El Poder Judicial ordenó a la Fiscalía concluir la investigación preliminar contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley por un supuesto soborno que habría recibido cuando se desempañaba como magistrado de la Corte Superior de Piura.
El magistrado es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico, a raíz de la supuesta recepción de un soborno de 80 mil soles en 2014, a cambio de supuestamente confirmar la absolución de un procesado por tráfico ilícito de drogas.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundada la solicitud de control de plazo presentada por la defensa legal de Checkley. Según la resolución a la que accedió Infobae, las sucesivas ampliaciones de tiempo dispuestas por la Fiscalía carecían de sustento normativo y ocasionaron una prolongación irrazonable de la investigación.
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La investigación preliminar comenzó en abril de 2022 con un plazo estipulado de 8 meses, al ser considerada compleja. Sin embargo, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos emitió disposiciones posteriores para extenderla, incluyendo una última prórroga de 120 días dictada en febrero de 2026. Este diario dio cuenta de esta situación en un informe publicado a inicios de este mes.
Ahora, el Juzgado argumenta que el Código Procesal Penal no contempla la posibilidad de ampliar el plazo de las diligencias preliminares a diferencia de la investigación preparatoria formalizada, por lo que su límite máximo era de 8 meses.
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La Fiscalía Suprema deberá decidir si pide al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, autorización para formalizar la investigación preparatoria o archiva el caso. De darse esto último, sería la segunda vez que el Ministerio Público desestima este caso.
Cabe precisar que el fallo establece que la culminación de los plazos se dicta “sin perjuicio del cumplimiento de los mandatos judiciales que ordenen actos de investigación”. Ello debido a que se autorizó recientemente el levantamiento del secreto de las comunicaciones del juez Juan Carlos Checkley por este caso.
Checkley se opuso al levantamiento
El magistrado Checkley se opuso a la medida, aunque no por razones de fondo. Su defensa no cuestionó el acceso a sus registros telefónicos de hace más de una década, sino que argumentó que el plazo de las diligencias preliminares venció en agosto de 2023 y que la ampliación de 120 días ordenada por la fiscalía carecería de respaldo legal. También alegó que recuperar el historial de llamadas de 2014 sería una diligencia sin utilidad práctica dado el tiempo transcurrido.
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El juzgado desestimó ambos argumentos. Señaló que la legalidad del plazo debe ventilarse por la vía del control de plazos, no en el trámite de un requerimiento fiscal. Y respecto a la utilidad, el tribunal consideró que la medida es idónea, necesaria y proporcional, dado que existen declaraciones de colaboradores eficaces y testigos protegidos que respaldarían la tesis de la fiscalía.
Con la resolución se ordenó a las operadoras de telefonía entregar el historial de llamadas, mensajes y geolocalización de Checkley correspondiente al período comprendido entre el 6 de febrero y el 20 de agosto de 2014, fechas en las que se habría producido la presunta concertación del soborno.
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