El proceso judicial por el caso de la Corporación Argoz S.A. de C.V. ha ingresado en una nueva etapa con el inicio de las declaraciones de las víctimas, quienes relatarán ante el tribunal cómo fueron afectadas por uno de los fraudes inmobiliarios más cuantiosos de la historia reciente en El Salvador.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), la estructura operaba desde 1980, vendiendo lotificaciones a nivel nacional sin contar con los permisos legales requeridos y sin regulación de ninguna entidad competente.
Durante la jornada, las víctimas describirán que entregaron sumas que van desde 1,800 hasta 23,000 dólares por persona, bajo la promesa de que recibirían las escrituras públicas de compraventa de sus parcelas. Las familias, muchas de ellas con recursos limitados, realizaron pagos de forma sistemática durante años. Sin embargo, tras completar el pago total, la sociedad nunca cumplió con el compromiso de entregar los documentos que acreditaran la propiedad. Datos oficiales de la FGR confirman que los afectados nunca obtuvieron respaldo legal sobre las tierras adquiridas.
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De acuerdo con Derecho y Negocios, la Corporación Argoz implementó un esquema en el que vendía terrenos rurales mediante contratos de arrendamiento con promesa de venta, utilizando diversas sociedades pantalla para captar fondos.
Al finalizar los pagos, muchos compradores recibieron cartas de cancelación o escrituras falsas, ya que los terrenos no estaban inscritos en el Centro Nacional de Registros ni contaban con permisos de urbanización.
La estructura, dirigida por miembros de la familia Gómez Farfán y otros socios, movilizó más de 46 millones de dólares, cifra confirmada por la FGR como el monto total defraudado a cientos de salvadoreños.
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Durante las investigaciones, la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron múltiples allanamientos y capturaron, por lo menos, a 16 personas, entre directivos, empleados de confianza y presuntos testaferros.
Entre los imputados figuran Leticia Farfán, Rodrigo Gómez, Natalia Gómez, Edwin Rivera y Mónica Sanabria, quienes enfrentan cargos por estafa agravada, comercialización irregular de inmuebles, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.
La investigación de la FGR identificó que la red utilizaba empresas fachada y prestanombres para dificultar la trazabilidad de los fondos, muchos de los cuales se destinaron a gastos personales y bienes de lujo. Durante los operativos, las autoridades incautaron sumas considerables de dinero en efectivo y vehículos, además de intervenir propiedades de los principales implicados.
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El caso ha movilizado recursos del Ministerio de Vivienda, encabezado por la ministra Michelle Sol, para regularizar la situación jurídica de miles de familias afectadas.
Hasta enero de 2026, el gobierno salvadoreño había logrado legalizar más de 118,500 lotes y entregar escrituras a más de 71,000 familias, aunque muchos afectados continúan en lista de espera para recibir sus títulos de propiedad. Los lotes regularizados han significado la recuperación de un patrimonio nacional valorado en 1,185 millones de dólares, según datos oficiales.
El proceso judicial sigue bajo la jurisdicción de tribunales especializados en crimen organizado. Las autoridades han reiterado su compromiso con la justicia social y con restituir los derechos de los afectados.
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El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha señalado que las investigaciones continúan y que se prevé el surgimiento de nuevos casos relacionados con esquemas fraudulentos similares, ya que la problemática ha tenido impacto en diferentes departamentos del país.
La audiencia de las víctimas representa una fase clave para establecer la magnitud del daño y documentar la operativa de la red. La FGR sostiene que las declaraciones permitirán demostrar cómo la estructura defraudó a miles de salvadoreños y documentar la falta de entrega de escrituras a pesar de los pagos realizados, un hecho que ha marcado la vida patrimonial de numerosas familias en el país.
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