A sala llena, una audiencia pública realizada por el Concejo Deliberante de Morón tuvo momentos de caos y golpes de puño, cuando se disponía a tratar las obras en el Aeropuerto El Palomar, donde opera la aerolínea "low cost" Flybondi. La terminal actualmente cuenta con un funcionamiento restringido por una medida cautelar dictada el pasado 11 de enero.
La sesión de ayer, convocada por la Justicia en la Biblioteca Popular Juan Manuel Giuffra de Morón, tuvo tensión desde un primer momento. Con un marco de 400 asistentes, los insultos, cantos y abucheos de grupos opositores contra el nuevo aeropuerto comercial marcó la tónica del debate, mientras dirigentes de Cambiemos y aliados exponían sobre las ventajas de la terminal.
El primer orador fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, hasta que se vio interrumpido con gritos por un sector del público refractario al aeropuerto.
La queja tenía su origen en vecinos y organizaciones barriales que vienen realizando protestas y quejas ante la Justicia para impedir que la base aérea continúe funcionando.
El desbande ocurrió cuando el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, promediaba su discurso. En medio de una descarga de abucheos, se produjeron varios agarrones que tuvo como protagonistas entre otros a los concejales de Unidad Ciudadana Hernán Sabbatella, Florencia De Luca y Adrián Eslaiman.
Según fuentes que presenciaron la audiencia, Sabbatella enfrentó a Oscar Álvarez, ex presidente del Concejo Deliberante de Morón, que en medio del cruce le habría expresado una chicana política. Eslaiman le arrojó una golpe de puño y los incidentes crecieron implicando a varios dirigentes y vecinos.
Por esa circunstancia, la Municipalidad de Morón, a cargo de Cambiemos, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N° 7 de dicho partido contra Hernán Sabbatella y Florencia de Luca.

Sin embargo, los concejales Eslaiman y Sabbatella también denunciaron ataques ante los juzgados de Morón y plantearon que los agresores le rompieron la ropa.
"Patota de Tagliaferro encabezada por Oscar Álvarez ex Pte del HCD de Rousselot me agredió y golpeó en la Audiencia Pública por Flybondi en El Palomar, también al concejal de Hurlingham Adrián Eslaiman y a la abogada Julieta Ferrari", escribió dirigente kirchnerista en su cuenta de Twitter.

Posturas divididas
La audiencia duró casi 12 horas. Tras un comienzo revuelto, luego transcurrió normalmente. Hubo en total 95 oradores de los 140 inscriptos: 64 personas se expresaron a favor de que siga en funcionamiento el aeropuerto de El Palomar y las obras proyectadas, mientras que 31 que tuvieron o bien posiciones contrarias o bien preocupaciones por temas particulares como el medio ambiente y los derechos humanos.
En una declaración pública, el ministro de Transporte aseguró que se cumplieron con todas las exigencias y compromisos judiciales. Las medidas exigidas por la Justicia implicaban mediciones sonoras, informes ambientales adicionales, inspecciones, presentación de informes, de dictámenes y resoluciones técnicas.
Además, funcionarios del Ministerio de Transporte, de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) defendieron las obras que se están desarrollando.
Por su lado, la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, del Grupo Eurnekian, informó que invertirá -en tres etapas- un total de $1.600 millones en el Aeropuerto de El Palomar en concepto de obras.
Estas posturas fueron secundadas por representantes de los gobiernos de Salta, Tierra del Fuego, Jujuy, Corrientes y Río Negro, quienes pidieron que se levante la restricción en materia de vuelos. Consideran que el veto judicial está bloqueando el mayor desarrollo turístico en cada provincia.
Otra "low cost", la empresa Norwegian, manifestó su interés de operar en la nueva terminal que hace de alternativa al Aeroparque Jorge Newbery cuya capacidad está cerca de su límite.

Capacidad restringida
Según explicaron desde el ministerio de Transporte, la medida cautelar tuvo como resultado una restricción operativa de tres vuelos diarios tanto para despegues como aterrizajes. En total, hubo 156 vuelos con 9.934 pasajeros afectados por aquella resolución.
Además, desde el Gobierno plantearon que la inhabilitación conlleva que al menos 10 pilotos, por cada avión, no tengan trabajo. Calculan que serían 27 mil personas por mes que no vuelan, si se consideran los 23 tripulantes de cabina que se requieren por unidad.

En cambio, grupos vecinalistas plantean su rechazo a que el uso comercial de la base aérea representa un riesgo y un alto impacto ambiental para los barrios linderos. También se oponen porque en ese predio funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.
"Desde esa misma pista salían los vuelos de la muerte. En esos mismos hangares a mí me torturaron", manifestó una de las sobrevivientes, Soraida Martín.
Los diputados kirchneristas Mónica Macha y Rodolfo Tailhade junto a los concejales de Morón, Hurlingham y Tres de Febrero pidieron la nulidad de la audiencia pública de ayer por haber condicionado "la libre expresión de la ciudadanía"
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