
Freddy Solano no va más como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo luego de presentar su renuncia por el escándalo de haber presentado presuntamente un certificado laboral falso. La gestión de Solano se extendió durante 41 días, tiempo en el que evitó declaraciones públicas directas sobre el caso, delegando su defensa a sus abogados y dejando interrogantes sobre los mecanismos de control en el acceso a cargos públicos.
Según las revelaciones de Cuarto Poder, el escándalo se originó al conocerse de una supuesta falsificación de documentos usados por Solano para acceder a cargos estatales clave, como la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y, posteriormente, el Ministerio de Trabajo.
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Documentos oficiales obtenidos por el medio sugieren que Solano habría utilizado hasta seis certificados irregulares para alcanzar estos puestos, conducta que, de confirmarse, constituye un delito sancionable con prisión.
Cronología del caso
Junio de 2024: Se conoce sobre la presunta falseada de documentación en la empresa Service JCU S.R.L. El gerente Carlos Ubillus Urbina habría señalado que ni el logo, ni la firma ni el membrete corresponden a su empresa.
Ubillus ratifica a Cuarto Poder que nunca empleó a Solano y que el documento no es auténtico. “Todo está en el papel”, menciona.
Octubre de 2023: A partir del certificado cuestionado, Solano es contratado como superintendente nacional de SUNAFIL, cargo para el cual se requiere una experiencia profesional específica. Según explicó el experto en contrataciones estatales José Antonio Trelles, el documento era clave para acreditar los años mínimos exigidos de jefatura en una empresa privada.
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Septiembre de 2024 – marzo de 2025: Tras su paso por SUNAFIL, Solano asume cargos directivos en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, además de la presidencia del directorio de Corpac y, posteriormente, la gerencia general de PromPerú. En estos puestos, recibe remuneraciones mensuales de entre 15.000 y 25.000 soles.
29 de mayo de 2026: El presidente José María Balcázar nombra a Solano como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Su llegada al gabinete ocurre mientras se mantiene vigente la investigación interna sobre los certificados laborales presentados para acceder a cargos anteriores.
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Un año después de la advertencia de Ubillus, el Ministerio de Trabajo conforma una comisión ad hoc para investigar la denuncia contra Solano. La comisión está integrada por altos funcionarios del ministerio, incluyendo los viceministros de Promoción y Empleo y de Trabajo, así como la jefa de Recursos Humanos.
25 de junio de 2026: El secretario general del Ministerio de Trabajo –mano derecha del ministro– emite un informe que declara la prescripción de la potestad administrativa disciplinaria y ordena el archivo definitivo del caso. El documento recomienda el cierre del procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra Solano, aun cuando existen “elementos probatorios razonables” que apuntan a la falsedad del certificado laboral.
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Tras la emisión del informe y mientras la comisión encargada del caso pasa a estar bajo la supervisión directa de Solano, se produce el cierre oficial de la investigación interna. Según el análisis de Trelles, “este caso es gravísimo porque evidencia las potenciales injerencias que pudiera haber tenido el titular de la entidad, ya sea en la demora de la actuación administrativa o en la decisión final de la prescripción”.
El 8 de julio, el nuevo abogado del entonces titular, Elio Riera, rechazó las acusaciones sobre la supuesta falsificación del certificado laboral. Riera advirtió que se estaría afectando la reputación de personas implicadas y ratificó que, en su opinión, Solano sí trabajó para la empresa señalada.
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“Estamos lesionando el honor y reputación de una persona”, sostuvo el abogado, según mencionó.
Por su parte, la Contraloría General de la República inició un proceso de recopilación de información para investigar el presunto uso de un certificado laboral falso por parte de Freddy Solano, lo que habría facilitado su designación en al menos seis cargos públicos.
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