
El análisis de los contenidos del celular Samsung S25 y el iPad hallados en el allanamiento al departamento de Hernán Boveri -médico anestesiólogo y ex amante de su colega “Fini” Lanusse, procesado junto a ella en la causa por el presunto robo de propofol en el Hospital Italiano- se encuentra en curso, ordenada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo de esclarecer el caso. Los datos recuperados de los aparatos ya se encuentran en manos de la la DATIP, el área de análisis informático forense de la Procuración.
Sin embargo, esa pericia clave para resolver el caso podría terminar anulada. Los contenidos de ese teléfono, escandalosos o incriminadores como sean, serían descartados de la causa para acusar al médico. El motivo: la defensa de Boveri planteó una “nulidad absoluta” con respecto a la pericia, que deberá ser resuelta por la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional en una audiencia a comienzos del mes próximo.
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El allanamiento ocurrió el 13 de marzo pasado, casi 20 días después del inicio de la causa. En ese allanamiento, de acuerdo al sumario de la Policía de la Ciudad, Boveri entregó “espontáneamente” los códigos de desbloqueo de ambos aparatos. Según la defensa, “los hechos no ocurrieron de ese modo”. “Es absolutamente inverosímil lo que se dejó asentado en aquellas actas”, continúa la presentación.
Hace algunas semanas, su defensa pidió que revocaran el procesamiento por falta de pruebas (TikTok: @finilanusse)
“La orden judicial, vale subrayarlo desde ya, habilitaba la requisa para el posterior secuestro, pero no contenía autorización alguna para interrogar a mi cliente sobre el contenido o los mecanismos de acceso a esos dispositivos”, asegura el escrito de la defensa.
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Boveri mismo aseguró según la presentación:
“Obviamente, yo no fui espontáneamente corriendo a los policías apenas entraron a mi casa a decirles este es mi celular y esta es mi clave de desbloqueo. Ni siquiera voluntariamente se los dije. De haber sabido que podía no hacerlo, jamás lo hubiera hecho”.
El escrito continúa: “Los interrogatorios de las fuerzas de seguridad, traducidos en supuestas “invitaciones” voluntarias, implicaron una intromisión ilegal en la esfera de privacidad del señor Boveri y, consecuentemente, una vulneración manifiesta de su derecho a no declarar contra sí mismo, pues el franqueo de sus dispositivos resultó en un perjuicio procesal".
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Según el abogado, el anestesiólogo que intervenía en el área de neurocirugía del Hospital Italiano fue “compelido” y hasta “directamente presionado”, en una afectación a sus garantías constitucionales. Incluso, criticó que se avanzara con la pericia a pesar de la queja. “El perjuicio se concretó”, afirmó la defensa.
Sánchez Sarmiento, por su parte, había negado en una primera instancia el planteo de nulidad el 9 de abril pasado. La defensa, en su presentación ante la Cámara, realizó la reserva del caso para llegar con su apelación hasta la Corte Suprema si la Sala V de la Cámara le cierra el paso.
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El peritaje al teléfono de Lanusse, por lo pronto, no fue realizado por cuestiones de agenda, aseguran fuentes del caso a Infobae. Los relatos de las médicas residentes del Hospital Italiano que rodeaban a Lanusse son, hasta ahora, el núcleo de la acusación en el caso y el núcleo del procesamiento firmado el mes pasado por el juez Sánchez Sarmiento.
Sin embargo, la Justicia ya cuenta con los contenidos del teléfono de Alejandro Zalazar, el enfermero vinculado a Lanusse y su amiga y colega “Tati” Leclercq, hallado muerto el 20 de febrero en su departamento con una vía conectada a su pie derecho.
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