
Gustavo Melella, intendente de la segunda ciudad de Tierra del Fuego, fue formalmente imputado este miércoles al mediodía de abuso sexual simple por el fiscal mayor Guillermo Quadrini, quien se reintegró hoy después de una semana de licencia médica.
Según pudo saber Infobae de fuente judiciales, Quadrini resolvió así impulsar la investigación a partir de la denuncia de uno de los tres obreros de la construcción que declararon en la Justicia de Río Grande haber sido víctimas de acoso y abuso sexual, revelada el fin de semana por este medio. Se trata de Mario (cuyo apellido se mantiene en reserva por pedido de su abogado), quien ya había sido aceptado como querellante.
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Para el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, la víctima contó que Melella "lo habría obligado a materializar actos sexuales contra su voluntad frente al temor que, -según su relato- implicaba negarse, dada su condición de Intendente y máxima autoridad de la ciudad".
Es por eso que Quadrini consideró que "los hechos descriptos y que forman parte del expediente -en principio y sin perjuicio del devenir de la instrucción- resultarían constitutivos del delito de abuso sexual bajo la modalidad de ¨abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder¨, previsto y reprimido en el art.119, primer párrafo del Código Penal".
El fiscal también adhirió a las medidas de prueba solicitadas por la defensa del denunciante, Francisco Giménez, entre las cuales figuran el pedido de informes a las compañías telefónicas sobre las líneas de los denunciantes, del "emisario" que le habría enviado el intendente a uno de ellos, la del empleado del Concejo Deliberante Héctor Daldi, y la del propio Melella, "con la finalidad de comprobar si las comunicaciones están relacionadas con la investigación".
En el caso de los otros dos denunciantes, Damián Rivas y Alfredo Suasnabar -a quienes Infobae entrevistó en Río Grande en exclusiva-, el fiscal Pablo Candela, que subrogaba a Quadrini, dispuso su desestimación el 10 de septiembre, solo un día hábil después que las víctimas pidieran que se instara la acción penal por los delitos de índole sexual. El fiscal no ordenó ninguna medida de prueba antes de rechazar la denuncia.
Rivas y Suasnabar declararon como testigos -con la obligación de decir la verdad– en la causa abierta por posibles irregularidades en la obra pública local en favor de "empresas amigas", el viernes 31 de agosto, a partir de una denuncia de Giménez. Fue en ese marco que contaron haber sido víctimas del acoso y abuso sexual por parte de Melella. Ambos pedirán esta semana ser a su vez querellantes.
El juez Raúl Sahade ahora debe resolver si acepta la desestimación por parte del fiscal Candela de esas otras dos denuncias o si, al ejercer el control de la legalidad de esa decisión, la rechaza.
El mismo fiscal Candela, en marzo pasado, había impulsado la investigación contra un oficial inspector de la Policía Provincial -Julio César Rockenbach- a partir de la denuncia de una integrante de la misma fuerza de menor rango, por "acoso sexual" y "violencia de género". La mujer policía había denunciado que su superior la había invitado a "hacer cucharita en la cama", entre otras insinuaciones de índole sexual y de acoso verbal en forma reiterada. En este caso, Candela imputó a Rockenbach de abuso sexual simple en grado de tentativa.
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