Pese al rechazo de la oposición, el oficialismo aprobará hoy la reforma del Código Procesal Penal porteño

El gobierno porteño que lidera Horacio Rodríguez Larreta se dispone a aprobar en la sesión de este jueves a las 11 una ley que reforma del Código Procesal Penal para hacer más "ágil, eficaz y rápida" la Justicia de la ciudad de Buenos Aires. La oposición rechazará el proyecto, al entender que viola las garantías de libertad, privacidad y derecho a la defensa.

El código procesal es una suerte de reglamento que establece cómo deben actuar los jueces, los fiscales y los defensores durante la etapa de investigación de un delito y el posterior juicio. Tal como adelanta el proyecto, el objetivo de la reforma es aumentar la oralidad del proceso, acortar sus tiempos y regular nuevas herramientas de investigación para "actualizar" el código de cara al traspaso de competencias desde la Justicia nacional a la porteña.

Entre los principales cambios se destaca el aumento de los plazos de detención para resolver la prisión o libertad del encausado (de 24 a 48 horas) y la incorporación de más causales de peligro de fuga. A su vez, se busca concentrar los pasos procesales para que todo sea más rápido. Se permitirán las notificaciones por vía electrónica y las declaraciones por videoconferencia. Los detenidos recuperarán la libertad desde el Ministerio Público Fiscal y ya no desde la comisaría, como se hace hasta el momento.

También se establece que un abogado oficial asista a las víctimas de los delitos en forma gratuita, al igual que hacen los defensores oficiales con los imputados. "Lo que hace es balancear la cancha, porque la víctima es la única parte que debe asumir un costo económico por participar activamente, a pesar de haber sido arrastrada al proceso", explicó a Infobae la legisladora oficialista Natalia Fidel.

No obstante, la cuestión que mayor rechazo genera en la oposición son las denominadas "medidas especiales de investigación", que implican mayores facultades para que jueces y fiscales puedan intervenir comunicaciones, vigilar y acceder en forma remota a dispositivos electrónicos (textos, cámaras, GPS). Según el texto, así se les brindará "herramientas modernas para agilizar la investigación". También se incorporan las figuras del "agente encubierto, el agente revelador y el informante".

Por eso, un grupo de diez ONG, entre las que se destacan Amnistía Internacional, Poder Ciudadano y el CELS, envió una nota a los legisladores en la que cuestionó la discrecionalidad de los jueces para ordenar estas medidas, la falta de límites de tiempo, la omisión de mecanismos de salvaguarda y destrucción de la información obtenida, entre otro puntos. "Las intromisiones estatales en la privacidad de las personas deben regularse en mira de los delitos más graves y bajo condiciones muy estrictas, en el marco de un proceso judicial que establezca claras y efectivas instancias de control", argumentaron. El defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, también alertó sobre un posible retroceso en el derecho a la defensa.

Según explicó el legislador Daniel Presti (Vamos Juntos) a Infobae, desde el oficialismo trabajaron hasta último momento para incorporar algunas de los señalamientos. "La observación que comparto es ponerle un límite de tiempo, porque no podés dejar medidas excepcionales al arbitrio de un magistrado", reconoce el presidente de la comisión de Justicia, pero aclara: "El problema es que parten (las ONG) de una premisa errónea, pensando que los jueces van a actuar de mala fe pinchando un teléfono o pidiendo un agente encubierto. Me parece que la legalidad está salvaguardada porque hay un magistrado que funda esa orden, que debe tener carácter excepcional y proporcional, y es pedido por el fiscal".

Por su parte, desde el interbloque Unidad Ciudadana-PJ consideran que es necesario adaptar el código, pero creen que el proyecto afecta las garantías del debido proceso. "Tiene modificaciones regresivas en cuanto al derecho de defensa, al principio de inocencia, al respeto a la libertad y a la intimidad", aseguró Mariano Recalde a Infobae. Para el diputado kirchnerista "lo más complicado son las medidas especiales de investigación, la posibilidad de escuchas, intervención de dispositivos y otras medidas que podrían afectar la intimidad del imputado y de terceros".

En la misma línea, el legislador Leandro Santoro (UC) argumentó que la reforma le da más facultades a los jueces "en un contexto de fuerte debilitamiento del estado de derecho", al mismo tiempo que se "endurece el poder punitivo del Estado en un marco de aumento de la conflictividad social".

Aunque, como salvedad, destacó que el aumento de la oralidad del proceso es positiva. "Se incorpora la audiencia multipropósito, en la que se cita a las dos partes y se resuelven varios pasos que antes eran por escrito. Es decir, el juez, una vez concluida la etapa de investigación, puede resolver varios actos procesales escuchando al imputado y a la víctima".

Para Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, "que pongan alguna que otra medida para que parezca más democrático no oculta la esencia del proyecto, que es abusivo, ilegal y arbitrario; no es más que una excusa para legalizar las escuchas y el espionaje".

Desde Unidad Ciudadana ya adelantaron que no acompañarán la norma, al igual que el Frente de Izquierda. Sin embargo, el oficialismo porteño cuenta con 34 votos, suficientes para aprobar el proyecto 1790-J-18. Además, Presti remarcó que, más allá de cualquier cambio en el texto, desde el kirchnerismo se opondrán a la reforma por cuestiones políticas. "Puedo poner todo lo que ellos quieran, igual lo van a votar en contra", resumió.