Reporteros Sin Fronteras pide a Keiko Fujimori medidas urgentes para proteger a periodistas en Perú: “La impunidad se ha normalizado”

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a la presidenta Keiko Fujimori adoptar medidas urgentes para frenar el deterioro de la libertad de prensa en Perú, en un contexto marcado por asesinatos de periodistas, amenazas, procesos judiciales y restricciones al trabajo informativo. El organismo internacional señaló que el país atraviesa uno de los momentos más críticos para el ejercicio periodístico en las últimas décadas.

El pronunciamiento de RSF ocurre luego de que la mandataria asumiera el cargo el 28 de julio, con un escenario complejo para los medios de comunicación. Según la organización, Perú ocupa el puesto 144 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa y 2025 fue considerado el año más letal para la prensa peruana en casi tres décadas, debido al asesinato de cuatro periodistas cuyos casos aún no han sido esclarecidos completamente.

RSF alerta por asesinatos de periodistas y ataques que continúan en 2026

En su informe, Reporteros Sin Fronteras recordó los crímenes contra Gastón Medina Sotomayor, Raúl Celis López, Juan Fernando Núñez Guevara y Mitzar Castillejos Tenazoa, cuatro periodistas asesinados durante 2025. La organización indicó que las investigaciones no han permitido identificar a todos los responsables ni determinar con claridad los móviles de estos ataques, manteniendo los casos en un escenario de impunidad.

RSF señaló que la violencia contra periodistas no se detuvo durante 2026. Entre los casos recientes mencionó el ataque contra el periodista Julio Aquise, cuya vivienda fue blanco del lanzamiento de un artefacto explosivo luego de que difundiera información sobre presuntos actos de corrupción policial en el medio En Directo JA.

También reportó la amenaza recibida por Kevin Rodríguez, periodista de las emisoras Otorongo News y La Voz de la Selva, quien encontró en su domicilio un sobre con dos balas y un mensaje intimidatorio tras investigar el presunto uso irregular de recursos públicos municipales.

Para la organización internacional, estos hechos muestran que los periodistas que realizan investigaciones sobre autoridades, seguridad pública o posibles actos de corrupción continúan enfrentando riesgos. RSF pidió que el nuevo gobierno implemente medidas concretas para garantizar condiciones seguras para el trabajo de la prensa.

“Keiko Fujimori hereda un país donde la impunidad y las presiones contra el periodismo se han normalizado”, afirmó Artur Romeu, director de RSF América Latina. Agregó que una de las primeras pruebas para la nueva administración será garantizar justicia en los casos de periodistas asesinados, proteger la confidencialidad de las fuentes y resguardar los archivos periodísticos.

El organismo también cuestionó el incremento de medidas que, según su análisis, afectan la labor de fiscalización de los medios. Entre ellas mencionó restricciones para el acceso de periodistas a espacios públicos, investigaciones contra comunicadores y normas que incrementan el control sobre organizaciones independientes.

Restricciones, procesos judiciales y nuevas normas preocupan a organismos internacionales

RSF presentó una cronología de hechos que, según la organización, evidencian un deterioro progresivo de las garantías para informar en el país. Uno de los episodios señalados ocurrió el 24 de febrero, cuando periodistas fueron impedidos de ingresar a Palacio de Gobierno durante una ceremonia de juramentación ministerial.

Meses después, el 26 de julio, comunicadores tampoco pudieron acceder al hemiciclo del Senado durante la elección de su primera Mesa Directiva. La cobertura tuvo que realizarse únicamente mediante la transmisión oficial del Congreso, una situación que RSF consideró una limitación para el trabajo independiente de los medios.

Otro punto cuestionado fue la aplicación de la Ley 32301, norma que regula a organizaciones independientes que reciben financiamiento internacional. RSF indicó que esta legislación establece obligaciones de registro, inspecciones administrativas, sanciones y restricciones que podrían afectar a medios y organizaciones periodísticas.

La organización también mencionó el caso del periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, quien enfrenta cuestionamientos fiscales y acciones administrativas relacionadas con su trabajo periodístico. Para RSF, este caso forma parte de un patrón de presión contra periodistas que investigan corrupción y asuntos vinculados a funcionarios públicos.

Además, recordó la denuncia penal presentada contra la periodista Claudia Cisneros, del medio Wayka, por comentarios publicados en sus redes sociales sobre la transparencia del proceso electoral.

El pronunciamiento también incluyó la reciente decisión del Tribunal Constitucional que ordenó retirar tres publicaciones del diario El Comercio correspondientes a 2014. RSF advirtió que este tipo de decisiones podría abrir la puerta a nuevas solicitudes para eliminar contenidos periodísticos relacionados con temas de interés público.

Entre sus recomendaciones al Ejecutivo, Congreso y Ministerio Público, RSF planteó crear un mecanismo especializado de protección para periodistas, publicar avances verificables sobre las investigaciones de los asesinatos ocurridos en 2025, garantizar el acceso de la prensa al Congreso y Palacio de Gobierno, y evitar el uso de procesos penales o administrativos como herramientas de intimidación.

La organización también pidió modificar la Ley 32301, proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas y asegurar que las agresiones cometidas contra periodistas por agentes del Estado sean investigadas por la justicia ordinaria y no por tribunales militares o policiales.