La Procuraduría General de la Nación mantiene una investigación iniciada a raíz de una denuncia anónima por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del Estado, relacionada con la evaluación y reconocimiento de títulos expedidos por las entidades American Andragogy University y Atlantic International University.
Como parte de las actuaciones investigativas, se realizó una diligencia de inspección ocular en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), con el propósito de verificar información vinculada a procesos de homologación de títulos y créditos académicos correspondientes a docentes y administrativos de dicha casa de estudios superiores.
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La diligencia estuvo encabezada por el Procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy.
La investigación representa un nuevo capítulo en la larga cadena de controversias que han rodeado durante los últimos años a la gestión de la rectora Etelvina de Bonagas, señalada previamente por cuestionamientos relacionados con nombramientos de familiares, manejo de fondos públicos, elevados salarios dentro de la institución y validación de títulos académicos de universidades extranjeras no acreditadas.
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El Ministerio Público abrió formalmente las pesquisas el 6 de marzo de 2026, cuando el procurador general de la Nación solicitó información detallada sobre procesos de validación, homologación y reconocimiento académico vinculados con títulos emitidos por ambas universidades estadounidenses, las cuales no cuentan con acreditación reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos.
La investigación busca determinar si estos diplomas fueron utilizados para facilitar ascensos laborales, reclasificaciones de puestos, mejoras salariales y nombramientos dentro de la estructura universitaria. Según testimonios citados en las investigaciones, algunos funcionarios habrían pasado de salarios mensuales cercanos a $1,800 hasta aproximadamente $5,000 tras presentar este tipo de títulos académicos.
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Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la posible utilización de títulos sin respaldo académico legítimo para obtener beneficios económicos dentro de una institución financiada con fondos públicos.
La Procuraduría también solicitó información sobre las comisiones universitarias encargadas de evaluar esos títulos y los procedimientos aplicados para su aprobación.
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El escándalo no surgió de manera repentina. Ya en 2023, el entonces diputado independiente Juan Diego Vásquez cuestionó públicamente a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas por nombramientos de docentes que poseían maestrías y doctorados expedidos por American Andragogy University, una institución no acreditada oficialmente en Estados Unidos.
Durante una comparecencia ante la Asamblea Nacional, la rectora reconoció que los cuestionamientos sobre esos títulos “sí eran ciertos”, aunque argumentó que existían comisiones académicas responsables de evaluarlos.
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Las pesquisas también han puesto bajo escrutinio a Atlantic International University, otra institución utilizada por docentes y administrativos para presentar credenciales académicas dentro de la UNACHI. Ambas universidades operan en Hawái y funcionan bajo modelos educativos virtuales y no tradicionales, pero carecen de acreditación oficial reconocida por autoridades educativas estadounidenses.
La magnitud del caso ha comenzado a revelar dimensiones mucho más amplias dentro de la universidad chiricana. De acuerdo con reportes internos expuestos ante el Consejo Académico, alrededor de 110 profesores habrían presentado títulos provenientes de estas universidades.
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De ese total, aproximadamente 27 docentes habrían utilizado esas credenciales en trámites administrativos o académicos formales relacionados con ascensos, tiempo completo o reclasificaciones.
Las autoridades buscan establecer si existió negligencia administrativa o posibles actos deliberados para favorecer nombramientos y aumentos salariales.
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La Universidad de Panamá tomó distancia del tema y reiteró que no reconoce títulos expedidos por American Andragogy University ni Atlantic International University. El rector Eduardo Flores Castro afirmó que la normativa universitaria solo permite validar títulos emitidos por universidades reconocidas oficialmente en sus respectivos países.
Como consecuencia del escándalo, la propia UNACHI revocó en 2025 nombramientos a tiempo completo otorgados a docentes que utilizaron títulos provenientes de estas instituciones estadounidenses no acreditadas. También dejó sin efecto la validación y evaluación de esos diplomas para concursos, ascensos y otros procesos administrativos internos.
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La investigación ocurre además en medio de cuestionamientos sobre el manejo financiero de la universidad. Datos oficiales indican que la planilla mensual de la UNACHI ronda los $5.8 millones y que al menos 249 funcionarios devengan salarios superiores a $7,000 mensuales. La propia rectora Etelvina Medianero de Bonagas mantiene un salario cercano a $12,000 mensuales, superior al del presidente de la República.
La universidad también enfrenta una compleja situación presupuestaria y mantiene una deuda millonaria con la Caja de Seguro Social por cuotas obrero-patronales retenidas. Estos problemas financieros se suman a denuncias previas sobre presunto nepotismo y contrataciones cuestionadas dentro de la institución.
El caso de la UNACHI aparece además en paralelo a otra investigación nacional impulsada por el Ministerio de Educación relacionada con una presunta red de diplomas falsos dentro del sistema educativo panameño. El Meduca ha presentado más de 141 denuncias penales y siete querellas vinculadas con falsificación de documentos, delitos contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir.
Las autoridades continúan recabando documentos, expedientes y registros administrativos para determinar la magnitud del presunto esquema y establecer posibles responsabilidades penales dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
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