Caen 25 presuntos miembros de banda acusada de extorsionar a más de 190 unidades en Lima y Callao

El Ministerio Público ejecutó una orden de detención preliminar contra 25 integrantes de la presunta organización criminal “La Red del Silencio”, investigada por extorsionar a transportistas en el Callao y Lima Metropolitana. La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao y se desarrolló junto con diligencias complementarias, entre ellas el allanamiento de 21 inmuebles y la requisa de una celda en el penal de Lurigancho.

La medida judicial, dictada por 15 días, se sustentó en la hipótesis fiscal sobre un esquema delictivo que habría operado desde años anteriores, con una mayor incidencia durante el 2025. Para la Fiscalía, el núcleo de acciones se concentró en el sector de Oquendo, en el Callao, y se extendió a distritos como San Martín de Porres y Los Olivos, además de otros puntos de Lima Metropolitana.

Según la investigación, las principales víctimas fueron empresas de transporte público formal e informal, entre ellas Translima y Holding Real Express S.A. La lista de agraviados también incluyó a propietarios, choferes, cobradores y otros trabajadores del rubro. El despacho fiscal estimó que alrededor de 190 unidades vehiculares, distribuidas en distintas rutas, resultaron afectadas; entre los tramos mencionados figura la avenida Izaguirre.

Las pesquisas describieron un mecanismo de cobro basado en pagos diarios por unidad, con montos que oscilaban entre S/10 y S/40, con exigencias que en algunos casos llegaron a S/70 por día. Para sostener las presiones, los investigados habrían utilizado grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales desde donde enviaban mensajes intimidatorios dirigidos a los transportistas.

La Fiscalía sostuvo que esas comunicaciones incluyeron amenazas contra la vida, la integridad y el patrimonio de las víctimas. De acuerdo con la tesis fiscal, también incorporaron imágenes de armas de fuego y explosivos, además de advertencias orientadas a imponer miedo y asegurar el pago. En paralelo, el Ministerio Público investiga una posible vinculación de la red con atentados contra vehículos, disparos contra conductores y otros episodios de violencia que habrían tenido como finalidad reforzar el cobro de las cuotas extorsivas.

Con la ejecución de la detención preliminar, el Ministerio Público anunció que continuará con diligencias para establecer responsabilidades penales y precisar el alcance de las conductas atribuidas a los intervenidos.

Canales contra la extorsión

El Ejecutivo activó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio sin costo, confidencial y operativo las 24 horas. A través de esta vía, la población puede alertar sobre hechos de extorsión y solicitar protección policial inmediata. El sistema articula respuestas con la Central de Emergencias 105 y permite remitir elementos de prueba, como audios o videos.

• Línea 1818: canal de emergencia para denunciar extorsiones.
• Celular 942841978: número directo para reportes y avisos.
• Comisarías: sedes distritales para formalizar denuncias.
• Depincri: unidades especializadas de la Policía Nacional encargadas de las investigaciones.

La extorsión no afecta únicamente a choferes y compañías de transporte. También impacta a propietarios de negocios, como bodegas, gimnasios y otros comercios barriales, que reciben intimidaciones y exigencias de pago para seguir operando o evitar ataques. Entre las presiones figuran amenazas contra familiares, daños a locales y cobros de periodicidad semanal.