Marina de Guerra condena la agresión sexual a menor en el Liceo Naval: anuncia revisión de normas y “garantizar entornos seguros”

La Comandancia General de la Marina emitió un pronunciamiento oficial en el que expresó su “absoluto rechazo y condena” a toda forma de violencia, maltrato o acoso contra estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, a casi una semana de que un grupo de adolescentes de quinto de secundaria fueran retenidos por la Policía Nacional acusados de agredir sexualmente a un compañero de 16 años dentro de un bus escolar.

El comunicado, firmado por el almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, manifiesta solidaridad con el estudiante afectado y su familia, y sostuvo que la protección, la formación integral, la dignidad y el bienestar de los alumnos constituyen parte de la misión institucional. “Con la repudiable agresión acaecida, esos objetivos se han visto totalmente vulnerados”, señaló el comunicado.

El almirante reconoció que los hechos generan la necesidad de identificar errores y adoptar medidas correctivas. “Con dolor, humildad y entereza se identifican los errores. Nuestra obligación es aprender de ellos y corregir cuando sea necesario”, dice el texto. La institución anunció que ha dispuesto acciones concretas para analizar y revisar las normas vigentes en los liceos navales —no solo el de San Borja, sino los distintos planteles que administra en el país— con el objetivo de fortalecer la convivencia educativa y garantizar entornos seguros.

El comunicado también subrayó que la Marina actuará con “responsabilidad, transparencia y firmeza”, con estricto respeto a la ley y al debido proceso, mientras las autoridades competentes continúan con las investigaciones. La institución recordó que los liceos navales desarrollan sus actividades conforme a las normas del Ministerio de Educación y las disposiciones aplicables a su organización y funcionamiento.

Protección de la identidad de los menores

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el llamado a proteger la identidad y la privacidad de los menores involucrados. La Marina rechazó la difusión de información que pueda vulnerar la dignidad, la tranquilidad o la privacidad de cualquier estudiante, incluidos tanto la víctima como los presuntos agresores, mientras los hechos continúen bajo investigación.

“La protección de los estudiantes, especialmente de las víctimas, debe prevalecer sobre cualquier interés de exposición pública”, señaló el comunicado, y recordó que, al tratarse de menores de edad, la reserva de información es una obligación legal y ética durante el desarrollo de las diligencias. El punto adquiere relevancia particular: el Ministerio Público investiga a la periodista Milagros Leiva por haber revelado la identidad de uno de los estudiantes involucrados en el caso.

Agresión sexual y bullying en Liceo Naval Almirante Guise

El hecho ocurrió el lunes 15 de septiembre durante el viaje de retorno de una actividad de futsal. Según la investigación fiscal, diez alumnos de quinto de secundaria habrían agredido sexualmente a un compañero de cuarto año, de 16 años, dentro del bus que los trasladaba desde Surco hacia San Borja. La Defensoría del Pueblo informó que en el vehículo viajaban, además de los escolares, tres adultos: el conductor y dos trabajadores del plantel. “Los menores no estaban solos. Había tres adultos, uno era el chofer y los otros dos eran de la institución educativa”, declaró la vocera de la entidad, Sandra Ramos, a Canal N.

La familia de la víctima presentó la denuncia en la comisaría de San Borja la noche del martes 16. Al día siguiente, agentes de la Policía Nacional acudieron al plantel durante el horario escolar e intervinieron a diez escolares —integrantes del equipo sub-17 de futsal— que aún vestían el uniforme de educación física cuando fueron trasladados a la dependencia policial. Los menores permanecieron allí acompañados por sus padres mientras se desarrollaban las primeras diligencias.

La Séptima Fiscalía de Familia dispuso, entre otras medidas, que la víctima brinde su testimonio mediante cámara Gesell, procedimiento especializado para recoger declaraciones de menores en un entorno protegido, sin contacto directo con los presuntos agresores. El Ministerio de Educación activó el protocolo 4, referido a la convivencia en instituciones educativas y a las medidas de protección para los estudiantes.

La primera respuesta del colegio y la corrección posterior

El 16 de septiembre, un día después de la agresión, el Liceo Naval Almirante Guise emitió un comunicado a los padres de familia en el que describió lo ocurrido como un “grave hecho de presunta agresión física” durante el traslado de una actividad deportiva. La calificación generó cuestionamientos: la Defensoría del Pueblo señaló que el MIMP había calificado el caso como una presunta violencia sexual y anticipó que el colegio emitiría un nuevo pronunciamiento. La Comandancia General de la Marina emitió el suyo esta semana, con una caracterización más precisa de los hechos y un alcance institucional más amplio.

Una trayectoria que “se quiebra”

El almirante Bravo de Rueda apeló a la historia del plantel para dimensionar la gravedad del episodio. “Durante más de sesenta años, de las aulas del Liceo Naval Almirante Guise han egresado profesionales, ciudadanos ilustres y hombres y mujeres de bien que han puesto su esfuerzo al servicio del Perú. Sus actuales alumnos forman parte de esa historia y tienen la responsabilidad y oportunidad de continuarla”, sostuvo. Y fue directo: “Este hecho lamentable quiebra esta trayectoria”.

El comandante general cerró su pronunciamiento con un mensaje a la denominada “Familia Naval”: “Mantengamos la unidad, la cohesión y la confianza. Actuemos con honestidad, humanidad y firme compromiso ante cada desafío. Tengamos el valor de reconocer qué debe mejorar y el honor de defender lo que significa pertenecer a la Marina de Guerra del Perú”.

La investigación fiscal, según estimó el penalista Luis Lamas Puccio, podría extenderse entre 120 y 140 días. Al tratarse de menores de edad tanto la víctima como los implicados, el caso se tramita a través del Código del Niño y Adolescente y no en el fuero penal ordinario. Si se confirma una conducta grave, los infractores podrían recibir medidas socioeducativas que incluyen restricciones de libertad en centros especializados de entre cuatro y seis años.