Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la periodista y candidata en plena campaña electoral en Caraz

La pistola Glock calibre 9 × 19 milímetros hallada en poder del presunto sicario que mató a Susy Isabel Aponte Polo —conocida como La China Polo— había sido denunciada como robada en 2023 y pertenecía a un efectivo de la Policía Nacional del Perú. Ese dato, revelado por el parte policial, se convirtió en una de las líneas centrales de una investigación que ya acumula tres detenidos y ninguna respuesta sobre quién ordenó el crimen.

El arma es propiedad del agente Christian Arévalo Calderón, quien reportó su sustracción desde el interior de su vivienda en Villa El Salvador, Lima, el 15 de noviembre de 2023. La pistola —negra, serie BTVG236, reportada junto con su cargador— apareció casi tres años después en manos de Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano de 30 años capturado en la Carretera Central, frente al cruce Palmira, minutos después del ataque. Cómo llegó el arma desde Lima hasta Áncash y cómo terminó en poder del detenido son preguntas que la Fiscalía y la Policía Nacional aún no han podido responder.

El crimen ocurrió en plena campaña electoral y quedó grabado en vivo

Aponte Polo fue asesinada el sábado 20 de septiembre a las 12:40 horas en la avenida Ramón Castilla, frente a la Caja Huancayo, en las inmediaciones del mercado de Caraz, provincia de Huaylas, región Áncash. Tenía 44 años y era candidata al Gobierno Regional por el movimiento Socios por Áncash en las elecciones del 4 de octubre.

Recorría el mercado junto a simpatizantes de su agrupación, entregando propaganda electoral, cuando un sujeto la interceptó y le disparó. Una bala le impactó en la cabeza. El ataque quedó registrado en una transmisión en vivo que realizaba el periodista y abogado Víctor Castillo: en las imágenes se escuchan varios disparos y, segundos después, se ve la caída de la candidata y de quienes la rodeaban.

Los médicos del Hospital San Juan de Dios de Caraz certificaron su fallecimiento. Cinco personas que la acompañaban resultaron heridas por proyectil de arma de fuego, entre ellas tres menores de edad. Los heridos fueron identificados con las iniciales R.A.M., de 55 años; P.O.P., de 72; A.A.J., de 33; C.A.C.H.L., de 18; y E.C.H.C. Dos de ellos fueron trasladados a Huaraz para recibir atención especializada.

Tres detenidos y una discrepancia entre el Ministerio Público y el fiscal de la Nación

El caso acumula tres personas detenidas, aunque persiste una diferencia entre las versiones oficiales. El Ministerio Público confirmó dos detenidos en flagrancia: Luis Iván Obispo Díaz, venezolano, señalado como el presunto autor de los disparos, y Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana, trasladado desde Lima hacia Caraz. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, fue más lejos en sus declaraciones a RPP Noticias e indicó que los detenidos eran tres.

“Ya se tiene detenido al sicario. Se ha detenido también a un supuesto financista [...] y también a otra persona que estaba transportando previamente al sicario”, declaró Gálvez a la emisora. El fiscal agregó que existen “elementos suficientes para tener la convicción” de que los tres habrían participado en el crimen y que las pesquisas avanzan para establecer el grado de responsabilidad de cada uno.

El tercer detenido fue capturado en el distrito limeño de Surco. Tenía 29 años y fue identificado mediante un trabajo de inteligencia que permitió ubicar el vehículo en el que se desplazaba. Las autoridades no precisaron si esta detención corresponde al supuesto financista o al presunto encargado de trasladar al atacante antes del crimen.

Un equipo especializado de la División de Homicidios de Lima viajó a Áncash para reforzar las diligencias. La Fiscalía de Huaylas también solicitó las cámaras de un hotel de Caraz y ordenó pericias adicionales. La necropsia de ley se realizó la mañana del domingo 21 de septiembre en la morgue de medicina legal de Huaraz.

Hoy, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Caraz ordenó 15 días de detención preliminar contra Luis Iván Obispo Díaz, de 30 años, y Ronald José Toro Ardila, alias “Ronald”, investigados por el presunto delito de sicariato. La medida fue dictada tras el requerimiento presentado por el equipo fiscal de Huaylas.

Durante ese plazo, el Ministerio Público y la Policía Nacional continuarán con las diligencias para esclarecer la participación de ambos detenidos y determinar si existen más involucrados en el asesinato de Susy Isabel Aponte Polo. La investigación busca identificar no solo a los presuntos ejecutores, sino también a quienes habrían financiado, coordinado u ordenado el ataque.

La investigación empezó como feminicidio y derivó en sicariato

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas abrió inicialmente una investigación preliminar por el presunto delito de feminicidio. La decisión generó rechazo inmediato entre quienes conocían a Aponte Polo y su entorno.

