La Defensoría del Pueblo intensificó su intervención en el caso del adolescente de 17 años que falleció luego de permanecer retenido en la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac. La institución demandó que las investigaciones avancen con celeridad, objetividad e imparcialidad para esclarecer las circunstancias en las que el menor perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia del Estado, un hecho que ha generado una fuerte conmoción y múltiples cuestionamientos sobre el procedimiento policial.
Como parte de las acciones de seguimiento, representantes de la sede Lima Sur se reunieron con los padres del adolescente, quienes reiteraron sus denuncias sobre presuntos malos tratos, aparentes actos crueles e inhumanos y posibles hechos de corrupción durante la permanencia de su hijo en la dependencia policial. La entidad también confirmó que mantendrá un monitoreo permanente hasta que se determinen todas las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
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Defensoría del Pueblo solicita transparencia y revisión de todos los protocolos aplicados en la comisarí

Durante el encuentro con los familiares, la Defensoría del Pueblo escuchó sus testimonios y recogió las preocupaciones relacionadas con el fallecimiento del menor, reafirmando su compromiso de velar porque el proceso se desarrolle con absoluta transparencia.
Como parte de la supervisión iniciada tras conocerse el caso, la institución requirió formalmente a la Policía Nacional del Perú información detallada sobre las condiciones en las que el adolescente permaneció bajo custodia.
Entre los documentos solicitados figuran los registros de detenidos y de ocurrencias, la identificación de los efectivos responsables de su vigilancia, los protocolos implementados para proteger su integridad física, las acciones adoptadas frente a las lesiones que presentaba, los procedimientos de emergencia y traslado, así como las grabaciones de videovigilancia correspondientes a los días en que estuvo retenido.
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Además, la Defensoría reiteró su pedido para que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín desarrolle una investigación célere, exhaustiva, objetiva e imparcial que permita reconstruir los hechos y establecer cómo ocurrió la muerte del adolescente mientras permanecía en la comisaría de Manchay.
La institución también solicitó a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú iniciar una investigación profunda en el ámbito administrativo disciplinario para determinar posibles responsabilidades funcionales y verificar si se cumplieron los protocolos establecidos para la custodia de personas menores de edad.
Asimismo, informó que ha requerido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses los resultados de la necropsia y a la Policía Nacional información sobre las medidas adoptadas por la Inspectoría General en el marco de este caso.
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Familia denuncia presuntos malos tratos y caso ya motivó la separación temporal de seis policías

La intervención de la Defensoría ocurre mientras continúan las investigaciones sobre un caso que ha generado amplio debate público. Según la versión de los padres, el adolescente fue intervenido tras una denuncia por un presunto robo y permaneció cerca de 48 horas en la comisaría sin que recibieran información clara sobre su situación.
Los familiares sostienen que el menor les comunicó que estaba siendo víctima de agresiones y denunciaron que habría permanecido en una carceleta, pese a tratarse de un adolescente. Además, afirmaron que presentaba golpes y que su ropa estaba rota cuando lograron verlo.
Otra de las denuncias formuladas por los padres apunta a presuntos pedidos de dinero por parte de efectivos policiales para favorecer la liberación del menor. Según su testimonio, uno de los agentes les habría solicitado S/2.000, mientras que otro incluso pidió un pollo a la brasa. Estas acusaciones forman parte de las diligencias que actualmente son evaluadas por las autoridades.
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La familia también cuestiona la actuación policial después de que el adolescente fuera hallado inconsciente dentro de la dependencia. De acuerdo con su versión, existieron demoras para trasladarlo a un establecimiento de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.
Tras la difusión del caso, el ministro del Interior informó la separación temporal de seis efectivos de la comisaría de Manchay: tres oficiales, incluido el comisario, y tres suboficiales. La medida busca evitar cualquier interferencia en las investigaciones penales y administrativas que se encuentran en desarrollo.
La Defensoría del Pueblo recordó que representantes de la institución acudieron a la comisaría el pasado 15 de junio para supervisar el ambiente donde el adolescente permaneció retenido antes de ser encontrado en estado crítico. La visita tuvo como finalidad verificar el respeto de sus derechos fundamentales y determinar la posible existencia de actos de tortura, malos tratos o cualquier otra vulneración.
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La entidad aseguró que continuará desarrollando acciones de supervisión y seguimiento permanente, monitoreando el avance de las investigaciones fiscales y administrativas para que se establezcan todas las responsabilidades y se garantice el derecho a la verdad y la justicia en un caso que involucra la muerte de un menor de edad bajo custodia estatal.
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