La presidenta Keiko Fujimori dejó este jueves abierta la posibilidad de realizar cambios en la Policía Nacional (PNP) y señaló que esperará la evaluación del ministro del Interior, César Astudillo, antes de definir la situación de Óscar Arriola, jefe de la institución.
En diálogo con la prensa, la mandataria indicó que la continuidad del alto mando policial corresponde al titular del sector, aunque recordó que existe una normativa que establece un periodo de permanencia para determinados cargos.
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“Eso es algo que tiene que tomar la decisión el ministro (Astudillo). Entiendo también que hay una ley que garantiza años de función. Entonces, yo prefiero esperar un par de días antes que él me dé su opinión al respecto”, declaró.
La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) explicó que los nuevos integrantes de su gabinete están revisando la conformación de sus equipos y tienen la facultad de plantear relevos en sus áreas de confianza.

“Esos decisiones de cambios, que entiendo que los nuevos ministros están evaluando, están en todo el derecho de proponer a su personal de confianza, los viceministros y a su personal técnico”, manifestó.
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Destacó, seguidamente, la labor de las Fuerzas Armadas y la PNP durante el desfile por las celebraciones patrias, instituciones que, afirmó, ahora enfrentan el reto de combatir amenazas como la delincuencia organizada.
“Quiero ratificar lo que vengo haciendo desde hace muchos años: saludar la labor noble, valiente y leal de todas las Fuerzas Armadas y Policía que lograron la paz derrotando al terrorismo. Y hoy enfrentamos un nuevo reto, que es enfrentar la criminalidad, el narcotráfico, la minería ilegal”, añadió.
Arriola asumió el cargo en septiembre de 2025, luego de que el Poder Judicial suspendiera por 18 meses a su antecesor, Víctor Zanabria, investigado por el presunto uso de jóvenes policías en trabajos de albañilería.
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Denuncia en su contra
Solo días atrás, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Harvey Colchado, presentó una denuncia disciplinaria en su contra y pidió iniciar un procedimiento por presuntas faltas muy graves, tipificadas como MG-44 y MG-50.

Según la Ley del Régimen Disciplinario de la PNP, la primera infracción sanciona “contravenir deliberadamente procedimientos o protocolos del servicio policial”, mientras que la segunda castiga el “abuso de funciones que afecte la libertad personal, el patrimonio u otros bienes jurídicos protegidos por la ley”.
La denuncia se sustenta en declaraciones que Arriola brindó en 2025, en las que reveló la existencia de una presunta investigación policial contra Colchado y otros agentes, y afirmó que se buscaba “un fiscal con el cual trabajar”, hechos que el ahora diputado considera constituyen infracciones muy graves.
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Colchado, coronel en retiro especializado en investigaciones de corrupción en las más altas esferas del poder, sostuvo que existen elementos suficientes que, “prima facie”, evidenciarían la presunta comisión de dichas infracciones.
En ese sentido, solicitó la separación temporal del jefe policial mientras dure la investigación disciplinaria, así como la incorporación de los medios probatorios, la toma de declaraciones y el requerimiento de información y documentación institucional.
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