La Policía Internacional (Interpol) comunicó al Poder Judicial que eliminó de su base de datos la orden de ubicación y captura a nivel internacional contra el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. La medida está relacionada con la investigación preparatoria que afronta por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político entre los años 2008 y 2021.
Según informó RPP, la comunicación fue remitida mediante un escrito al despacho del juez Leodán Cristóbal Ayala, quien tiene a su cargo el control de la investigación que se sigue contra Cerrón Rojas por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, en agravio del Estado.
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Juez informa a las partes
Mediante una resolución emitida el 10 de agosto, el magistrado dispuso tener presente lo informado por Interpol y ordenó que dicha comunicación sea puesta en conocimiento de las partes procesales que intervienen en el proceso penal.
De acuerdo con RPP, en la misma resolución, el juez Leodán Cristóbal Ayala también concedió un recurso de apelación presentado por Vladimir Cerrón contra la decisión que modificó la medida de prisión preventiva que pesaba sobre él.
Sala penal evaluará apelación
La resolución del 31 de julio varió el mandato de prisión preventiva de 24 meses por el de comparecencia con restricciones, en cumplimiento de lo dispuesto por una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló dicha medida contra el fundador de Perú Libre.
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El recurso de apelación será remitido a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si esta instancia admite el recurso a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluar los argumentos de las partes procesales involucradas y emitir una decisión en los próximos días.
La comunicación de Interpol y la apelación forman parte de las actuaciones dentro del proceso que afronta Vladimir Cerrón por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
Destituyen a juez que anulo condenas a Vladimir Cerrón
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó al juez Alain Salas Cornejo y canceló su título como magistrado del Poder Judicial por haber anulado, mediante un proceso de hábeas corpus, las condenas penales contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. La resolución, aprobada por unanimidad, determinó que la conducta del exmagistrado “no puede considerarse casual, irrelevante y errática, sino que supuso una conducta infractora intencional”, con el único propósito de favorecer los intereses de una de las partes del proceso.
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El caso se remonta al 9 de junio de 2021, cuando Salas Cornejo, entonces titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, emitió una sentencia que declaró fundada en parte la demanda a favor de Cerrón y anuló las condenas de primera y segunda instancia que lo sentenciaban a 4 años de prisión suspendida por negociación incompatible en el caso La Oroya. Dos días después de que la prensa difundió el fallo, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió un proceso disciplinario contra el magistrado, que derivó en el pedido formal de destitución ante la JNJ.
La Junta imputó a Salas Cornejo dos cargos: haber reexaminado los medios probatorios del proceso penal en el marco de un hábeas corpus —lo que inobserva la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional (TC)— y haber dictado esa sentencia “contradiciendo los propios fundamentos de su resolución” para favorecer al procesado. El exjuez rechazó ambas imputaciones y argumentó que el propio TC resolvió en un sentido similar al suyo en marzo de 2025, cuando ese organismo declaró nulas las condenas del caso La Oroya. La JNJ desestimó ese argumento al señalar que la condena penal previa contra Salas Cornejo por prevaricato —3 años de prisión suspendida, confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en noviembre de 2025— respaldaba la imputación de las faltas disciplinarias.
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