“Si te encausan indebidamente, tienes que escaparte”: Defensor del Pueblo respalda fuga de Vladimir Cerrón

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, defendió este miércoles la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que declaró nula la orden de prisión preventiva dictada contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de quien fue abogado años atrás.

En diálogo con RPP, el funcionario aseguró que el proceso judicial contra Cerrón estuvo viciado desde el inicio y consideró que la resolución del máximo intérprete de la Constitución estuvo “estrictamente ajustada a la ley”.

“Soy muy respetuoso de las sentencias. Podemos hacer un análisis crítico, abordar los temas jurídicos que encierra todo este esquema y toda esta decisión”, señaló.

El máximo tribunal de garantías declaró fundada la demanda presentada por el político, quien desde hace más de tres años permanece en la clandestinidad, prófugo de la justicia y con paradero desconocido, sin que hasta el momento las autoridades peruanas hayan logrado detenerlo.

En la sentencia publicada, el TC dispuso que el sistema judicial imponga a Cerrón medidas menos restrictivas que garanticen su presencia en los procesos por presunta corrupción que afronta por su gestión como gobernador regional de Junín entre 2011 y 2014.

El líder de Perú Libre tenía vigente una orden de prisión preventiva por 24 meses por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro, una presunta red que cobraba sobornos para emitir licencias de conducir en Junín.

Según el defensor del Pueblo, la conducta del exgobernador regional cambió a raíz de un proceso que, a su juicio, nunca debió iniciarse.

“Si el señor sabía que nunca debieron haberle hecho un proceso, desconfía de la acción de la justicia (...) Si la imputación de un tipo penal no lo es y te encausan indebidamente y te sentencian con pena efectiva solo para perseguirte, tienes que escaparte, porque estás sufriendo una persecución”, afirmó.

En 2025, Cerrón ya había conseguido que la Corte Suprema anulara la condena de tres años y seis meses de prisión por el delito de colusión simple en el caso ‘Aeródromo Wanka’, que investigó presuntas irregularidades en el contrato para la construcción del terminal aéreo en la provincia de Concepción.

Durante los gobiernos de Pedro Castillo, destituido tras su fallido intento de golpe de Estado en 2022, y de Dina Boluarte (2022-2025), permaneció en la clandestinidad e incluso surgió una investigación por su presunta fuga en un vehículo de la Presidencia de la República hacia una localidad ubicada al sur de Lima.

A pesar de figurar en la lista de los prófugos más buscados por la Policía Nacional (PNP), nunca se logró ubicar su paradero y, desde la clandestinidad, intentó postular a la Presidencia en los últimos comicios, que ganó Keiko Fujimori.