La detención de Julian Pérez Malki, diputado del partido Juntos Por el Perú y representante de la región Cusco, ha puesto en foco la vigencia de la inmunidad parlamentaria en casos de delitos comunes. El legislador fue arrestado la mañana de este jueves 30 de julio por presunta agresión física contra una mujer. Según información oficial, permanece bajo custodia mientras la policía y el Ministerio Público realizan diligencias urgentes.
El contexto del arresto y los antecedentes
De acuerdo con datos difundidos por el propio Congreso y su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, Pérez ya había enfrentado procesos judiciales vinculados a un accidente de tránsito en 2024 en la provincia de La Convención, Cusco. Además, registra investigaciones abiertas por violencia familiar y otras causas. La reiteración de antecedentes ha suscitado interrogantes sobre el riesgo procesal y las consecuencias legales que podría enfrentar.
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El abogado penalista y constitucionalista Roberto Pereira explicó en una entrevista a Canal N que la detención del legislador se produjo en un contexto de flagrancia. “Él habría sido detenido en una situación de flagrancia. Esto ya por sí mismo contiene todos los elementos para poder investigar. Es decir, no se necesita una denuncia, simplemente la policía lo detiene en esa situación y las investigaciones continúan”, detalló Pereira.
¿Sigue vigente la inmunidad parlamentaria para delitos comunes?
La detención de un diputado en funciones suele abrir el debate sobre la protección legal que otorga la inmunidad parlamentaria. Según el especialista, desde 2021 la Constitución peruana, en su artículo 93, fue modificada para excluir la inmunidad de arresto y procesamiento para delitos comunes. “Esto es un delito común, por lo tanto, el parlamentario no tiene ningún tipo de protección constitucional ni de permiso previo del Congreso para que las investigaciones continúen”, puntualizó Pereira.
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El proceso penal seguirá su curso bajo una particularidad: “La única situación distinta que tiene un congresista que comete un delito común es que lo va a juzgar la Corte Suprema y el Fiscal Supremo. Es decir, la investigación y el juzgamiento son competencia de la Fiscalía Suprema y de la Corte Suprema, respectivamente”. El abogado recalcó que no se requiere ningún trámite especial ante el Congreso de la República para una detención preliminar en estos casos.
¿Qué medidas cautelares podrían dictarse?
La flagrancia permite que la detención se extienda hasta por 48 horas, aunque el fiscal podría solicitar al juez una ampliación hasta siete días si considera que se requieren más diligencias o que existe peligro de fuga. Pereira agregó: “Estos antecedentes de reiteración de comisión delictiva y de incumplimiento de mandatos sí podrían tener un efecto para la valoración del riesgo procesal que representa esta persona en este caso concreto”.
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En cuanto a la posibilidad de desafuero, el abogado puntualizó que no es necesario iniciar este procedimiento para delitos comunes. “El Congreso podrá también tomar sus decisiones sancionadoras, que podrían incluso llegar hasta el desafuero del congresista. Pero no son procedimientos interdependientes: lo penal seguirá con las reglas comunes y el Congreso podrá activar mecanismos internos según lo que considere”, añadió.
La denuncia apunta a violencia contra la mujer, un delito que la legislación peruana sanciona con especial gravedad, sobre todo cuando ocurre en el entorno familiar. Pereira explicó que, dependiendo de los hechos, podrían imputarse lesiones físicas, psíquicas o incluso tentativa de feminicidio si se demostrara una intención directa de causar un daño mayor. En estos casos, la protección a la víctima se activa de inmediato, incluyendo asistencia psicológica y medidas de alejamiento.
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