Frente a un escenario marcado por el aumento de la criminalidad y la preocupación por los efectos del Fenómeno El Niño, el Gobierno de Keiko Fujimori evalúa recurrir a una herramienta constitucional que le permita acelerar la implementación de medidas. El presidente de la Cámara de Senadores, Miki Torres, informó que el Consejo de Ministros trabaja en una propuesta que será remitida al Congreso para su análisis.
El legislador señaló que la solicitud aún se encuentra en etapa de elaboración y que no cuenta con mayores detalles sobre los temas específicos que incluirá. No obstante, indicó que el Parlamento deberá revisar la iniciativa conforme a los procedimientos correspondientes y con una mirada orientada a atender los problemas urgentes del país.
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Seguridad y Fenómeno El Niño marcarían la agenda del Ejecutivo
Miki Torres destacó que la actual coyuntura nacional exige coordinación entre los poderes del Estado, principalmente por dos desafíos: el avance de la inseguridad ciudadana y la preparación ante los posibles impactos del Fenómeno El Niño.
En materia de seguridad, el Gobierno busca impulsar acciones para enfrentar la criminalidad y reducir los efectos de delitos que afectan a la ciudadanía. Mientras tanto, frente al evento climático, el Ejecutivo viene coordinando medidas de prevención y respuesta con los sectores involucrados para mitigar posibles daños en las zonas vulnerables.

Llama a la unidad en el Parlamento
El titular de la Cámara de Senadores explicó que, una vez concluido el trabajo del Consejo de Ministros, la propuesta llegará al Congreso, donde los parlamentarios deberán evaluar el alcance de las facultades solicitadas y definir si corresponde otorgarlas al Ejecutivo.
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Torres remarcó la importancia de que exista consenso dentro del Parlamento para enfrentar los problemas nacionales. “Esperemos que acá en el Congreso podamos demostrar unidad en un momento en el cual el Perú está atravesando por un momento difícil frente a la criminalidad y, por supuesto, frente a lo que será el Fenómeno El Niño”, señaló.
La eventual delegación de facultades legislativas será uno de los primeros pedidos que deberá analizar el Congreso en esta etapa, en un contexto donde el Gobierno busca contar con mayores herramientas para ejecutar medidas frente a las principales emergencias del país.

¿Por qué Keiko Fujimori pide facultades legislativas?
El gobierno de Keiko Fujimori presentó ante el Congreso de Perú un proyecto para delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante 120 días calendario en siete materias: seguridad ciudadana, micro y pequeñas empresas (Mype), empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, régimen tributario y modernización del Estado. El sustento jurídico descansa en el artículo 104 de la Constitución Política y en el artículo 90 del Reglamento del Congreso, que permiten esa delegación siempre que recaiga sobre materias específicas, por plazo determinado y sin abarcar asuntos indelegables como reforma constitucional, tratados internacionales o leyes orgánicas.
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El punto de partida es un diagnóstico de problemas estructurales que la propia exposición de motivos del proyecto describe como urgentes. La tasa de homicidios llegó a 10,7 por cada 100.000 habitantes en 2025, frente al 7,4 registrado en 2019, y las denuncias por extorsión superaron las 27.000 ese año. En el plano económico, la informalidad laboral afecta al 70,2% de la población ocupada, las brechas de infraestructura superan los USD 110.000 millones y el sistema penitenciario alberga a 103.757 personas en 69 establecimientos con capacidad para 41.764. Ante ese escenario, el Ejecutivo sostiene que la vía legislativa ordinaria no ofrece la velocidad que exigen reformas de alta complejidad técnica y multisectorial.

Las reformas planteadas apuntan a transformar ese cuadro desde varios frentes. En seguridad, el proyecto propone modificar la legislación penal y procesal, reorganizar el sistema penitenciario y habilitar la participación temporal de las Fuerzas Armadas en apoyo a los penales. En materia económica, contempla un régimen tributario y laboral progresivo para que la formalización de las Mype sea una trayectoria gradual y no un salto abrupto de costos, junto con una plataforma digital unificada de trámites denominada “Licencia 0”. El paquete incluye también la derogación de la Ley 31143 sobre topes a tasas de interés, ajustes regulatorios en minería, hidrocarburos, energía e infraestructura, y la racionalización de los 16 feriados nacionales, a los que el documento atribuye un impacto negativo sobre la productividad y el crecimiento.
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