Defensoría y ACNUR amplían atención legal para refugiados en Lima y Tumbes

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado, en el marco del Día del Mundial del Refugiado, en el que ratificó su compromiso con la dignidad humana y exhortó al Estado a fortalecer las políticas públicas para solicitantes de refugio y personas refugiadas. En el pronunciamiento, la entidad pidió garantizar protección, inclusión y acceso pleno a derechos, y erradicar cualquier forma de discriminación, xenofobia o estigmatización.

Además, informó que desde finales de abril del presente año, y en alianza estratégica con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), brinda orientaciones legales y atiende casos de personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado e integrantes de la comunidad de acogida en cinco puntos de Lima Metropolitana.

Los centros quedan ubicados en San Juan de Lurigancho (centro pastoral San José, calle La Coralinas mz. L6, lote 7, urb. Las Flores de Lima); Cercado de Lima (jr. Hernán Velarde, urb. Santa Beatriz, a espaldas del Banco de la Nación de la av. 28 de Julio); Chorrillos (parroquia Cristo Misionero del Padre, calle San Rodolfo s/n, Urb. Villa Marina); San Martín de Porres (mz. D, lote 22, urb. Residencial); y Pueblo Libre (jr. General Clovis 745).

En la misma comunicación, la Defensoría precisó que, en la zona de frontera con Ecuador, implementó un módulo de atención defensorial en la localidad fronteriza de Aguas Verdes, en Tumbes, localizado en calle Alemania Mz. B1, Lote 2 y 3, asentamiento humano Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla.

El comunicado también consignó cifras sobre la magnitud de las solicitudes. Al 31 de diciembre de 2025, el país recibió más de 597 393 solicitudes de refugio; hasta el mismo periodo de 2024, 6,788 personas habían obtenido el estatus de refugiado en el país. De otro lado, de acuerdo con ACNUR, el Perú es el segundo país que acoge a más personas forzadas a huir de Venezuela, con más de 1,66 millones hasta mayo de 2025.

En ese sentido, la Defensoría recordó que el efectivo debido proceso en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado es una garantía fundamental que asegura el derecho a la vida, a la integridad y el principio de no devolución, en el marco de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Asimismo, indicó que la protección internacional que se concede a la persona refugiada conlleva el derecho fundamental a la unidad familiar.

“La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso en favor de la protección de los solicitantes de refugio y personas refugiadas en el Perú, población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad y que requiere de un esfuerzo articulado entre el Estado y la sociedad civil, en conjunto, conforme al mandato constitucional que establece que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, se lee en el comunicado que publicó la entidad en su página web.