
La noche del 14 de junio, la comisaría de Manchay, ubicada en el distrito de Pachacámac, fue escenario de un suceso que ha generado impacto en la opinión pública.
Un adolescente de 17 años, detenido tras ser acusado por dos personas de ingresar a viviendas ajenas, fue hallado sin vida en las instalaciones policiales. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el adolescente fue encontrado suspendido de un punto de apoyo en la celda. El personal médico de un centro de salud cercano confirmó el deceso tras el traslado.
La noticia se propagó rápidamente y puso en el centro del debate la actuación policial. La familia del menor denunció presuntos maltratos físicos y falta de comunicación por parte de las autoridades durante el tiempo en que el adolescente permaneció bajo custodia.
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Relataron que, al acudir a la dependencia, escucharon gritos y percibieron señales de violencia. El padre indicó que observó a los agentes sacar a su hijo inconsciente, presentando signos de posible agresión, con la ropa rota y el rostro hinchado.
De acuerdo con la versión policial, la detención se originó luego de que agentes de Serenazgo y policías trasladaran al menor por el presunto delito de hurto agravado.
El parte oficial sostiene que el adolescente habría intentado quitarse la vida utilizando un hilo extraído de su capucha, versión que es rechazada por los familiares, quienes mantienen que hubo irregularidades y negligencia. Según la PNP, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento.
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La comunidad exige claridad en los procedimientos realizados y el respeto a los derechos humanos durante la detención. Esta situación puso en evidencia la importancia de la vigilancia ciudadana y el acompañamiento legal en situaciones de privación de libertad.
Mininter garantiza proceso transparente
Ante la controversia generada, el Ministerio del Interior (Mininter) comunicó que el titular del sector, José Zapata Morante, se reunió con los padres del menor para expresar su compromiso con una investigación objetiva y transparente. El Mininter aseguró que todas las diligencias se realizarán con respeto al debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.
La Inspectoría General de la Policía Nacional abrió una investigación administrativa disciplinaria para evaluar el accionar de los efectivos involucrados. Paralelamente, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín inició una indagación por el presunto delito de homicidio en agravio del adolescente.
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Entre las medidas adoptadas figuran el levantamiento del cadáver por parte del Depincri de La Molina, la recolección de declaraciones de los familiares y la revisión de las imágenes captadas por cámaras de seguridad.
El Ministerio Público también determinó que las diligencias incluyan el análisis de registros audiovisuales y testimonios que permitan esclarecer lo sucedido. Desde el Mininter se destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para brindar apoyo psicológico y acompañamiento a la familia del menor.
Las autoridades reafirmaron su política de tolerancia cero frente a cualquier conducta policial que vulnere la ley o los derechos humanos. El Mininter enfatizó su compromiso con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos, mientras la sociedad permanece a la expectativa del resultado de las investigaciones.
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