación –ya venció el plazo para hacerlo– dispuso su expulsión del país que quedó registrada en la disposición 18224/2019. El motivo de la expulsión no fue el robo del celular –ya que la causa se cerró como una probation que no deja un antecedente penal– sino los antecedentes penales que tenía en Colombia. En su país fue condenado a cuatro años y medio de prisión por portación ilegal de armas, a cuatro años por hurto agravado y a seis años por violencia familiar.
Para impulsar la expulsión, Migraciones comenzó el trámite judicial. El juez Cayssials dispuso el viernes pasado –el mismo día que Migraciones inició la causa– el aval a la decisión del organismo y a la detención del acusado. "Que atento a que la Disposición precedentemente mencionada, que ordena la medida expulsiva del accionado, se encuentra firme, corresponde hacer lugar a lo solicitado por la Dirección Nacional de Migraciones", sostuvo el magistrado en la resolución a la que accedió este medio.
Así, el magistrado ordenó la retención de Jurado Mora "al solo y único efecto de materializar la expulsión del territorio nacional".
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