La nota informativa de la Policía Nacional (PNP) que sustenta la intervención contra el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez (52), señala que el legislador fue denunciado por su expareja, una abogada que anteriormente lo defendió en un proceso judicial, por presunta violencia psicológica.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando agentes que realizaban patrullaje motorizado fueron alertados por una mujer que solicitó apoyo en un inmueble del distrito limeño de San Miguel.
La denunciante, de 34 años, informó a los efectivos que el parlamentario llegó a la vivienda para retirar sus pertenencias personales, luego de haber abandonado el inmueble días antes con su consentimiento, según el documento policial difundido por Willax.
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Sin embargo, la situación cambió cuando, siempre de acuerdo con la denuncia, Pérez irrumpió de forma intempestiva en el dormitorio donde ella se encontraba. La mujer relató que el legislador empezó a increparla de manera exaltada y le profirió expresiones ofensivas y calificativos denigrantes.
Añadió que la conducta de su expareja le provocó temor y afectación psicológica, por lo que decidió permanecer encerrada con cerrojo en una habitación del primer piso mientras pedía auxilio, ya que temía ser víctima de una agresión física.
Consultado por los agentes, Pérez rechazó las acusaciones y afirmó que acudió a la propiedad únicamente para recoger sus pertenencias personales. También explicó que se encontraba incómodo porque, según un acuerdo previo entre ambos, la abogada debía estar presente en la vivienda desde el 26 de julio, lo que finalmente no ocurrió.
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El parlamentario refirió además que las llamadas telefónicas que realizó tenían como único propósito entablar contacto con su hija y que su intención al presentarse en el inmueble era retirar sus objetos personales para “evitar nuevos conflictos”.
De acuerdo con esa versión, tras ello buscaba abandonar la vivienda y evitar “cualquier tipo de problemas e inconvenientes”.
La televisora entrevistó a vecinos que aseguraron haber visto al excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en la vivienda donde se produjo el arresto, un caso que ya es investigado por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
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“Las acciones fiscales, que se desarrollan en la comisaría de San Miguel, están orientadas a recabar elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos denunciados, garantizar la protección de la presunta agraviada y disponer las medidas legales que correspondan”, señaló la institución.
Sin sanción por ahora
Ernesto Zunini, vocero y secretario general de la formación, rechazó “cualquier acto de violencia” machista, aunque expresó una postura favorable hacia su correligionario.
En un enlace telefónico con Infobae, el portavoz señaló que el parlamentario de su bancada está en calidad de “intervenido” y que el caso involucraría “un hecho de violencia psicológica”, situación que “es negada por él”.
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“Nuestra posición política nos obliga a rechazar todo acto de violencia, más aún violencia contra la mujer. Pero es un hecho en desarrollo. La Fiscalía va a determinar lo que ha pasado y mientras tanto vamos a aguardar para emitir un pronunciamiento”, agregó.
“Todo acto de violencia debe ser rechazado, aunque tiene que probarse, tiene que haber certeza”, afirmó, sin precisar si el partido evalúa, por ahora, suspender al diputado.
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