La Fiscalía rectificó el rumbo. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho), a cargo del fiscal Raúl Godos Sedán y la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate, asumió competencia y recalificó el delito a presunto sicariato: un asesinato cometido por encargo o a cambio de dinero. Entre las diligencias dispuestas estuvieron el levantamiento del cadáver, la recopilación de registros de cámaras de videovigilancia de la zona y la realización de la necropsia.

Obispo Díaz, el presunto autor material, fue trasladado al hospital de Huaraz tras ser capturado, porque presentaba heridas aparentemente producidas por impactos de bala. Los reportes preliminares indicaron que habría resultado herido en un enfrentamiento con el equipo de seguridad que resguardaba a Aponte Polo durante el ataque. Tras recibir atención médica, quedó a disposición de la Fiscalía.

Su colega reveló que la periodista sabía que la querían matar

Lourdes Sacín, quien trabajó con Aponte Polo durante los dos últimos años, habló públicamente horas después del crimen. Reveló que había conversado con la periodista minutos antes del ataque.

“Hoy día me agarró desprevenida. No esperí que me llamaran para decirme que había fallecido, porque yo estaba hablando con ella. Yo había hablado un rato antes”, dijo Sacín. Contó que la conversación abordó temas laborales y personales: el cumpleaños de la propia Sacín coincidió con el día del crimen. “La han asesinado el día de mi cumpleaños y ella me estaba diciendo que en la noche hablábamos porque quería darme un regalo; hablábamos de otras cosas, incluso de los temas que iban a salir mañana, hablando de algunas fuentes. Pero todo se acabó, todo se apagó en un segundo”, señaló.

Sacín fue categórica sobre el conocimiento previo del riesgo. Afirmó que Aponte Polo y todo su equipo periodístico sabían que su vida estaba en peligro. “No voy a entrar en detalles de sospechas o de qué pasó o de qué sé. No voy a entrar en ningún tipo de detalles al respecto porque uno también tiene que pensar en su propia seguridad y creo que ‘La China’ se confió, porque ‘La China’ sabía que la querían matar, lo sabía, todos lo sabíamos”, remarcó.

La colega también rechazó la calificación inicial de feminicidio. “Sabíamos que había amenazas a ella, al programa, al equipo, a mí. Ella puso denuncias, ella pidió, pero no pasó nada. Hoy si salí a hablar, aunque sin dar detalles, es porque no puedo creer que la Fiscalía de Áncash quiera abrir una investigación por feminicidio; eso no es un feminicidio, pero como ella decía, la justicia en Áncash es corrupta”, cerró Sacín.

Las investigaciones periodísticas de ‘La China Polo’ y las amenazas previas al crimen

La ‘China’ Polo no era únicamente candidata. Durante años construyó una plataforma periodística desde la que difundió investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, crimen organizado, minería ilegal, autoridades, obras públicas y actuaciones de policías y fiscales. Su programa China Polo Dominical abordó casos vinculados con Áncash y otras regiones del norte del país.

Entre los temas que había investigado figuraban organizaciones criminales, secuestros, extorsiones y la violencia asociada a la minería ilegal en Pataz. Uno de sus trabajos recientes abordó el secuestro de un empresario en Trujillo y planteó interrogantes sobre posibles conexiones entre personas investigadas y estructuras criminales. Sus reportajes también alcanzaron a municipalidades, a la Policía Nacional y al Ministerio Público.

Horas antes de ser asesinada, Aponte había anunciado nuevos contenidos relacionados con postulantes de Alianza para el Progreso y con presuntas irregularidades policiales vinculadas a obras en Chiclayo. Días antes del crimen había denunciado públicamente que recibía llamadas desde penales en las que le advertían sobre un supuesto atentado. En esas declaraciones responsabilizó al jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo Farfán, y formuló señalamientos contra otros mandos policiales y fiscales. Hasta ahora, las autoridades no han establecido que alguno de los mencionados tenga responsabilidad en su asesinato.

Gálvez indicó que existen varias hipótesis de trabajo para determinar quién habría ordenado el crimen, pero que revelar mayores detalles podría perjudicar las diligencias en curso. La pregunta sobre el autor intelectual del presunto sicariato sigue sin respuesta. La Fiscalía deberá determinar si las amenazas que la también periodista denunció guardan relación directa con el ataque o si el móvil corresponde a otro ámbito de su actividad periodística, política o personal.

La familia convocó una vigilia y una marcha mientras avanza la investigación

Tras el crimen, la familia de Aponte Polo convocó a una vigilia la noche del sábado y anunció una marcha para el domingo 20 de septiembre en Caraz. La comunidad de Áncash y el gremio periodístico repudiaron el ataque en redes sociales y medios locales.

El asesinato de La China Polo se produjo a 15 días de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, en las que era candidata al Gobierno Regional de Áncash. Su muerte convirtió al caso en uno de los crímenes contra periodistas y candidatos más graves registrados en el país en los últimos años, con una investigación que avanza sobre los ejecutores del ataque pero que todavía no puede señalar con evidencia a quien lo ordenó.