
El ministro de Trabajo, Flavio Cruz, sumó este jueves sus críticas a la Policía Nacional (PNP) por la fallida captura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la orden de prisión preventiva dictada en su contra.
Durante una entrevista con Willax, el también congresista de Perú Libre defendió la decisión del máximo intérprete de la Constitución, que declaró fundada una demanda de habeas corpus, con lo cual Cerrón puede salir de la clandestinidad, pese a que las autoridades peruanas nunca lograron detenerlo.
Cruz rechazó que el político haya sido un prófugo de la justicia y sostuvo que, según su interpretación jurídica, esa condición solo corresponde a quien cuenta con una sentencia firme y evade a las autoridades. “En este caso, el profesor Cerrón no tenía ninguna sentencia”, afirmó.
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Consultado sobre por qué la PNP nunca logró capturarlo pese a que existía una recompensa por información sobre su paradero, el integrante del gabinete respondió con ironía antes de cuestionar el trabajo de la institución. “Hay que preguntarle a la policía”, respondió inicialmente. “Pero ahí estuvo el señor Cerrón. No sabemos dónde, pero ahí está para que lo capturen. ¿El hecho de que no me capturen es responsabilidad mía?”, dijo.

Más adelante insistió en esa idea entre risas. “Ahí estuvo Vladimir Cerrón para que lo capturen, para que lo tengan. ¿Eso es tarea de quién? Del Estado. (...) Pero imagínese, ahí está Vladimir Cerrón para que lo detenga y no lo hicieron”, señaló.
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Asimismo, sostuvo que el Estado tiene el “monopolio de la fuerza” y, por tanto, no corresponde responsabilizar a Perú Libre por la falta de captura. “Quieren sustraer, lavarse la mano y decir: ‘Ya, no se pudo y ahí queda’”, manifestó.
A continuación, negó que Cerrón haya influido en su designación como ministro y aseguró que fue convocado únicamente por el presidente interino, José María Balcázar. “Me llamó, me consultó (...) No sé si habrá hablado (con el líder de Perú Libre para ese nombramiento)”, admitió.
En una sentencia publicada días atrás, el Constitucional dispuso que el Poder Judicial imponga a Cerrón medidas menos restrictivas que garanticen su presencia en los procesos por presunta corrupción que afronta por su gestión como gobernador regional de Junín entre 2011 y 2014.
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El político tenía pendiente una orden de prisión preventiva de veinticuatro meses por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, una red que cobraba sobornos para emitir licencias de conducir en Junín.

En 2025, ya había logrado que la Corte Suprema de Justicia anulara la sentencia de tres años y seis meses por el delito de colusión simple en el caso ‘Aeródromo Wanka’, que investigó las presuntas irregularidades en el contrato de construcción del terminal aéreo en la provincia de Concepción.
En los últimos años, que correspondieron al gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), destituido por el fallido intento de golpe de Estado, y de su sucesora Dina Boluarte (2022-2025), Cerrón se mantuvo en la clandestinidad e incluso hubo una investigación por su supuesta fuga en un auto de la Presidencia de la República hacia una localidad al sur de Lima.
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Pese a figurar entre los prófugos más buscados por la PNP, nunca fue capturado e incluso, desde la clandestinidad, intentó postular a la Presidencia en las últimas elecciones, ganadas por Keiko Fujimori.
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