Socios de Alianza Lima denuncian penalmente a árbitros, VAR y directivos de la FPF tras el polémico empate ante Comerciantes Unidos

La polémica por el arbitraje del empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, dejó de ser un debate deportivo y se trasladó al ámbito judicial. Un grupo de asociados del club victoriano formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público en la que cuestiona el desempeño del equipo arbitral y la actuación de los responsables del videoarbitraje.

La presentación fue realizada por el ciudadano y socio Julio Alonso Lozano Hernández y quedó ingresada ante el 5.º Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria-San Luis. En el documento, los denunciantes atribuyen presuntos delitos vinculados a una supuesta manipulación dolosa de una competencia deportiva, además de corrupción en el ámbito privado y actuación concertada, en agravio de Alianza Lima.

El caso se sustenta, según los denunciantes, en una serie de decisiones adoptadas durante el encuentro disputado en Cutervo, con especial énfasis en una jugada del segundo tiempo que, a su juicio, debió terminar en sanción máxima.

En ese marco, el colectivo de socios sostiene que las determinaciones en cancha y desde la cabina VAR tuvieron un impacto directo en el resultado y afectaron deportivamente al club blanquiazul.

A quiénes alcanza la denuncia presentada ante la Fiscalía

La denuncia penal comprende a once personas relacionadas con el arbitraje y la organización del partido. Entre ellas se encuentra el árbitro principal Augusto Menéndez, los asistentes Jesús Sánchez y Jeyner Zapata, el cuarto árbitro Jhon Saavedra y el asesor arbitral Seifer Cachay.

El escrito también incluye a los integrantes del VAR: Jesús Cartagena, Enrique Pinto y Jhonny Bossio. Además, apunta a las principales autoridades vinculadas al arbitraje y a la federación: el presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), Juan Manuel Sulca, y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.

En su argumentación, los denunciantes plantean que los hechos deben ser investigados para determinar si existió una conducta deliberada orientada a perjudicar a Alianza Lima y beneficiar a terceros. La acción legal busca que el Ministerio Público abra diligencias preliminares y disponga medidas para evitar que se pierdan elementos relevantes del caso.

En esa línea, el documento solicita la incautación de materiales asociados al encuentro, como audios de la cabina VAR, grabaciones, registros audiovisuales y comunicaciones internas generadas antes, durante y después del partido, con el objetivo de reconstruir el proceso de toma de decisiones y el manejo de la tecnología arbitral.

La jugada clave: el golpe a Jairo Vélez y el penal no sancionado

El principal punto de conflicto descrito en la denuncia corresponde a una acción ocurrida a los 63 minutos. Según el relato, el defensor Alexis Cossio impactó con un codazo en el rostro a Jairo Vélez dentro del área, acción tras la cual el futbolista de Alianza Lima terminó con el rostro inflamado.

Los denunciantes sostienen que, pese a la evidencia del golpe, ni el árbitro principal ni el VAR consideraron que existiera una infracción que ameritara la sanción de un tiro penal. Ese episodio fue señalado como el eje de la acusación y como el ejemplo más visible de lo que interpretan como un perjuicio deportivo.

La denuncia también cuestiona otras decisiones durante el compromiso. Entre ellas, menciona la interrupción reiterada de ataques de Alianza Lima por supuestas infracciones y manos que, según el documento, no existieron o resultaron dudosas, y que terminaron por frenar avances que podían concluir en situaciones de gol.

A ese paquete de reclamos se sumaron denuncias públicas de integrantes del plantel y de la delegación. Los textos señalan que Fernando Gaibor y el directivo Franco Navarro afirmaron haber sido objeto de amenazas, faltas de respeto y amonestaciones que consideraron injustificadas por parte del juez principal.

En ese contexto, el malestar fue escalando hasta derivar en la decisión de acudir a la vía penal, bajo el argumento de que el caso no debía quedar circunscrito a sanciones deportivas o administrativas. Los socios que impulsan la medida sostienen que la controversia arbitral del partido se enmarca en una situación más amplia que, a su entender, requiere intervención fiscal.

Pronunciamientos en redes y respaldo de socios organizados

Antes de formalizar el trámite, Julio Alonso Lozano Hernández explicó en redes sociales las razones de la denuncia y utilizó un mensaje con términos duros para justificar la decisión. “Ya estamos hartos de toda esta podredumbre y de la misma porquería semana tras semana. Mañana mismo ingreso la denuncia penal contra todas esas lacras. Al club no se le defiende con comunicados, sino con acciones. Si este robo se consuma, será a pesar de mí. No más tibieza”, escribió en su cuenta de X.

Tras la presentación, el colectivo Socios Organizados AL1901 manifestó su respaldo y señaló que la gravedad de los hechos amerita una investigación en sede judicial. “¡Alianza se defiende! Basta de apelar a sanciones medianas y con poca repercusión. Aquí hay indicios suficientes para suponer la existencia de una presunta organización criminal y debe investigarse a profundidad”, indicó el grupo en un comunicado difundido en plataformas digitales.

En paralelo, los textos remarcan que el episodio quedó instalado como una de las polémicas arbitrales más comentadas en el inicio del Torneo Clausura 2026. La denuncia, en tanto, solicita que la Fiscalía inicie diligencias preliminares y reúna el material probatorio vinculado al arbitraje, el VAR y las comunicaciones relacionadas con el partido.

La presentación sostiene que su propósito es esclarecer si hubo una actuación coordinada que afectó el desarrollo del encuentro, con énfasis en la jugada del minuto 63 y en una serie de cobros que los denunciantes consideran determinantes para el resultado final en Cutervo.