Golpe a la extorsión en Lima y Callao: capturan a 25 presuntos miembros de ‘La Red del Silencio’, acusada de cobrar cupos a más de 190 choferes

Un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público terminó con la detención de 25 presuntos integrantes de la organización criminal ‘La Red del Silencio’, investigada por cobrar cupos a transportistas en distintos puntos de la capital y el primer puerto. Según la tesis fiscal, la banda habría afectado a más de 190 choferes y unidades de transporte público, obligando a conductores y empresas a entregar dinero a cambio de no sufrir represalias.

La intervención se desarrolló de manera simultánea con el allanamiento de 21 inmuebles y la requisa de una celda en el penal de Lurigancho, como parte de una estrategia orientada a desarticular una presunta red que habría operado durante varios años, aunque con mayor intensidad en 2025. Las pesquisas señalan que los principales focos de acción estaban en Oquendo, en el Callao, además de distritos como San Martín de Porres y Los Olivos, zonas donde los transportistas recibían amenazas constantes por parte de supuestos extorsionadores.

Extorsión a transportistas en Lima y Callao: cómo operaba la presunta red criminal

De acuerdo con la investigación fiscal, los agraviados no solo eran empresas de transporte formal e informal, sino también propietarios, conductores, cobradores y otros trabajadores vinculados al servicio. Entre las compañías mencionadas figuran Translima y Holding Real Express S.A., mientras que el número de vehículos comprometidos alcanzaría alrededor de 190 unidades que cubren diversas rutas, incluida la avenida Izaguirre.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, detalló que el grupo concentraba sus operaciones en sectores estratégicos del Callao y Lima Norte, donde se habría exigido el pago de sumas diarias para permitir que las unidades continuaran circulando sin ataques. En algunos casos, las cuotas iban desde S/10 y S/40 por vehículo, aunque en determinados casos podían subir hasta S/70 diarios, según la información reunida por el Ministerio Público.

Las amenazas, según la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada del Callao, llegaban a través de grupos de WhatsApp y de números telefónicos nacionales e internacionales. Desde esos canales, los presuntos integrantes enviaban mensajes extorsivos con advertencias directas contra la vida, la integridad y el patrimonio de las víctimas. También se habrían incluido imágenes de armas de fuego, explosivos y otros elementos utilizados para reforzar el miedo entre los transportistas.

Transportistas reportaron amenazas a las autoridades

La investigación se activó luego de denuncias y reportes de los propios conductores afectados, quienes alertaron a las autoridades sobre los cobros ilegales que venían soportando. A partir de esas alertas, los equipos especializados empezaron a reconstruir la presunta estructura criminal y a identificar a quienes estarían detrás de las exigencias económicas.

Además de las presuntas amenazas por mensaje, el expediente fiscal también recoge la hipótesis de que algunos integrantes de ‘La Red del Silencio’ habrían participado en ataques contra unidades de transporte, disparos contra conductores y otros actos violentos destinados a asegurar el cumplimiento de los pagos. Con la detención preliminar por 15 días, el Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar el grado de participación de cada investigado y sustentar las responsabilidades penales que correspondan.

La ampliación de la declaratoria de emergencia se produce en un contexto marcado por el incremento de hechos delictivos en distintos puntos de la capital. Mediante la Ordenanza N.° 2830, la Municipalidad Metropolitana de Lima oficializó la extensión de la medida por 60 días adicionales, a partir del 21 de junio de 2026, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y respuesta frente a la inseguridad ciudadana.

La disposición permitirá fortalecer la capacidad operativa del Serenazgo Metropolitano, optimizar los sistemas de videovigilancia y agilizar la adquisición de bienes y servicios vinculados a la seguridad. Además, la comuna podrá ejecutar intervenciones prioritarias y establecer convenios con entidades públicas y privadas para mejorar el soporte logístico y tecnológico destinado a la protección de los vecinos.