El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra 15 presuntos integrantes de ‘La red del silencio’, organización investigada por el cobro de cupos a empresas y trabajadores del transporte en el Callao y Lima Norte. La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao y corresponde a una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión agravada.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los investigados habrían exigido pagos diarios a los transportistas para permitir que sus unidades continuaran circulando. Los montos fluctuaban entre S/10 y S/40 por vehículo, aunque en algunos casos las cuotas podían alcanzar los S/70 diarios. Entre las empresas mencionadas en la investigación figuran TransLima S.A. y Holding Real Express S.A.
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El caso tomó impulso tras un megaoperativo ejecutado el 23 y 24 de junio en Lima, Callao y Chimbote, donde fueron intervenidas 18 personas señaladas como presuntos integrantes de la organización. Las pesquisas fiscales apuntan a una estructura que utilizaba grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales para enviar amenazas a los transportistas.
Prisión preventiva para 15 presuntos miembros de banda dedicada a extorsionar a transportistas
La decisión judicial establece 36 meses de prisión preventiva para Pablo Quezada, Alberto Sevilla, Delia Moreno, Renzo Arcelles, José Tablante, Maribel Ushinahu, Carlos Montes, José Angarita, Franyer Márquez, Teresa García, Víctor Serrano, Roberto Justo, Miguel Cabezas, Marco Tarrillo y Katerin Quezada. Todos afrontan la investigación en calidad de presuntos integrantes de ‘La red del silencio’.
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La Fiscalía atribuye a los investigados los presuntos delitos de organización criminal y extorsión agravada. La medida busca garantizar su permanencia durante el desarrollo del proceso, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para establecer el grado de participación que habría tenido cada uno en los hechos investigados.
En el caso de Auriani Díaz y César Quezada, la decisión fue distinta. Ambos recibieron detención domiciliaria y reglas de conducta por tres años, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público. La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Lía Balarezo Ramírez, con el apoyo de los fiscales adjuntos Helen Lozano, Diego Fuentes y Doris Delgado.
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WhatsApp, amenazas y cobros de hasta S/70: así operaba ‘La red del silencio’
Según las indagaciones fiscales, la presunta organización habría establecido un sistema de cobro de cupos a transportistas que operaban en distintos sectores del Callao y Lima Norte. Los pagos se realizaban por cada unidad vehicular y podían variar según la ruta o las condiciones impuestas por los presuntos extorsionadores.
Las comunicaciones se realizaban principalmente mediante grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales. Desde estos canales, los investigados habrían enviado mensajes con amenazas dirigidas contra los transportistas y sus bienes. La Fiscalía también señala que las comunicaciones podían incluir imágenes de armas de fuego y explosivos para generar temor entre las víctimas.
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La investigación apunta a que el esquema habría afectado a más de 190 choferes y unidades de transporte público. Entre los sectores identificados aparecen Oquendo, en el Callao, así como San Martín de Porres y Los Olivos. Las empresas, propietarios de vehículos, conductores, cobradores y otros trabajadores vinculados al servicio aparecen entre los agraviados considerados en la pesquisa.
Megaoperativo permitió intervenir a 18 presuntos integrantes de ‘La red del silencio’
El megaoperativo contra ‘La red del silencio’ se desarrolló durante el 23 y 24 de junio de 2026 de manera simultánea en Lima, Callao y Chimbote, en Áncash. La intervención estuvo a cargo del Ministerio Público, en coordinación con la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO) de la Policía Nacional del Perú.
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Las diligencias permitieron intervenir a 18 personas señaladas como presuntos integrantes de la organización. El despliegue policial y fiscal formó parte de una investigación que buscaba reconstruir la estructura de la presunta red y determinar cómo se distribuían las funciones relacionadas con el cobro de cupos y las amenazas a los transportistas.
Ahora, con la prisión preventiva de 15 investigados, la Fiscalía continuará con las diligencias para determinar la responsabilidad individual de cada persona comprendida en el caso. El Ministerio Público sostiene que las investigaciones se desarrollan respetando el debido proceso y en coordinación con la Policía Nacional.
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